Adolfo Fernando Peña Pérez, ex presidente de Banrural; Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, ex gerente del Banco G&T Continental; y Juan Abner Fonseca Galicia, exgerente de negocios de Banrural, fueron enviados a juicio durante la audiencia por el caso de Cooptación del Estado.
Los ex banqueros están involucrados en el sonado caso de Cooptación del Estado, una maraña desenredada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, donde los principales señalados son el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La investigación abarca el financiamiento ilícito en la campaña de 2011, cuando alcanzaron el poder los exmandatarios; defraudación fiscal y cobro de comisiones para adjudicar contratos millonarios entre el Estado y empresas privadas.
El juez Miguel ángel Gálvez consideró que existen suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrenten juicios. El mandato se dio tras 27 días de que iniciara la audiencia de primera declaración.
En junio de este año, la CICIG amplió la investigación sobre el caso 'la Línea', donde se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Las diligencias judiciales (allanamientos y escuchas telefónicas) detectaron el establecimiento de una organización criminal que llegaba hasta los ex mandatarios quienes dirigían un esquema financiero con nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, entre otros con operaciones desde 2008.
Enviados a juicio
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, ex gerente de G&T, fue enviado a juicio bajo el cargo de financiamiento electoral ilícito, mientras que los ex ejecutivos de Banrural Adolfo Fernando Peña Pérez, ex presidente, y Juan Abner Fonseca Galicia, ex gerente de negocios, por asociación ilícita y lavado de dinero.En el caso de Peña Pérez también suma el de financiamiento electoral ilícito.
Esta tarde, los abogados de los acusados solicitaban al juez otorgar medidas sustitutivas para sus clientes en ausencia. Los señalados cuentan con constancias médicas que certifican quebrantos de salud.
Tras el escándalo en el que se vieron implicados sus altos funcionarios, los consejos de administración de Banrural y G&T emitieron sendos comunicados en los que defendieron la solidez de sus operaciones y se desvincularon de los ejecutivos señalados quienes, plantearon, deberán dilucidar su situación legal.
El comunicado de Banco G&T Continental aseguró que "Banco G&T Continental y sus subsidiarias son entidades sólidas, solventes y con altos índices de liquidez, que garantizan los depósitos de nuestros clientes", además de contar "con una estructura gerencial y de ejecutivos robusta, con profesionales altamente capaces y con amplia experiencia bancaria, que permiten la continuidad normal y cotidiana de todas nuestras operaciones".
La entidad también expresó su "solidaridad con el Licenciado Flavio Montenegro, un profesional respetado y reconocido por su honorabilidad e integridad. Estamos seguros aclarará su situación en las instancias en donde corresponda".
Por su parte, el Consejo de Administración de Banrural expresó que siempre ha actuado "con estricto apego a la legislación financiera nacional e internacional" y que han colaborado con la ley "en todo momento", además de haber tomado "las medidas administrativas necesarias para facilitarles a los funcionarios señalados el proceso para que puedan aclarar su situación personal antes las autoridades pertinentes".
Televisoras, banqueros y empresarios, en la trama
Las investigaciones detallan, como una de las modalidades de financiamiento electoral ilícito, el caso de las televisoras Canal 3 y Canal 7, propiedad del empresario mexicano ángel González, cuya esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, tiene orden de captura internacional.
Cicig y el MP documentaron en su investigación, que, desde el año 2008 y hasta 2011, buscando acopiar fondos para la campaña de Otto Pérez, Roxana Baldetti tuvo bajo su control las empresas "de cartón" Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, las que recibieron pagos de Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), hasta acumular US$2,2 millones. Al llegar al poder el Partido Patriota, los canales 3 y 7 se beneficiaron de contratos millonarios (más de US$30,8 millones) en pauta entre 2012-2015. Más del 69% del total de la publicidad estatal fue para estas dos empresas.
La segunda modalidad de financiamiento electoral ilícito detectada por Cicig y el MP, involucra a empresarios o representantes de empresas queentregaron dinero a entidades que los operadores del PP les indicaban, expusieron los investigadores. Involucrados en esta investigación están empresarios y banqueros que ahora no pueden alegar ignorancia "porque ellos sabían a qué entidades debían dirigir los recursos en muchos de estos casos se trataba de empresas de cartón", dijo Velásquez.
La tercera modalidad de delito encontrada por la investigación, es el de financiamiento ilícito. Cicig y el MP detectaron a varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero. "Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral, el cual provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón (exsecretario privado de Roana Baldetti) y Víctor Hugo Hernández (administrador de Monzón)", detalla el informe. El monto aportado en esta modalidad superaría los US$6,4 millones no reportados al TSE.
Al llegar al poder, el 14 de enero 2012, Pérez Molina y Baldetti habrían armado una red de operadores claves en distintas instituciones, los que siguieron alimentando a la estructura criminal mediante el cobro de comisiones a cambio de contratos con el Estado, así como asignación de obras y servicios. Estos operadores ejercían el poder real de las entidades del Estado y atendiendo a los intereses de la estructura, priorizaban programas, proyectos, contratos y pagos de deuda para recaudar comisiones equivalentes a por lo menos el 10% del contrato otorgado. Un 60% de las "comisiones" entregadas por contratistas del Estado eran para el presidente y la vicepresidenta y 40% para los restantes partícipes, definieron los investigadores. Al menos 450 contratos dentro del Estado manejó esta estructura criminal, precisaron Velásquez y Aldana.
En la macro estructura de corrupción también se involucran empresas de lavado de dinero, cambistas y de transporte de valores, en las que figura como actor prominente Jonathan Chévez, ya procesado por el caso Terminal de Contenedores Quetzal.
Magistrados dicen que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional no admiten recursos de apelación, por lo que rechazaron la solicitud de la Asamblea Legislativa, que pedía reconsiderar el fallo que invalió a los suplentes.
27 de Julio de 2016 a la(s) 15:52 / Redacción de Judicial
Los magistrados concluyeron que los fallos de la Sala de lo Constitucional no admiten recursos de apelación, por lo que les ordenan a los diputados que se atengan y cumplan con lo resuelto en el fallo que estableció que los diputados suplentes deben ser elegidos por la población.
'Ya se resolvió y se declaró sin lugar. Fue voto unánime', confirmó el magistrado Belarmino Jaime.
La Sala resolvió el pasado 13 de julio que fue ilegal la votación que hicieron 56 diputados, en abril de 2015, cuando se aprobó la emisión de deuda en bonos por un total de $900,000,000 para uso del Gobierno de la República, porque esa votación fue con diputados suplentes.
El fallo de la sala no ha sido aceptado de la mejor manera por los diputados propietarios, quienes durante dos semanas suspendieron sus labores legislativas, en señal de protesta.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, ha dicho abiertamente no se deben acatar sentencias 'ilegales e ilegítimas' de la Sala de lo Constitucional.
Esta misma mañana, Peña dijo que esperaba que los magistrados Constitucional 'rectifiquen' su fallo, ya que, según ella, los suplentes sí fueron 'electos popularmente' en marzo de 2015 y el Tribunal Supremo Electoral por ello les dio sus credenciales.
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También ha reaccionado negativamente, el secretario general del FMLN, Medardo González, quien ha dicho en reiteradas ocasiones sentirse ofendido con la resolución de la Sala y que la fracción a la que pertenece considera que la Asamblea Legislativa no debe funcionar de manera normal sino hasta que sean restituidos los 84 diputados suplentes, 55 de los cuales ya fueron contratados sin ningún retraso en otros cargos por los mismos partidos políticos. '¿Cómo es posible que nos ofendan y nosotros bien portaditos? ¿Por qué nosotros vamos a responder de manera decente? Tengo derecho a rebelarme', dijo en una ocasión.
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El magistrado de esta sala Sidney Blanco advirtió hoy que la Asamblea Legislativa ya hizo notar varios incumplimientos en los plazos que dicta la sala, en específico sobre la elección de funcionarios de segundo grado. Blanco recordó que quien tiene la potestad de actuar de oficio frente a delitos como el 'incumplimiento de deberes' es el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.
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