El crecimiento económico fue el factor central detrás de las notables conquistas sociales y económicas de la región en los últimos diez años, período en el que América Latina redujo la pobreza extrema a la mitad, recortó la desigualdad de manera significativa y amplió considerablemente su clase media. Pero ya no disfrutamos de las condiciones que permitieron todo esto. La caída en los precios de las materias primas y la desaceleración de economías clave como China golpearon duro a la región.
Hoy en día el panorama es muy distinto, por lo que es imprescindible que reconstruyamos las bases para una recuperación económica. La infraestructura se destaca como uno de los principales facilitadores a la hora de mejorar la productividad e impulsar de manera sostenible los motores de crecimiento domésticos.
Queda claro que América Latina y el Caribe no posee la infraestructura que necesita o merece y las conquistas de los últimos diez años hacen que este contraste sea aún más evidente. Los caminos de baja calidad alejan a las personas de los puestos de trabajo y aumentan los costos tanto de los pequeños productores agrícolas como de los exportadores, minando su capacidad de competir. Más de 100 millones de personas, casi una quinta parte de la población, carece de acceso a saneamiento mejorado, mientras que dos tercios de las aguas residuales no son tratadas, propagando enfermedades y degradando nuestros ríos. Solo en 2012, esto hizo que los latinoamericanos perdieran un total combinado de 900.000 años de vida a causa de discapacidad, mala salud o muerte.
Al mismo tiempo, buena parte de nuestra infraestructura no está preparada para acontecimientos como la rápida urbanización, o para enfrentar los eventos climáticos extremos asociados con el cambio climático, que resultan en la trágica pérdida de vidas y enormes costos de reconstrucción. Las recientes inundaciones en Perú y Colombia causaron la muerte de más de 300 personas, arrasaron más de 3000 km de carreteras y casi 300 puentes solo en Perú, aislando a decenas de pueblos. Los pobres y vulnerables sufren la peor parte de estos trastornos. También son los primeros en sufrir cuando la infraestructura simplemente no existe, no teniendo otra opción que recurrir a alternativas costosas como camiones de agua y generadores eléctricos.
Históricamente, la región intentó resolver estas cuestiones buscando recursos adicionales. Hace mucho que se habla de la falta de inversión en infraestructura -la diferencia entre lo que tenemos y lo que se necesita-, que se estima en unos US$180.000 millones por año. Sin embargo, esta cifra oculta una realidad compleja y que varía a lo largo de la región. Si bien la región en su conjunto invierte menos del 3 % de su PIB en infraestructura, comparado con más de 7 % en Asia oriental, algunos países invierten más de 4 %. Asimismo, no es realista pensar en aumentos significativos de la inversión pública bajo el actual contexto fiscal restrictivo.
Dos nuevos informes del Banco Mundial señalan que, en lugar de gastar más, podríamos hacer mucho gastando mejor y aprovechando plenamente el potencial del sector privado. La discusión debe pasar de cuánto financiamiento necesita la región y cómo obtenerlo, a qué necesita hacerse realmente y cuál es la manera más eficiente de lograrlo.
Solucionar estas ineficiencias demandará iniciativas a nivel sectorial así como otras más sistémicas, incluyendo una respuesta a la falta de capacidad institucional para planeamiento, a la incertidumbre normativa, así como a cuestiones de presupuestación e implementación.
Un gasto más eficiente traería consigo enormes beneficios. En el caso del sector energético, donde las pérdidas por transmisión y distribución son elevadas, la región necesitaría US$23.000 millones para mantener el ritmo de inversión del pasado. Los costos se reducirían como mínimo a la mitadbajo un enfoque a favor de la eficiencia, la resistencia ante el clima y las energías renovables.
Teniendo en cuanta las actuales limitaciones en cuanto a recursos públicos, la movilización del sector privado es una necesidad. Los recursos públicos solo deberían utilizarse cuando el financiamiento privado no es una opción. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) deben ser parte de la solución. Si bien tradicionalmente se las ha visto como un complemento oportuno a la inversión pública, su principal contribución debería ser el logro de una mayor eficiencia y calidad en los servicios públicos. Ya son casi veinte los países de la región que cuentan con legislación para las APP. De todas maneras, para evitar los errores del pasado, cualquier reforma tendiente a incorporar el financiamiento privado debe diseñarse de tal forma que tome en cuenta consideraciones sociales.
Las nuevas circunstancias económicas en torno a América Latina y el Caribe requieren de un nuevo enfoque respecto a la infraestructura, uno que libere su capacidad de servir como motor de crecimiento. Los medios para lograrlo están a nuestro alcance y el momento de hacerlo es ahora.
* Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
