Honduras ha tardado casi un mes en conocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. 30 días de pesadilla en los que el recuento ha recordado antiguas épocas que han vuelto a hacerse presentes. Se ha asistido a acusaciones de fraude, sospechosos apagones informáticos, disturbios, toque de queda y a un fuerte desprestigio de sus instituciones (y no solo las electorales). Los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dan como vencedor al actual presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, del Parido Nacional -conservador-, que se ha impuesto de forma muy ajustada a Salvador Nasralla, líder de la Alianza Opositora (por tan solo 1,5 puntos: 42,9 vs 41,4). Unos resultados que no solo no despejan incógnitas sino que además lanzan serias dudas sobre la futura gobernabilidad y estabilidad del país: Nasralla llegó a decir que si el organismo electoral proclamaba ganador a Hernández, el país se volvería 'ingobernable'.
Estas elecciones han profundizado, en primer lugar, el ambiente de polarización y crispación existente desde la crisis de 2009. Y en segundo lugar, han puesto en evidencia, de nuevo, el deficiente funcionamiento de las instituciones que deben velar por el correcto funcionamiento de la democracia. Ya en 2015-16 una polémica interpretación jurídica de la Corte Suprema de Justicia, muy cercana al gobierno, permitió incumplir la Constitución (que impedía la reelección), allanando el camino para la continuidad de Hernández. Ahora, en 2017, la lentitud y opacidad del TSE han incrementado las sospechas sobre una posible adulteración de los resultados.
La misma noche electoral se transformó en una foto de esa crispación y desconfianza hacia las instituciones. Los dos candidatos se declararon vencedores y los partidarios de Nasralla se lanzaron a las calles para festejar la victoria antes de que se pronunciara el TSE. Los primeros resultados oficiales y la posterior marcha del recuento solo consiguieron echar más leña al fuego. Los observadores de la Unión Europea y la OEA no dudaron en lanzar críticas a un TSE por dejar "espacios para las dudas e incertidumbres".
La consolidación de una cultura política de la crispación
El país vive, desde hace ocho años, en una nueva etapa de su historia política marcada por la preeminencia del Partido Nacional. Y desde 2013 por el liderazgo de Juan Orlando Hernández, quien se ha convertido en el primer mandatario hondureño en buscar la reelección desde el regreso de la democracia en 1981. Una hegemonía que se da en un contexto de alta polarización y crispación, convertidos en elementos constitutivos de la cultura política hondureña desde la crisis institucional de 2009.
Si entre 1981 y 2009 el Partido Liberal fue el que más años gobernó -20 de esos 28 años- desde 2009 el Partido Nacional ha logrado enlazar tres victorias electorales seguidas (2009, 2013 y 2017) construyendo así una nueva hegemonía. Una preeminencia que esconde un progresivo deterioro de los partidos tradicionales (el Nacional y el Liberal) que hasta 2009 conquistaban en torno al 90% de los votos y que ahora no llegan al 60%.
Estas elecciones han ahondado, por lo tanto, la fractura que divide al país. A la dicotomía zelayismo vs antizelayismo de 2009 y 2013 se ha unido ahora la división entre partidarios de Hernández y sus detractores. Estos rechazan el estilo de gobierno y su intención continuista lo que les llevó a unirse en la Alianza Opositora contra la Dictadura (por primera vez una coalición se presentaba a las presidenciales en este caso reuniendo el liderazgo carismático de Nasralla con dos fuerzas de izquierda, Libre del expresidente Manuel Zelaya y PINU-SD).
Las elecciones hondureñas en el contexto latinoamericano
Estas elecciones hondureñas, como las de Chile, han puesto sobre la mesa algunas de las características de los procesos electorales que va a vivir la región en 2018 y 2019.
En primer lugar, la mayoría de las citas en las urnas acaban por transformarse en un voto de castigo a los gobiernos: en Chile Alejandro Guillier obtuvo la peor votación para un oficialismo desde 1989 y en Honduras más del 57% votó contra la reelección de Hernández.
En segundo lugar, la polarización se está convirtiendo en un sello distintivo de los comicios latinoamericanos. Las victorias ajustadas, por menos de dos puntos, son tónica dominante (salvo en Nicaragua): han tenido lugar en Argentina en 2015, en Perú en 2016 y en 2017 en Ecuador y Honduras.
En tercer lugar, los triunfos de Sebastián Piñera en Chile y de Hernández en Honduras refuerzan el giro al centroderecha que experimenta una región en la que también se producen victorias de la izquierda- (en Nicaragua en 2016 y en Ecuador en 2017).
En cuarto lugar, convive la crisis de los partidos tradicionales (el Partido Liberal Hondureño se ha hundido hasta el 14% -su peor resultado desde 1981) con la aparición de fuerzas emergentes en forma de coaliciones electorales (Alianza Opositora en Honduras, Por México al Frente, Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, coalición PLRA-Frente Guasú en Paraguay o Cambiemos en Argentina) para desafiar a los partidos hegemónicos.
En quinto lugar, la corrupción (junto con la inseguridad y la economía) se alza como el tema en torno al cual van a girar las campañas electorales. Esa fue una de las banderas de Salvador Nasralla en 2013, cuando fundó el Partido Anti Corrupción, y ahora lo ha sido ya en la Alianza.
En sexto lugar, la tendencia hacia la reelección sigue siendo una constante regional: tras reelección de Daniel Ortega en 2016, se han producido la de Sebastián Piñera en Chile y la de Hernández en Honduras. En 2018 y 2019 muy posiblemente se verán nuevos intentos de continuismo (Nicolás Maduro, Evo Morales, Mauricio Macri) o de regreso al poder (Lula da Silva).
Y en séptimo lugar, el "ejemplo Trump" está llegando a una región que asiste a la aparición de candidatos ajenos a los partidos tradicionales, como Nasralla que provienen de un entorno mediático; que portan un mensaje polarizador y demagógico de fuerte crítica al sistema político y de partidos; y que tienen como principal argumento el combate a la corrupción de la clase política tradicional.
Conclusiones
Las elecciones presidenciales de 2017 dejan una Honduras aún más fracturada y con la institucionalidad y gobernabilidad dañadas. De nuevo, como en 2009, el país se halla inmerso en una grave crisis política que desnuda su histórica y crónica debilidad institucional, los altos niveles de corrupción y la falta de un árbitro electoral respetado por todas las fuerzas políticas, competente, independiente e imparcial.
Se ha asistido primero (entre 2015 y 2016) a una manipulación de las leyes e instituciones con el único objetivo de mantener en el poder al actual mandatario. Se trata de una muestra más, como en la Nicaragua de Daniel Ortega, del alto grado de captura y cooptación sobre unas instituciones. En 2017 las elecciones no solo no han servido para mejorar tal panorama sino todo lo contrario: las fuertes demoras e irregularidades en el escrutinio han levantado fortísimas sospechas de fraude. Y la revisión posterior de actas y recuento de votos no ha generado ni certeza jurídica ni credibilidad política.
Los comicios hondureños demuestran que en las elecciones "lo que cuenta es la cuenta del que cuenta" y no basta una jornada electoral tranquila para considerar válida la cita ante las urnas. Es imprescindible también un proceso electoral justo y equilibrado; un escrutinio y transmisión de resultados transparente; y un poder electoral imparcial. De hecho, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha propuesto la repetición de los comicios y la Misión de Observadores de este organismo ha denunciado que hubo "intromisiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales", apertura de urnas e "improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento", lo cual conduce a dudar del resultado.
De cara al futuro, esta grave crisis política que vive Honduras muestra la urgencia de acometer un amplio proceso de diálogo político dirigido a poner en marcha una profunda reforma política-institucional que incluya, entre otras medidas, cambios en las reglas electorales y un nuevo TSE profesional, despolitizado y despartidizado.
* Director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional
