La vicepresidenta y canciller presentó la propuesta en lo localidad de Tolé (suroeste), dentro del proceso de diálogo del gobierno con los indígenas, quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
Esta hidroeléctrica, limítrofe con la comarca indígena Ngäbe Buglé, pertenece a la empresa panameña Genisa y está financiada por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El gobierno panameño 'se compromete a realizar los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco sea administrado y operado por un nuevo grupo de profesionales especializados en operación y mantenimiento de centrales de este tipo', dice la propuesta a la que tuvo acceso la AFP.
Tras la reunión, De Saint Malo confirmó que se sentía 'confiada' en la posibilidad de que Genisa abandone el proyecto para llegar a un acuerdo con los indígenas y comenzar las operaciones de la planta.
'Le hemos dicho claramente a Genisa que la posición de las autoridades tradicionales es que ellos deben salir del proyecto, pero nosotros somos respetuosos de la seguridad jurídica (...) y ellos tendrían que tomar esa decisión', dijo De Saint Malo.
El proyecto fue suspendido por el gobierno panameño en febrero de 2015 por incumplimientos ambientales y cuando llevaba un 95% de avance, aunque posteriormente permitió a la compañía realizar labores de mantenimiento.
La propuesta afirma que Barro Blanco quedaría 'bajo la supervisión y control estricto del fideicomiso de los bancos internacionales' y que tanto gobierno como indígenas 'se comprometen a buscar los mecanismos para garantizar el beneficio económico para la comarca (indígena) y los afectados'.
Con capacidad para producir 28 megavatios, la hidroeléctrica es rechazada por grupos de indígenas Ngäbe Buglé y campesinos porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la central.
Desde hace varias semanas se han incrementado las protestas, con corte de vías y manifestaciones contra Barro Blanco.
Durante más de un año, el gobierno panameño ha mantenido un diálogo mediado por la ONU con los opositores a la hidroeléctrica, mientras la empresa ha terminado los trabajos y ha comenzado a inundar el embalse para iniciar pruebas.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reiteró hace días que 'esa planta no va a entrar en operación hasta que no se concluya el diálogo' con indígenas y campesinos afectados.
Según Genisa, las pérdidas por el retraso en la entrada en funcionamiento de la central superarían los US$130 millones.
