Centroamérica & Mundo

Narcotráfico y antiimperialismo en América Latina

'Más allá de la retórica, y por cuestiones ideológicas ha sido difícil dar pasos significativos en el ataque de este flagelo. La desconfianza entre los países y el nacionalismo imperante dificultan la creación de mecanismos de inteligencia continentales o regionales o la coordinación entre los ya existentes', afirma el politólogo Carlos Malamud

2014-05-08

Por: Carlos Malamud *

La noticia en sí es contundente: ante el avance del narcotráfico el gobierno argentino ha vuelto a firmar acuerdos con la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. La información da cuenta del fracaso de la estrategia antinarcóticos tanto en Argentina como en aquellos países de la región que intentaron desarrollar una política autónoma, al margen de la DEA y del gobierno de Washington, al considerar que caso contrario se subordinaban a los Estados Unidos (EE.UU), su tradicional enemigo.

El discurso dominante en América Latina en el pasado, independientemente de la extracción política o ideológica de su emisor, era un relato maniqueo que dividía al mundo en productores y consumidores. Mientras los primeros estaban en los países en vías de desarrollo, los segundos pertenecían a las sociedades desarrolladas.

De ese modo, el flagelo del narcotráfico sólo afectaba a EE.UU y los países europeos, los únicos concernidos por el problema.

Con el tiempo, el narcotráfico se convirtió en un negocio global de muy difícil combate. La gangrena del crimen organizado y sus consecuencias, comenzando por el lavado de dinero, la intensificación del consumo y la corrupción, se extendió por las sociedades latinoamericanas.

La consolidación de algunos liderazgos populistas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela tornó más complicada la relación con la DEA. En 2005 Hugo Chávez anunció su expulsión de Venezuela. En 2009 Rafael Correa ordenó el cierre de la base de Manta, gestionada por EE.UU, una de cuyas principales tareas era el control regional del narcotráfico. Al año siguiente, y bajo el paraguas de Unasur, se constituyó en Quito el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico (CSLCN).

La expulsión de embajadores de EE.UU solía ir acompañada de soflamas contra la injerencia norteamericana en la vida de sus países. Si bien la política de "certificación" de Washington del esfuerzo latinoamericano en el combate contra el narcotráfico no facilitaba la relación, la dinámica iniciada con la expulsión de la DEA sólo impulsó el comercio de drogas y sus secuelas en buena parte de la región.

La extensión de cultivos de coca en Bolivia al amparo de la protección gubernamental a los cocaleros fue sólo un aspecto de una coyuntura mucho más complicada. Los éxitos del Plan Colombia llevaron a los carteles andinos a una acción transfronteriza y regional, comenzando por Venezuela y Ecuador y acabando en Argentina.

En México, el incremento en el volumen de la droga traficada hacia EE.UU y la división territorial del negocio llevó a un enfrentamiento de bandas y a una brutal espiral de violencia. La respuesta de los gobiernos mexicanos fue variada, como muestra la guerra total declarada a los carteles durante el sexenio de Felipe Calderón.

En Bolivia, la DEA fue expulsada en 2008 y si bien en 2011 la relación bilateral con Washington comenzó a mejorar, Evo Morales fue tajante al señalar que la agencia antidroga no volvería a su país por una cuestión de "dignidad y soberanía".

En noviembre del mismo año, el vicepresidente álvaro García Linera afirmó que la lucha antinarcóticos sería desarrollada por organismos bolivianos con recursos propios, al tiempo que se buscaría la cooperación de países latinoamericanos mediante "un mecanismo de inteligencia continental".

Es precisamente en este punto donde encontramos algunas de las limitaciones latinoamericanas en el combate al narcotráfico. Cuando se creó el CSLCN, el ministro de Interior ecuatoriano Gustavo Jalkh dijo a sus pares regionales: "Todos somos conscientes de la gravedad del problema de las drogas y de la necesidad de que establezcamos políticas comunes para luchar contra el flagelo del narcotráfico".

Sin embargo, más allá de la retórica, ha sido difícil dar pasos significativos en este sentido. La lucha por el control de las favelas en Rio de Janeiro entre la policía militarizada y las bandas de narcos a pocas semanas del inicio del Campeonato Mundial de fútbol es un buen reflejo de esta situación.

Posteriormente el CSLCN devino en el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, como si el cambio de denominación pudiera ayudar a encontrar las respuestas adecuadas. Pese a las buenas palabras sobre la importancia del Consejo, su labor como la de la mayor parte de otros organismos similares surgidos en la órbita de Unasur, apenas se ha caracterizado por resultados concretos. La desconfianza entre los países y el nacionalismo imperante dificultan la creación de mecanismos de inteligencia continentales o regionales o la coordinación entre los ya existentes.

Por lo general los gobiernos suelen carecer de medios humanos y técnicos para afrontar un combate de esta magnitud y su aislamiento respecto a otras agencias de inteligencia o antinarcóticos de la UE y EE.UU repercuten negativamente en los resultados.

Dada la falta de medios, no suelen incluir el tráfico de estupefacientes entre sus prioridades al diseñar las políticas públicas de sus administraciones. A esto se añaden grandes diferencias en lo relativo al combate del narcotráfico: con la policía o con el ejército, con o sin ayuda externa (ya sea la DEA u otras agencias), con mayor o menor represión, papel de la educación y de la sanidad, diferencias entre drogas, etc.

Recientemente los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ricardo Lagos y Ernesto Zedillo han planteado la despenalización del consumo de algunas drogas, fundamentalmente la marihuana.

Es una cuestión controvertida y de difícil solución. Pero hasta encontrar alguna respuesta regional o global, los gobiernos latinoamericanos deberán seguir combatiendo al narcotráfico y garantizando la protección de sus ciudadanos, algo que no todos hacen de forma eficaz.

Es aquí, precisamente, donde las limitaciones regionales se hacen más evidentes. El giro de 180° dado por Cristina Fernández en Argentina desde la práctica congelación de la relación con la DEA hasta los cambios actuales, son buena prueba del desconcierto reinante y de la necesidad de respuestas claras, adecuadas a la magnitud del desafío y respetuosas de la legalidad vigente.

  • Catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España e Investigador Principal para América Latina y la Comunidad Iberoamericana del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
  • Artículo publicado originalmente en Infolatam
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