Por La Prensa Gráfica
El expresidente de la República Mauricio Funes enfrentará este día la audiencia preparatoria por el posible cometimiento de enriquecimiento ilícito, luego de que la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador decidió admitir la demanda que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR).
La audiencia de este día tiene como objetivo que tanto la parte acusadora como la defensa presenten las pruebas de cargo y descargo. El proceso contra el expresidente, la ex primera dama de la República Vanda Pignato y Diego Roberto Funes, hijo del exjefe de Estado, inició cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia informó a la Corte en pleno que Mauricio Funes y su grupo familiar no podían justificar la obtención de $728,329.74.
Tras la presentación de la declaraciones patrimoniales de toma y cese de funciones del expresidente, la Sección de Probidad encontró que los $728,329.74 como incremento al patrimonio del primer presidente del FMLN no coincidían con los ingresos que habría percibido durante su gestión.
En ese sentido, cuando el informe con los hallazgos fue enviado a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, nueve de los 15 magistrados votaron para que el caso pasara a una cámara y se iniciara juicio civil en contra de Mauricio Funes.
El informe a la cámara fue enviado el 12 de febrero para que posteriormente se notificara a la Fiscalía General de la República (FGR) y esta presentara una acusación formal por el posible cometimiento de enriquecimiento ilícito de Funes, quien gobernó el país entre el 1.º de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014.
Los hallazgos de Probidad
La Sección de Probidad de la CSJ determinó que con las declaraciones presentadas por Mauricio Funes se evidenciaba que -durante sus cinco años de gestión presidencial- logró pagar deudas por un valor de $221,124, pero también ahorrar $150,323.31.
También la Sección de Probidad determinó que no se justificó cómo el hijo del expresidente Diego Roberto Funes Cañas compró vehículos por un total de $118,600. Ante eso, la CSJ estableció entre sus conclusiones que el expresidente Funes y su grupo familiar adquirieron vehículos sin retirar dinero de sus cuentas bancarias, que pagaron deudas por $221,124 sin sacar dicha cantidad de sus cuentas en diferentes bancos, que gastaban más de lo que ganaban y que curiosamente reportaron ingresos de una empresa que no generó ganancias.
Cabe mencionar que al proceso que desarrollará este día la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador no es necesario que comparezcan los imputados. Pueden hacerlo sus representantes legales.
El asilo exprés de Funes
Mauricio Funes actualmente se encuentra asilado en Nicaragua, donde originalmente dijo que no buscaba ese beneficio y que solo hacía una consultoría. Sin embargo, el 1.º de septiembre pidió asilo político al gobierno de Daniel Ortega y este fue otorgado de forma exprés en menos de 24 horas.
El exmandatario aseguró que la petición de asilo fue porque tiene fundadas razones que le llevan a pensar que sectores de la extrema derecha salvadoreña están planeando atentar contra su integridad física, y rechazó que buscara evadir el juicio civil.
Sin embargo, argumentos de Funes han sido rechazados por diversos sectores que han señalado que hay doble moral de su parte. Esto porque durante su gestión argumentó que el que un funcionario estuviera siendo procesado por enriquecimiento ilícito no podía considerarse persecución política.
Las críticas hacia el exmandatario se dan porque su retiro del país a través del asilo político, a recomendación del partido FMLN como ambos lo han reconocido públicamente, se da en momentos en que la Fiscalía también lo investiga por al menos cinco delitos de corrupción: peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
El expresidente de la República Mauricio Funes enfrentará este día la audiencia preparatoria por el posible cometimiento de enriquecimiento ilícito, luego de que la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador decidió admitir la demanda que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR).
La audiencia de este día tiene como objetivo que tanto la parte acusadora como la defensa presenten las pruebas de cargo y descargo. El proceso contra el expresidente, la ex primera dama de la República Vanda Pignato y Diego Roberto Funes, hijo del exjefe de Estado, inició cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia informó a la Corte en pleno que Mauricio Funes y su grupo familiar no podían justificar la obtención de $728,329.74.
Tras la presentación de la declaraciones patrimoniales de toma y cese de funciones del expresidente, la Sección de Probidad encontró que los $728,329.74 como incremento al patrimonio del primer presidente del FMLN no coincidían con los ingresos que habría percibido durante su gestión.
En ese sentido, cuando el informe con los hallazgos fue enviado a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, nueve de los 15 magistrados votaron para que el caso pasara a una cámara y se iniciara juicio civil en contra de Mauricio Funes.
El informe a la cámara fue enviado el 12 de febrero para que posteriormente se notificara a la Fiscalía General de la República (FGR) y esta presentara una acusación formal por el posible cometimiento de enriquecimiento ilícito de Funes, quien gobernó el país entre el 1.º de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014.
Los hallazgos de Probidad
La Sección de Probidad de la CSJ determinó que con las declaraciones presentadas por Mauricio Funes se evidenciaba que -durante sus cinco años de gestión presidencial- logró pagar deudas por un valor de $221,124, pero también ahorrar $150,323.31.
También la Sección de Probidad determinó que no se justificó cómo el hijo del expresidente Diego Roberto Funes Cañas compró vehículos por un total de $118,600. Ante eso, la CSJ estableció entre sus conclusiones que el expresidente Funes y su grupo familiar adquirieron vehículos sin retirar dinero de sus cuentas bancarias, que pagaron deudas por $221,124 sin sacar dicha cantidad de sus cuentas en diferentes bancos, que gastaban más de lo que ganaban y que curiosamente reportaron ingresos de una empresa que no generó ganancias.
Cabe mencionar que al proceso que desarrollará este día la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador no es necesario que comparezcan los imputados. Pueden hacerlo sus representantes legales.
El asilo exprés de Funes
Mauricio Funes actualmente se encuentra asilado en Nicaragua, donde originalmente dijo que no buscaba ese beneficio y que solo hacía una consultoría. Sin embargo, el 1.º de septiembre pidió asilo político al gobierno de Daniel Ortega y este fue otorgado de forma exprés en menos de 24 horas.
El exmandatario aseguró que la petición de asilo fue porque tiene fundadas razones que le llevan a pensar que sectores de la extrema derecha salvadoreña están planeando atentar contra su integridad física, y rechazó que buscara evadir el juicio civil.
Sin embargo, argumentos de Funes han sido rechazados por diversos sectores que han señalado que hay doble moral de su parte. Esto porque durante su gestión argumentó que el que un funcionario estuviera siendo procesado por enriquecimiento ilícito no podía considerarse persecución política.
Las críticas hacia el exmandatario se dan porque su retiro del país a través del asilo político, a recomendación del partido FMLN como ambos lo han reconocido públicamente, se da en momentos en que la Fiscalía también lo investiga por al menos cinco delitos de corrupción: peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
