La acción, que movilizó a 560 efectivos, 'se basa en diez casos revelados al examinar las razones de los déficits multimillonarios presentados por los fondos de pensión. De los diez casos, ocho están vinculados a inversiones realizadas de forma temeraria o fraudulenta', señaló la fuerza en un comunicado.
Los investigados deberán responder a sospechas de 'gestión temeraria o fraudulenta y otros delitos contra el sistema financiero', agregó.
Un juzgado de Brasilia ordenó la detención temporaria de siete personas y la instrucción de 106 mandatos de búsqueda y aprehensión de documentos y 34 de conducción coercitiva de personas para declarar ante las autoridades.
Fueron incautados o bloqueados 90 inmuebles, 139 automóviles, una aeronave y valores en cuentas bancarias, así como acciones y títulos pertenecientes a 103 personas y empresas, detalló por su parte la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios) que fiscaliza el mercado bursátil brasileño.
Las pesquisas se realizaron en Brasilia (centro-oeste), Sao Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo (sudeste), Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina (sur) y Amazonas (norte).
El caso busca desentrañar la forma en que fueron administrados los fondos de seguridad social de empleados de entidades públicas como FUNCEF (del banco Caixa Económica Federal), PETROS (de la petrolera Petrobras), PREVI (del Banco do Brasil) y POSTALIS (del correo).
El grueso de la investigación indaga operaciones en los llamados FIPs (Fondos de Inversión en Participaciones), que son esquemas cerrados de adquisición de acciones, bonos y derivados, limitados a inversores calificados como instituciones financieras o aseguradoras.
La Policía dijo haber identificado la actuación de empresarios, funcionarios de fondos estatales, de firmas encargadas de avalar activos y de gestores de FIPs.
En los últimos dos años fueron revelados numerosos escándalos de corrupción en el Estado brasileño, encabezados por la 'Operación Lava Jato' (lavadero de autos) que reveló una monumental red de desvíos de dinero público hacia partidos políticos, que costó más de US$2.000 millones en pérdidas a Petrobras.
