Por El Economista (México)
Apple enfrenta demandas por parte de consumidores de Francia, Estados Unidos e Israel, por presuntas prácticas de obsolescencia programada, luego de aceptar públicamente que reduce artificialmente el desempeño de algunos modelos del iPhone. A grandes rasgos, la obsolescencia programada es una estrategia de diseño industrial que orilla a los clientes a actualizar sus productos -eufemismo para "comprar el nuevo modelo"- antes de lo necesario. La Ley de Energía de Transición en vigor en Francia desde el 2015 fue la primera regulación en el mundo en contra de la obsolescencia programada. Si Apple fuera encontrada culpable, pagaría una multa de 300,000 euros que podría incrementarse hasta 5% del volumen de negocios de la empresa.
La compañía con sede en Cupertino, California, aceptó a finales de diciembre que ralentizaba el desempeño de los procesadores del iPhone en sus modelos 6, 6s, SE y 7, luego de que John Poole, desarrollador de la empresa Primate Labs, encontrara que el procesador del iPhone reducía su desempeño artificialmente y no por desgaste. Poole creó una aplicación que mide el desempeño de los procesadores de los smartphones de Apple; al correrla en los iPhones que mostraban un funcionamiento lento y/o que se reiniciaban sin motivo aparente, descubrió que el hardware estaba en buenas condiciones, por lo que concluyó que la causa de la ralentización de los equipos se encontraba en el software.
Voceros de Apple, ante la evidencia, argumentaron que reducían el desempeño de los procesadores con software, vía las actualizaciones del sistema, con la finalidad de aumentar la vida útil de la batería de ion litio. Los reinicios súbitos, explicaron, se debían a una instrucción también del software al procesador para proteger los componentes del iPhone cuando éstos eran requeridos por procesos de alta demanda que no podían ser completados debido al bajo desempeño de la batería.
Desde el 28 de diciembre, Apple ofrece una reducción en el costo del cambio de batería de 50 dólares. El costo previo era de 79 dólares, y la generosa acción de la firma llevó el costo a los 29 dólares. Aparejada a este gesto, vino también la promesa de hacer transparentes las actualizaciones del iOS, es decir, de informar si es que van a ponerle arañas inmovilizadoras o no al auto.
Las acciones paliativas de la empresa de la manzana no convencieron a los consumidores en Israel, que presentaron una demanda judicial colectiva contra Apple por 125 millones de dólares. Parte de la denuncia presentada por los demandantes argumenta que los consumidores debieron ser informados de que las actualizaciones del sistema harían más lento al iPhone, y que los problemas de bajo desempeño podían ser resueltos con una nueva batería.
Y es en la batería donde inicia el problema, que toca ahora a las autoridades de tres países determinar si es o no una práctica de obsolescencia programada.
El iPhone está armado con tornillos de seguridad patentados por Apple. Se requiere de herramientas especializadas -traducción: difíciles de conseguir y de alto costo- para poder abrir los dispositivos, lo que en los hechos los hace a prueba de manipulaciones por parte de quien adquiere un iPhone. Para el movimiento Maker, que han formado un frente contra las prácticas de obsolescencia programada de las grandes corporaciones, si el consumidor no puede reparar el artículo que compró, entonces no es su propietario real. El cambio de batería del iPhone es difícil por el diseño que Apple empleó en sus smartphones. Los consumidores, ante todas estas dificultades y la falta de información, se ven orillados a comprar un nuevo dispositivo.
Un iPhone X tiene un precio de 999 dólares. El cambio de batería, hasta antes de la generosa compensación de Apple, tenía un costo de 79 dólares. Una vez que el dispositivo presenta fallas, las estrategias de Apple conducen a los consumidores a compar una nueva unidad, en vez de cambiar una batería que representa 7.9% del precio.
Las acciones de Apple, trasladadas al ejemplo del automóvil con el que abre esta nota, implican que una vez que éste presenta fallas en el acumulador, que tiene un costo promedio de 2,000 pesos, el consumidor deberá comprar una nueva unidad, con un costo de 200,000 pesos, dado que el cambio de la fuente de energía eléctrica se ve imposibilitado desde fábrica, y a la estrategia de la armadora para resolverlo, que implica inmovilizar al auto. Al parecer, la obviedad no es el fuerte de Apple.
Apple enfrenta demandas por parte de consumidores de Francia, Estados Unidos e Israel, por presuntas prácticas de obsolescencia programada, luego de aceptar públicamente que reduce artificialmente el desempeño de algunos modelos del iPhone. A grandes rasgos, la obsolescencia programada es una estrategia de diseño industrial que orilla a los clientes a actualizar sus productos -eufemismo para "comprar el nuevo modelo"- antes de lo necesario. La Ley de Energía de Transición en vigor en Francia desde el 2015 fue la primera regulación en el mundo en contra de la obsolescencia programada. Si Apple fuera encontrada culpable, pagaría una multa de 300,000 euros que podría incrementarse hasta 5% del volumen de negocios de la empresa.
La compañía con sede en Cupertino, California, aceptó a finales de diciembre que ralentizaba el desempeño de los procesadores del iPhone en sus modelos 6, 6s, SE y 7, luego de que John Poole, desarrollador de la empresa Primate Labs, encontrara que el procesador del iPhone reducía su desempeño artificialmente y no por desgaste. Poole creó una aplicación que mide el desempeño de los procesadores de los smartphones de Apple; al correrla en los iPhones que mostraban un funcionamiento lento y/o que se reiniciaban sin motivo aparente, descubrió que el hardware estaba en buenas condiciones, por lo que concluyó que la causa de la ralentización de los equipos se encontraba en el software.
Voceros de Apple, ante la evidencia, argumentaron que reducían el desempeño de los procesadores con software, vía las actualizaciones del sistema, con la finalidad de aumentar la vida útil de la batería de ion litio. Los reinicios súbitos, explicaron, se debían a una instrucción también del software al procesador para proteger los componentes del iPhone cuando éstos eran requeridos por procesos de alta demanda que no podían ser completados debido al bajo desempeño de la batería.
Desde el 28 de diciembre, Apple ofrece una reducción en el costo del cambio de batería de 50 dólares. El costo previo era de 79 dólares, y la generosa acción de la firma llevó el costo a los 29 dólares. Aparejada a este gesto, vino también la promesa de hacer transparentes las actualizaciones del iOS, es decir, de informar si es que van a ponerle arañas inmovilizadoras o no al auto.
Las acciones paliativas de la empresa de la manzana no convencieron a los consumidores en Israel, que presentaron una demanda judicial colectiva contra Apple por 125 millones de dólares. Parte de la denuncia presentada por los demandantes argumenta que los consumidores debieron ser informados de que las actualizaciones del sistema harían más lento al iPhone, y que los problemas de bajo desempeño podían ser resueltos con una nueva batería.
Y es en la batería donde inicia el problema, que toca ahora a las autoridades de tres países determinar si es o no una práctica de obsolescencia programada.
El iPhone está armado con tornillos de seguridad patentados por Apple. Se requiere de herramientas especializadas -traducción: difíciles de conseguir y de alto costo- para poder abrir los dispositivos, lo que en los hechos los hace a prueba de manipulaciones por parte de quien adquiere un iPhone. Para el movimiento Maker, que han formado un frente contra las prácticas de obsolescencia programada de las grandes corporaciones, si el consumidor no puede reparar el artículo que compró, entonces no es su propietario real. El cambio de batería del iPhone es difícil por el diseño que Apple empleó en sus smartphones. Los consumidores, ante todas estas dificultades y la falta de información, se ven orillados a comprar un nuevo dispositivo.
Un iPhone X tiene un precio de 999 dólares. El cambio de batería, hasta antes de la generosa compensación de Apple, tenía un costo de 79 dólares. Una vez que el dispositivo presenta fallas, las estrategias de Apple conducen a los consumidores a compar una nueva unidad, en vez de cambiar una batería que representa 7.9% del precio.
Las acciones de Apple, trasladadas al ejemplo del automóvil con el que abre esta nota, implican que una vez que éste presenta fallas en el acumulador, que tiene un costo promedio de 2,000 pesos, el consumidor deberá comprar una nueva unidad, con un costo de 200,000 pesos, dado que el cambio de la fuente de energía eléctrica se ve imposibilitado desde fábrica, y a la estrategia de la armadora para resolverlo, que implica inmovilizar al auto. Al parecer, la obviedad no es el fuerte de Apple.
