Hoy recapitula: "los procesos impulsados por Cicig demostraron que no estamos condenados a vivir en la impunidad". Pero advierte, en entrevista exclusiva para E&N: "Siempre se corre el riesgo que esto sea flor de un día, de que se acabe la primavera y quede solo el recuerdo".
Iván Velásquez Gómez llegó a Guatemala como nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, el 1 de octubre de 2013. El abogado había encabezado, como Director Regional de Fiscalías en Medellín, una lucha frontal contra los grupos de autodefensa. Luego, desde la Corte Suprema de Justicia de Colombia y al frente de una comisión de la Sala Penal, investigó desde 2006 las relaciones entre congresistas y grupos paramilitares. Sus indagatorias llevaron a la condena de más de 50 congresistas, algunos tan influyentes como Mario Uribe, primo del ex presidente álvaro Uribe. Velásquez reveló la vinculación de más de 130 diputados con estructuras criminales ligadas a 'narcopolíticos', y sufrió las consecuencias.
En 2012, renunció, tras denunciar espionaje, persecución y ataques en su contra, como consecuencia de haber investigado lo que definió como la "tragedia nacional" que era la parapolítica. En soledad, había soportado amenazas y hostigamiento, escribió por esos días la columnista de El Espectador Cecilia Orozco. "Velásquez, el investigador estrella de la Corte, es una roca en el zapato de los mandatarios, de los congresistas corruptos, de los partidos clientelistas y de sus propios colegas, los magistrados titulares, cuya conducta está cada vez más cerca de la de sus procesados".
Un magistrado acosado en su país, Velásquez se ganó, el cambio, el reconocimiento de organizaciones internacionales pro-justicia por su trabajo en Colombia. Esas credenciales le valieron para, en septiembre de 2013, ser designado como Comisionado de la Cicig en Guatemala.
Apenas 18 meses después, el colombiano sorprendió al país al presentar en abril de 2015 los resultados de una investigación conjunta con el Ministerio Público, que puso al descubierto una red criminal cuyas cabezas eran, según los investigadores, el propio presidente y la vicepresidenta de la república. Guatemala se levantó masivamente a respaldar los procesos y el comisionado se convirtió en una figura mediática y admirada, conforme las indagatorias de Cicig y el Ministerio Público iban tocando a poderosos diputados, jueces, magistrados, abogados de la impunidad, funcionarios de Estado y empresarios.
En 2015, Foreign Policy lo incluyó entre los "Cien líderes pensadores del mundo" y ese mismo año, el diario El Espectador de Colombia lo reivindicó en su país de origen al nombrarlo "Personaje del año".
Velásquez nunca olvidará las marcas ciudadanas, que durante 22 semanas respaldaron las investigaciones de Cicig y el MP. Pero advierte: "solo en la medida en que la participación se mantenga, contribuyendo a la transformación, un proceso de estos puede ser irreversible".
¿Cuáles lecciones dejó la primavera guatemalteca?
Cuando resolvimos con el Ministerio Público presentar el caso La Línea, estábamos en medio de una discusión acerca de la continuidad de la comisión y todo apuntaba a que la Cicig no iba a seguir después de septiembre de 2015. Teníamos la hipótesis de que había una corrupción estructural en Guatemala, con raíces profundas, lo que hace que de gobierno a gobierno, estructuras corruptas puedan permanecer, sustituirse o mimetizarse transitoriamente. Como último aporte de la Cicig al país, queríamos dejar una radiografía de esa corrupción estructural muy enraizada no solo en el Estado sino en la sociedad.
Acordamos que debíamos hacer una investigación mucho más sistémica y afrontar el tema de corrupción no como actos individuales, sino desde toda la estructura del Estado. De ahí que investigamos la corrupción en el sistema judicial, del órgano legislativo, del ejecutivo, de entidades descentralizadas y también de la sociedad, como el caso de Haroldo Mendoza (vinculado con narcotráfico) o de empresarios que eventualmente pudieran estar vinculados, sin distingos. Ahora en Guatemala todo el mundo cree que el que esté vinculado a temas de corrupción puede ser sometido a un proceso penal.
Altos funcionarios han sido llevados a la justicia, pero falta demostrar que los ilícitos se dieron, obtener sentencias condenatorias de los jueces. ¿Cuál es su expectativa?
Tengo confianza en la solidez de los casos. Confiamos en que precisamente por esa solidez probatoria y por el nuevo ambiente que se genera en el país los jueces actúen con imparcialidad y que sus decisiones estén construidas sobre todo esto que se les presenta y no por presiones que se puedan ejercer por cualquier actor externo a la judicatura. Naturalmente, esto es una prueba no solo para las investigaciones sino para el sistema.
CICIG: ¿MODELO EXPORTABLE?
En el medio de la coyuntura en Guatemala, había voces pidiendo una Cicig en México, en Honduras, El Salvador. Ya hay una instancia creada en Honduras ¿Cuánto del modelo guatemalteco es exportable? ¿Ve factible una Cicig centroamericana?Cada país tiene que definir cómo enfrenta sus problemas de impunidad, de acuerdo con su sistema de justicia y con el nivel de independencia que los órganos de investigación o que los jueces tienen en cada país. Es un diseño que tiene que hacerse mirando la realidad local.
Lo que ha permitido en Guatemala que la Cicig llegue al punto en que se encuentra y haya contribuido de la manera como ha contribuido, tiene que ver mucho con que es un órgano de cooperación complementario y no sustituto. En eso si tiene que existir uniformidad en todos los países, que no se suplante, sino que se fortalezca a la autoridad nacional.
En Guatemala a la Cicig se le ha dado la capacidad de adelantar investigaciones preliminares de manera independiente inclusive del Ministerio Público. Podemos recibir una denuncia y hacer verificaciones, estudiar y pedir documentación, buscar en entidades del Estado información sobre el tema específico. Pero en el momento que consideramos que hay un caso para desarrollar, tiene que intervenir el MP. La Cicig no tiene la titularidad de la acción penal, no puede pedir una orden de captura, un allanamiento, una intercepción telefónica, todo ello tiene que gestionarse mediante una solicitud que hace el fiscal del caso, que es guatemalteco, al juez.
Honduras buscó un mecanismo que todavía no sabemos si es muy diferente, pero en todo caso no es el mismo. Convinieron una forma de "acompañamiento activo" según el convenio de Honduras con la OEA, ¿Cual es el nivel de ese acompañamiento activo?; ¿Cual la posibilidad de estar frente al Ministerio Público hondureño en las investigaciones? Eso podría definir el mayor o menor resultado que una misión de esta naturaleza podría tener.
El modelo de la Cicig en Guatemala, las acciones desarrolladas, son elementos no para reproducir lo mismo a Honduras, El Salvador, Colombia. Pero si se tiene un compromiso serio de Estado de luchar contra erradicar la impunidad, éstos países podrían analizar la experiencia y tomar elementos útiles.
¿Cuál ha sido el efecto de Cicig en el fortalecimiento del organismo investigador guatemalteco, y que otros cambios quisiera ver antes de que la misión se retire?
Hay unas capacidades concretas tangibles, y otras intangibles. Entre las intangibles, está el empoderamiento de los fiscales con el acompañamiento de la comisión. La transferencia de capacidades se hace en el trabajo conjunto. Es en el desarrollo de las investigaciones que se adquieren habilidades en el diseño de un plan de investigación, en la manera como se ejecuta ese plan, en cómo se preparan después las imputaciones y los elementos probatorios.
En eso ha habido buenos resultados y se viene fortaleciendo el Ministerio Público no solo en la Fiscalía Especial contra la Impunidad que es la más cercana del MP a la Cicig, sino con otras fiscalías. El caso de Aceros de Guatemala (por evasión fiscal) no lo trabajamos con la Fiscalía Contra la Impunidad, sino con la Fiscalía de Delitos Económicos. Hemos trabajado casos con la Fiscalía de Derechos Humanos, con la Fiscalía de Lavado de Activos.
Hay otros logros adicionales, como la base de datos que se construyó en el Ministerio Público con ingenieros guatemaltecos, inclusive superior a la de la Cicig, que ha sido de mucha utilidad. En cuanto a métodos de investigación, hay que destacar el aporte de Cicig en la transformación normativa, para introducir métodos especiales de investigación que no existían en Guatemala y que hoy permiten utilizar herramientas tan importantes para la investigación como las interceptaciones telefónicas.
EMPRESARIOS FRENTE A LA IMPUNIDAD
Usted hizo un llamado a crear un impuesto temporal para financiar esta lucha contra la impunidad. ¿Cómo tomó la negativa de los empresarios?Creo que independientemente de donde se busquen los recursos, no se puede luchar contra la impunidad con un sistema de justicia débil. El presidente Juan Manuel Santos, de visita en Guatemala, contó de qué manera el Plan Colombia fue 90% financiado por colombianos, con un impuesto de guerra que se creó en el país y que permitió fortalecer no solo a las fuerzas armadas, sino el aparato judicial.
Algunos sectores sociales y los propios acusados -encabezados por Otto Pérez- condenan que las investigaciones y los procesos no toquen a grandes empresas, a lo que llaman "La Línea 2". ¿Cuál ha sido el papel del poder económico en las estructuras de impunidad y cuál debería ser su rol en la lucha para terminar con ellas?
No hay un sesgo en la actividad de la Cicig, no responde a intereses de nadie, no está protegiendo intereses ni privilegia persecuciones. Actuamos de acuerdo con lo que vayamos obteniendo, sin que haya un freno, en el sentido de no investigar o tocar a determinado sector o personaje. En el caso de Igss-Pisa; miembros representantes de los empresarios en la Junta Directiva del IGSS fueron vinculados a proceso y un juez los tiene privados de la libertad. Cuando se encontró que un diputado que se decía era el enlace de los empresarios organizados con el Congreso de la República, Pedro Muadi, estaba involucrado en la venta de plazas fantasmas, se le vinculó a proceso y está privado de libertad. Cuando vimos que en el caso de Aceros de Guatemala se produjeron componendas para tratar de lograr impunidad frente a una denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria contra la empresa, el caso se presento judicialmente y se produjeron las capturas.
Lo que ocurre es que en esa modalidad especifica de defraudación tributaria conocida como La Línea, no hemos encontrado participación de grandes empresarios.
El ex presidente Pérez Molina, ha dicho también que el MP obedece a Cicig y la Cicig a la embajada de Estados Unidos. No hemos tenido ninguna interferencia de ningún donante. Hay una absoluta independencia, cuando yo hablo de la independencia de la Cicig la digo en términos absolutos, ni siquiera Naciones Unidas nos dan indicaciones aquí de que se debe hacer o no hacer. Estamos comprometidos en la lucha por la verdad, y la lucha por la verdad no puede tener matices.
