En 2015, la Cicig, un modelo de colaboración para desarticular estructuras criminales enquistadas en el poder que había sido creado ocho años antes en Guatemala, mostró su poder. Una escalada de casos presentada por el organismo internacional y el Ministerio Público, llevó a prisión y mantiene bajo procesos judiciales a buena parte de la clase política y gobernante de la anterior administración.
Creada para desarticular los "Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad" (Ciacs), Cicig, junto con la fiscalía guatemalteca, demostró como esas estructuras criminales, habían penetrado todas las esferas del poder público guatemalteco: estaban en la entidad fiscalizadora, sobornando a importadores; en el Seguro Social concretando fraudulentos contratos que llevaron a la muerte a enfermos renales; en las aduanas negociando millonarios proyectos con sobornos incluidos, en el Congreso, desviando recursos a través de plazas fantasmas; en los juzgados, vendiendo fallos judiciales.
Solo en su último año de gestión, Cicig y el MP desarrollaron 21 investigaciones criminales, dentro de las cuales más de 184 personas fueron imputadas. Diputados, jueces, ministros de Estado, un candidato vicepresidencial, el presidente del Banco de Guatemala y hasta el expresidente de la república, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes están hoy frente a la justicia resultado de dichas investigaciones.
EL CASO "LA LíNEA"
El 16 de abril de 2015, la Cicig y el Ministerio Público presentaron ante los tribunales el caso de defraudación aduanera conocido como "La Línea". Sus investigaciones revelaron que los integrantes de esta red criminal obtuvieron ganancias ilícitas manipulando la administración tributaria. En la trama, resultaron involucrados la máxima autoridad recaudadora, el superintendente de Administración Tributaria (SAT) y funcionarios de la entidad. Pero la red llegaba mucho más arriba: el presidente de la república, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta, Roxana Baldetti y su secretario privado, Juan Carlos Monzón eran las cabezas, denunciaron el comisionado de Cicig, Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana.
El caso desató las mayores movilizaciones ciudadanas en la historia del país.
Mientras las protestas en la plaza continuaban, entre abril y septiembre, Cicig y el Ministerio Público siguieron desenredando la madeja de corrupción: mandaron a juicio a abogados y jueces que en los días posteriores a los operativos de "La Línea" negociaron la salida de algunos acusados mediante sobornos.
La de La Línea fue una gran investigación que se nutrió, según Cicig, del análisis de grandes cantidades de datos obtenidos: más de 88.920 sesiones intercepciones telefónicas; 5.906 correos electrónicos; 100 informes de instituciones y más de 650.000 folios encontrados en 17 allanamientos. Se requirió información financiera sobre al menos 100 personas y 22 empresas, se analizaron 2.814 declaraciones de mercancías: y se giraron 49 órdenes de captura y más de 175.000 documentos obtenidos en extracciones forenses.
El superintendente de la SAT, Omar Franco y su antecesor Carlos Muñoz fueron capturados, así como la entonces intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio y particulares que integraban la estructura.
La investigación detectó más de 1.500 Declaraciones únicas Aduaneras (DUAS) alteradas para pagar menos impuestos y determinó que La Línea era utilizada por al menos 340 importadores quienes recurrían, a este mecanismo de defraudación para ingresar mercadería por las diferentes aduanas del país. Nueve importadores ya fueron acusados de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera. El resto serán llamados a comparecer.
LA POLíTICA EN MANOS DE LOS CRIMINALES
En su informe "Financiamiento de la política en Guatemala", publicado en el año 2015, la entidad internacional fotografió de cuerpo entero las debilidades del sistema político: "Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado la democracia guatemalteca", concluyó.
Advirtió que "el financiamiento actual de la política está en manos principalmente de proveedores del Estado, así como en manos de grupos criminales". Según sus estimaciones, un poco menos del 25% del financiamiento proviene de empresarios, más de un 50% de proveedores del Estado, y de estructuras criminales, el resto.
A partir de sus investigaciones, Cicig advirtió entonces que: "Es el flujo de recursos para la obra pública el que alimenta de manera principal el financiamiento de la política, promueve el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otras personas vinculadas con estos grupos".
Figuras clave en este modelo de financiamiento político oscuro son los que el informe identifica como "recaudadores", quienes movilizan fondos aprovechando contactos con élites empresariales, proveedores del Estado, donantes y estructuras criminales, actuando en las campañas presidenciales de manera independiente a los partidos y entregando los recursos directamente al candidato presidencial, en algunos casos sin reportar detalles de los aportes. Cuando el presidenciable llega al poder, el recaudador alcanza una fuerte influencia frente al gobernante, lo cual se presta al tráfico de influencias.
Cicig apunta a uno de los casos más emblemáticos: el de Gustavo Alejos, recaudador y posteriormente Secretario Privado del expresidente álvaro Colom, cargo desde el cual construyó redes de tráfico de influencias.
DE LA IMPUNIDAD A LA JUSTICIA ¿COMO SE LOGRA?
Arturo Aguilar, Oficial Político de CICIG, apuntó en un reciente foro, las etapas que debieron pasar Cicig y su entorno para llegar a los casos de alto impacto que hoy son noticia. "Cicig encontró un sistema jurídico y normativo que no contaba con las herramientas suficientes, e impulsó la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada; la reforma al Código Procesal Penal para hacer procedimientos más expeditos, y los métodos especiales de investigación criminal, entre ellos la intervención de comunicaciones y testigos protegidos. Sin esto no se hubiera podido hacer nada, son herramientas fundamentales para combatir fenómenos de criminalidad".
Además, apuntó, Cicig "demostró que era posible procesar a ciertos personajes, lo que terminó con el mito de que la justicia solo llega a los que no tienen poder".
Clave en los resultados fue el fortalecimiento del Ministerio Público, dijo Aguilar, a través de la FECI, Fiscalía Contra la Impunidad y la constitución de la División de Análisis Criminal, centro neurálgico del procesamiento de información del MP a través del cual se genera información para grandes casos.
Claudia Paz y Paz fungió como la fiscal general cuando fue llevado a la justicia el ex-jefe de facto Efraín Reyes Montt, acusado de crímenes de guerra. En ese momento recordó durante su participación en el Foro Centroamericano de Periodismo celebrado el 9 de mayo en San Salvador "la posibilidad de juzgar en el país a un exjefe de Estado por genocidio fue muy importante para el país, para nosotros como fiscales fue la posibilidad de saldar una deuda histórica. Para los victimas, fue sobre todo la posibilidad de llegar frente a la justicia, frente al perpetrador, Efraín Ríos Montt, narrar su sufrimiento'.
Fue en ese proceso, sostiene Paz y Paz, "que un poder que no existía en el país, el de los fiscales y jueces, se recuperó". El mismo juez que envió a juicio a Efraín Ríos Montt, Miguel ángel Gálvez, enviaría después a juicio a Otto Pérez Molina.
POLíTICOS, JUECES Y DIPUTADOS, FRENTE A LA JUSTICIA
Uno de los focos de Cicig en la lucha contra la impunidad ha sido la independencia judicial. En su último informe, advirtió: "Toda sociedad debe luchar por tener jueces independientes e imparciales, para cumplir con su deber de impartir justicia. La independencia judicial debe basarse en un proceso riguroso, objetivo, transparente y público para elegir profesionales del derecho, que aseguren el ingreso a la judicatura de personas íntegras e idóneas".
El desempeño de los jueces guatemaltecos ha estado bajo el ojo de la Comisión, entidad que en su último informe de labores advirtió: "En el Organismo Judicial hay algunos jueces que dañan la adecuada administración de justicia". De ahí que la Comisión abrió dentro de su plan de trabajo una línea de investigaciones sobre corrupción judicial, que llevaron a solicitar el retiro de antejuicio a cuatro jueces y un magistrado, tres de ellos capturados y ligados a proceso.
La corrupción en el sector salud, una realidad que cobra vidas y que fue uno de los disparadores de la indignación ciudadana, también fue objeto de investigaciones. Las indagatorias de Cicig y MP en el llamado casos IGSS-PISA, mantienen en prisión al exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, y bajo proceso a integrantes de la Junta Directiva, entre ellos Julio Roberto Suárez Guerra, quien al momento de su captura fungía como presidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria, así como a directivos de la droguería PISA beneficiada con un contrato irregular.
Diputados guatemaltecos tampoco han quedado fuera del terremoto Cicig-MP. Al diputado y expresidente del Congreso Pedro Muadi lo llevaron a antejuicio por un caso de plazas fantasmas. Baudilio Hichos fue acusado de participar en una adjudicación irregular. Mario Israel Rivera Cabrera, enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
"Con estos hechos, ya presentados como casos, la sociedad guatemalteca comprendió las dimensiones y el alcance de la corrupción en la administración del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en entidades descentralizadas", concluye Cicig en su informe.
