El pasado domingo, en el marco de una jornada lluviosa y ajetreada, los guatemaltecos nos dirigimos a las urnas para elegir a nuestros próximos gobernantes. De una papeleta con 19 aspirantes (de los 24 iniciales), Sandra Torres y Alejandro Giammattei fueron los finalistas de esta primera ronda. En agosto definiremos quién de ellos dos será nuestro presidente.
Sin embargo, tan solo tres días antes de las elecciones generales, 48 por ciento de los guatemaltecos no estaban seguros de su voto. Con un panorama político tan desalentador, con pobre liderazgo y falta de propuestas contundentes, tal incertidumbre no sorprende. A mi parecer, la razón principal de esta indecisión fue la aplicación de las recientes reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Reformas que, aunque eran bien intencionadas, no llenaron las expectativas.
Estas elecciones estuvieron caracterizadas por una constante manipulación y aplicación arbitraria de la persecución judicial. Fueron cuatro meses bastante movidos en los que pareció ser que, semana tras semana, uno de los aspirantes a la presidencia se iba quedando atrás. Es cuestionable el hecho que hubo varios candidatos con casos abiertos que se les permitió participar, mientras que hubo otros contra quienes se inventaron razones jurídicas para vedarlos. Preocupa también el surgimiento de partidos políticos con fuertes vínculos con el narcotráfico u otras acciones delictivas, como el hurto de energía.
Otros factores que afectaron la temporada electoral fueron el poco tiempo para hacer campaña, el techo de gastos reducido y el hecho que el 100 por ciento de la pauta publicitaria de los partidos políticos debía ser adquirida por el TSE. Estas medidas parecen un tanto extremas, pero el colmo fueron las ocho vallas publicitarias por partido. Cada partido debió gastar $0.46 por ciudadano, lo cual contrasta fuertemente con los $17.88 que gastan los partidos políticos en Estados Unidos.
Por otro lado, nuestras expectativas en cuanto al Congreso eran altas. Los guatemaltecos queríamos limpiar nuestro Organismo Legislativo. Organizaciones civiles, como Primero Guatemala y Guatemala Visible, incluso presentaron ante las Cortes recursos legales en los que 150 de los aspirantes al Congreso eran señalados por diferentes anomalías. Tales acciones aún están pendientes de ser resueltas, aunque preliminarmente solo entraron al Congreso cinco de los contratistas señalados. También es de aplaudir que el domingo los guatemaltecos elegimos un Congreso casi renovado, en el que 110 diputados de los 160, serán nuevos. Sin embargo, en todo esto, aún está pendiente la reforma que nos permita votar por nuestros diputados de manera unipersonal, y no por medio de listados arbitrarios. Este mecanismo nos limita de sobremanera el derecho a elegir nuestros representantes.
A diferencia de hace cuatro años, este 2019 hubo una caída en la participación en las urnas. Este año, a pesar de que el TSE reportó un incremento de cerca de 600 mil ciudadanos en el padrón electoral, acudimos 700 mil votantes menos que en 2015. Muchos guatemaltecos pensamos que las reformas a la LEPP acabarían con la participación de candidatos no idóneos y/o cuestionables, o los eternos abusos que nuestra democracia ha sufrido a lo largo de los años. Ese no fue el caso. Sin duda hay bastante por mejorar en la LEPP. Este proceso electoral nos dejó bastantes lecciones sobre su aplicación y espero que nuestros próximos gobernantes hagan el esfuerzo por llevar a cabo las reformas que esta ley necesita. Solo queda esperar que la decisión que tomemos en segunda vuelta sea lo mejor para nuestra nación
