La semana pasada asistí, en Lima, a un evento en el que institutos de investigación de las Américas analizaron las perspectivas para la formalización de la informalidad.
Ambas experiencias han resultado para mí un aggiornamento enriquecedor en una cuestión que es realidad y desafío para más de 125 millones de trabajadoras y trabajadores en América Latina.
A mediados de los 80s y de los 90s tuve ocasión de trabajar con dos gurúes de la informalidad en América Latina: mi compatriota Hernando de Soto y el economista argentino Víctor Tokman. Ambos analizando el mismo fenómeno promovieron soluciones diversas y, algunas, complementarias para incorporar la energía emprendedora y la laboriosidad de millones de ciudadanos de la Patria Grande a los esfuerzos por construir crecimiento económico que contribuya con un desarrollo que merezca el calificativo de humano.
El ángulo de la informalidad que más me ha interesado es en qué medida la informalidad contribuye a mejorar la gobernabilidad de las democracias de los países al sur del río Grande. El año pasado participamos en la publicación "Economía informal: democracia a medias", que aspira a suministrar insumos para un diálogo impostergable en El Salvador.
En qué medida, según los datos de un estudio que hemos realizado -entre el 2010 y 2011- en Centroamérica y República Dominicana, casi 10 millones de personas con un empleo informal contribuyen a consolidar las democracias en las que viven. Sin lugar a dudas contribuyen con la paz pues no han optado por la violencia para conseguir medios de vida para ellos y sus familias; sin embargo en qué medida estas personas que no pueden hacer efectivos sus derechos laborales fundamentales ni tienen acceso a la seguridad social, para mencionar sólo dos de sus déficits, ponen a prueba las democracias en las que viven y que no se reducen a meras liturgias electorales para ser tales.
En 2006 me tocó participar en la construcción de la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente que la OIT ofreció a sus constituyentes en las Américas para promover un Década que alentara la generación de dicho tipo de trabajo en nuestros países. Entre las áreas donde se sugería intervenir estaba la progresiva formalización de la economía informal.
Hoy me parece claro que hay que hacer un esfuerzo especial para que se garantice la vigencia de las leyes laborales nacionales en el sector informal de la economía de nuestros países. Los Estados deben poner en ello tanto o más vigor que el que se usa para el cumplimiento tributario. En una democracia, los derechos de los trabajadores deben ser una realidad y no meras declaraciones sin impacto en la vida real: ello contribuye con la gobernabilidad democrática.
Esta convicción no me hace dejar de ver en la economía informal una realidad multidimensional y heterogénea que necesita un mix de medidas económicas, sociales y jurídicas para contribuir con su formalización; sin embargo si algo debe ser priorizado en este campo es la defensa de la dignidad de las personas que buscan en la informalidad los ingresos para que ellos y sus familias puedan sobrevivir y, de ser posible, progresar (…) aunque la evidencia indica que esto último es sólo factible para una minoría.
* Director de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana
