La declaración de incostitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz (1993) supone un nuevo reto para la justicia salvadoreña, ya que abre la puerta al juzgamiento de crímenes cometidos durante el conflicto armado que El Salvador vivió entre 1980 y 1992.
El procurador de Derechos Humanos, David Morales, considera que la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no debe generar ningún miedo y que tampoco debería generar discursos de que habrá 'cacería de brujas'.
'Esos discursos ya no caben, lo legal es que haya una reparación en justicia a las víctimas', dijo Morales un día después de conocerse la resolución.
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, también se pronunció sobre el tema. Meléndez es parte de una comitiva que se encuentra en Washington, D.C.
"Desde la Fiscalía, en relación a esta sentencia vamos a hacer lo que tengamos que hacer y lo que nos corresponda constitucionalmente… Primero hay que analizar la incidencia que nos va arrojar como institución", dijo el fiscal según publica elsalvador.com.
El funcionario dijo estar a favor de la institucionalidad y agregó: "Tenemos que revisar oficialmente después de ser notificados como Fiscalía".
Se estima que la guerra civil salvadoreña, que concluyó con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, dejó 75.000 muertos, más 7.000 desaparecidos y provocó severos daños a la economía del país.
La Comisión de la Verdad, instancia creada en el seno de las Naciones Unidas y que nació tras la firma de los Acuerdos de Chapultepec, es la responsable del informe de 'De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador', el cual fue publicado el 15 de marzo de 1993.
La Comisión registró más de 22,000 denuncias (entre ellos ejecuciones sumarias, magnicidios y secuestros ejecutados tanto por estructuras militares, escuadrones de la muerte e insurgentes), pero en su informe destacan casos que conmocionaron a la sociedad salvadoreña, en los cuales se buscaba el esclarecimiento y superación de la impunidad. A partir de dicho informe se muestran ocho casos.
1- Caso jesuitas
El asesinato de seis jesuitas, una cocinera y su hija de 16 años, fue cometido el 16 de noviembre de 1989. Se responsabiliza al alto mando militar de la época.
2- Caso religiosas Maryknoll.
El 2 de diciembre de 1980 miembros de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro monjas de origen estadounidense cerca del actual aeropuerto internacional monseñor óscar Arnulfo Romero. Luego las asesinaron.
3- Masacre de El Mozote.
El 10 de diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl ejecutó a hombres, mujeres y niños de una comunidad. Se estima que fueron más de 200 víctimas y la cifra aumenta si se toman en cuenta a los no identificados.
4- Asesinato de monseñor Romero.
El arzobispo de San Salvador óscar Arnulfo Romero fue asesinado mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. Se señala como autor intelectual a Roberto d'Aubuisson, fundador del partido ARENA.
5- Asesinatos de alcaldes.
Entre 1985 y 1988 los líderes municipales fueron blanco de la guerrilla. Según la Comisión de la Verdad se ordenó el asesinato de al menos once, crímenes en los que se señala al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
6- Masacre en la Zona Rosa.
El 19 de junio de 1985, un grupo de miembros del Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (PRTC) atacó a un grupo de infantes de marina de los Estados Unidos. Murieron cuatro marinos, nueve civiles y un atacante.
7- Asesinato de Herbert Ernesto Anaya Sanabria.
Anaya Sanabria era dirigente de la Comisión de Derechos Humanos. Fue ultimado el 26 de octubre de 1987 en el parqueo de su residencia.
8- Asesinato de Francisco José Guerrero
Asesinato del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco José Guerrero. ue cometido el 28 de noviembre de 1989 cuando iba en su automóvil en el bulevar de Los Héroes.
En julio de 2007, el actual partido en el poder solicitó aireadamente la revocatoria de la Ley de Amnistía. El entonces diputado y actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dijo que era necesario su revisión.
'La Ley de Amnistía viola al derecho del acceso a la justicia de ciertos casos que no se han querido ventilar en el país. Esa recomendación la ha hecho la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, solicitando a esta Asamblea que se analice y estudie la derogatoria de la ley. Mientras no se haga justicia, las estructura que cometen graves violaciones a la sociedad, van a seguir siendo impunes', dijo Cerén en ese debate.
Puede descargar el informe de la Comisión de la Verdad aquí.
