El 25 de abril, un día antes del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, anunció, a través de sus voceros, que no asistiría al evento. El mandatario canceló su cita con los empresarios salvadoreños porque "ha estado recibiendo insultos y acusaciones de la ANEP", declaró el Secretario Técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. Se refería a declaraciones críticas del entonces presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub. Por la tarde, también el vicepresidente de El Salvador, óscar Ortiz canceló. Esta fue la primera vez que un presidente electo de El Salvador no asistió al máximo encuentro empresarial en 16 años de historia. Tampoco lo hizo su gabinete.
El tema de este año en el máximo foro del empresariado salvadoreño era El Salvador libre de corrupción: Honestos versus Corruptos.
En los días previos al ENADE, Daboub y Sánchez Cerén protagonizaron varias confrontaciones en medios y en sus cuentas de Twitter. Durante su gestión al frente de la asociación empresarial, que inició en 2011 y concluyó unos días después del ENADE, el pasado 28 de abril, Daboub fue férreo crítico del Gobierno del FMLN: denunció la crisis económica y fiscal, el incremento de la pobreza, rechazó la negociación de una tregua que frenó la ola de homicidios entre 2012 y 2013, a cambio de múltiples beneficios a miembros de pandillas, en libertad y en prisión.
Pero ese lunes 25, Daboub declaró: "El principal problema que la democracia afronta es la renuencia de nuestros gobernantes a debatir de manera abierta, sincera y respetuosa, sus planes y políticas públicas. La situación se agrava ante la timidez de algunos sectores que prefieren alinearse a los planes del gobierno que discutir con este sobre la conveniencia o no de los mismos".
Jorge Daboub (der.) entrega documento ENADE 2016 al Fiscal General, Douglas Meléndez, a vicepresidenta de Asamblea Legislativa, Ana Vilma de Escobar, y a Armando Pineda, presidente de Corte Suprema de Justicia. Foto de Salvador Meléndez.
HISTORIA DE CONFLICTOS
El desencuentro entre el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los empresarios es ya de larga data. Desde 2009, cuando llegó al poder el FMLN, la relación entre la empresa privada y el Ejecutivo ha estado marcada por diferencias, confrontaciones verbales y abandono de actividades. En 2012, la Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada (ANEP) se retiró del Consejo Económico y Social (CES), que discute temas clave como alzas de impuestos o salario mínimo, en protesta porque en el mismo tiempo de diálogo, el Gobierno aprobó su primer paquete fiscal en el Congreso sin previa consulta.
En los últimos siete años, la ANEP ha criticado aumentos de impuestos (22 nuevos impuestos se han creado del 2010 al 2015), así como el creciente gasto público. Ha cuestionado que el déficit fiscal pasó de un promedio de US$523 millones anuales entre los años 2000 a 2008, a un promedio de US$935 millones anuales entre los años 2009-2015, equivalente a 3,3% del PIB para 2015. También han señalado que para financiar el déficit fiscal, el Gobierno ha incurrido en crecientes niveles de deuda pública.
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El organismo cúpula de los empresarios ha cuestionado también las deficientes acciones para perseguir y combatir la corrupción, y la falta de resultados en las estrategias contra la violencia. La tasa de homicidios cerró en 115,8 por cada 100.000 habitantes en 2015, una de las cinco más altas en América Latina.
El más reciente conflicto es sobre el aumento de salario mínimo que el Gobierno impulsa. La empresa privada propone que suba 15% en ajustes de 5% en los próximos tres años. Justo ayer, 25 de mayo, 15 días después del apretón de manos entre Sánchez y Cardenal, la ANEP denunció la inasistencia del Sector Gubernamental a la más reciente sesión del Consejo Nacional del Salario Mínimo. En un comunicado de prensa, la gremial dijo: "lamentamos que los representantes del sector gubernamental en el Consejo Nacional del Salario Mínimo utilicen excusas para continuar retrasando con su inasistencia a las sesiones el acuerdo de incremento al salario mínimo que debió ser aprobado en enero de 2016".
Representantes del Gobierno decidieron faltar a la última reunión del Consejo del Salario Mínimo en respuesta a un comunicado del sector laboral en donde los denunció por no hacerse presente en las sesiones ordinarias de este mismo, publicó El Diario de Hoy. Alejandro Rosales, presidente de este Consejo en representación del Estado, explicó que ellos no asistieron ayer debido a que estaban en consulta, para analizar las acciones del sector laboral y privado en denunciar al Gobierno y que por eso no participaron de esa sesión.
Rosales alega que hay un acuerdo adentro del Consejo de no dar declaraciones públicas hasta no tener una decisión en firme sobre el ajuste al salario mínimo, estipulando que el sector privado y laboral han violado dicho acuerdo al denunciar las propuestas gubernamentales.
"Rechazamos las acusaciones, epítetos y descalificaciones emitidas contra los representantes de sector empresarial al interior del Consejo de Salario Mínimo, lo cual busca únicamente invalidar posiciones y propuestas diferentes a las que pretende imponer el sector gubernamental dentro de la negociación del aumento al salario mínimo. Lo cual contradice las reglas acordadas con la comisión de alto nivel de gobierno de la República en un nuevo esfuerzo de diálogo ANEP- Gobierno", indicaron en un comunicado.
Lo que reclama el Gobierno
El Gobierno reclama a los empresarios pagar más impuestos para financiar sus programas sociales y combate de la inseguridad. También les ha demandado frenar la evasión fiscal y ha publicado listas de empresas y personas deudoras. Sánchez felicitó al Congreso por aprobar en octubre del 2015 el impuesto del 5% a las telecomunicaciones, recursos que servirán para financiar el plan de seguridad del Gobierno y agregó: 'El sector productivo, todos, tenemos que contribuir a la seguridad y tranquilidad del país". Los empresarios han reclamado que, incluso con recursos adicionales, la criminalidad en El Salvador sigue en aumento.Otro foco de confrontación ha sido una propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP) presentada por el presidente Sánchez Cerén en febrero de este año, para transitar de un modelo privatizado a un esquema mixto. Dicha reforma busca liberar la deuda pública. Cada año, El Salvador tiene que destinar entre US$600 y US$1.000 millones en deuda previsional. Los empresarios han advertido que la propuesta pone en riesgo el futuro del sistema de pensiones.
Frenos: Polarización y violencia
En 2016, El Salvador crecerá 2,3% y en 2017, lo hará en 2,4%, estimó una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su consulta del capítulo IV en 2016. La visita, del 25 de abril al 6 de mayo, sostuvo conversaciones productivas con autoridades, empresarios, academia y agentes sociales. En el mediano plazo, El Salvador no crecerá más de 2% cada año, el déficit fiscal crecerá 4% del PIB y con estos números, la deuda pública se elevará hasta 70% del PIB para 2021. La cifra podría subir si se realizan todos los megaproyectos de inversión pública, ampliación del aeropuerto internacional de El Salvador, más una planta de gas natural, una inversión que oscila entre US$850 millones y US$1.000 millones, que funcionará a partir de 2018.Las principales limitantes al despegue económico de El Salvador son la alta polarización política, la violencia, la migración, las barreras de entrada de negocios, el alto riesgo de desastres naturales y la incerteza fiscal, detalló en ese orden el jefe de la misión del FMI, Daniel Kanda.
Pero además de eso, el FMI llamó a mirar el alza de la migración: más del 20% de la población salvadoreña se va, debido a la violencia. "La migración y las altas causas de criminalidad se interrelacionan para dar lugar a este bajo crecimiento", subrayó Kanda. También hay polarización en el Congreso. El FMI señaló en su informe: "un impasse parlamentario que bloquea el acceso a la financiación externa ha causado que la financiación interna aumentara bruscamente en 2015 y a inicios del 2016, incrementando los rendimientos de los títulos públicos a corto plazo". Esto ha generado atrasos en pagos a proveedores y a exportadores (en devolución del IVA).
En la misma línea, la ex presidenta de FUNDEMAS, Elena de Alfaro, recalcó en entrevista que la polarización no construye en la atracción de inversiones. "Es triste el mensaje que le mandamos a la población el momento que el país más nos necesita para generar confianza e inversiones. No podemos seguir peleados; necesitamos espacios, diálogos para ponernos de acuerdo en lo mínimo". La directora ejecutiva de la cámara de exportadores (COEXPORT), Silvia Cuéllar, agregó: "El Gobierno no puede estar sin el empresariado porque: ¿Quién genera para el país? El sector privado. Necesitamos estar en concordancia, comunicados".
Historia de exclusión
En la actual realidad de polarización que vive El Salvador, "poco se habla de las raíces sociohistóricas de la violencia. Parte de esa historia tiene que ver con los Acuerdos de Paz ; como se construyeron, quienes participaron, cuáles fueron los temas que priorizaron", advierte Roberto López Salazar, jefe departamento de sociología de la Universidad Centroamericana (UCA).El 16 de enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz en El Salvador, entre Gobierno, militares, empresarios y el sector insurgente. López resume que los acuerdos fueron realmente políticos y se enfocaron en:
1) Lograr garantías necesarias para que un grupo insurgente se convirtiera en partido político y
2) Crear las condiciones para que un grupo de insurgentes depusiera las armas y propiciar su inserción económica en la sociedad.
Quedaron de lado, dice el sociólogo, los temas de pobreza, desigualdad y marginación social. "Mucho menos fue tocado el tema de reconciliación nacional", agregó el sociólogo. Para el investigador "La amnistía fue el peor error que se pudo haber cometido porque cerró toda posibilidad de reconciliación". Eso significa: "Pasar por el reconocimiento de errores, aceptar que se cometieron crímenes, aceptar responsabilidades y pedir perdón. Y a partir de eso construir lo que sea posible construir", enfatiza López.
Eduardo Lovo, líder del movimiento civil "La Gran Corrupción" ha insistido: "el sistema político actual está basado en mentiras oficiales, siempre hay agendas o intereses ocultos". Para Lovo, "la causa de que no se garanticen los derechos básicos constitucionales son esas mentiras, las promesas falsas de la mayoría de los políticos".
EMPRESARIOS-GOBIERNO. VUELTA AL DIáLOGO
El último gran desencuentro entre el empresariado organizado y el gobierno duró 17 días. El miércoles 11 de mayo, el presidente Sánchez visitó la sede de la ANEP y afirmó: "Tenemos que unirnos para sacar adelante al país, lograr entendimientos". Ese mismo día, el nuevo presidente de la ANEP, Luis Cardenal, mandó un mensaje igualmente conciliador: " Uno de los principales problemas del país es la desconfianza. La población requiere que todas las partes hagamos un esfuerzo para contribuir con la sociedad". Antes del mediodía, hubo apretón de manos entre Sánchez y Cardenal, y se anunció la creación de una agenda conjunta.
Fue hasta entonces que el sector privado entregó el documento del ENADE 2016 a Sánchez. La propuesta para combatir la corrupción plantea que la Fiscalía General de la República tenga independencia presupuestaria; reformar la Ley de la Corte de Cuentas para un control real de fondos públicos y corregir y reformar la Ley de Probidad, para una mejor persecución del enriquecimiento ilícito, entre otros.
En los días previos a este encuentro, al encabezar los actos conmemorativos del primero de mayo, frente a decenas de sindicalistas, Sánchez denunció que grupos golpistas, que apoyan la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador, similar a la Cicig de Guatemala, pretenden derrocar a su gobierno. Calificó a Cicig como parte de "los nuevos mecanismos de la derecha" y advirtió: "¡los golpistas no pasarán!". Para el mandatario, el apoyo de actores salvadoreños a la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción, similar a la Cicig que opera en Guatemala simboliza un "golpe de Estado". Funcionarios y medios afines al Gobierno repiten el mismo mensaje desde sus plataformas o redes sociales.
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Patricia Figueroa, directora ejecutiva de gremial de textileros, que reúne a las empresas que más empleo dan en el país, advirtió: "El Salvador fue capaz de construir acuerdos de paz, superando sus deficiencias, eso nos da una lección: tenemos que respetar diferencias y construir un mejor país, porque a la larga todos llevamos la de perder".
16% DEL PIB CUESTA LA VIOLENCIA
¿Cuánto le cuesta la violencia a El Salvador en un año? El último estudio del Banco Central de Reserva estimó que el costo económico de la violencia en 2014 fue US$4.026,3 millones, es decir, el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2014.
Ese número equivale al 97% de las remesas familiares que recibe en un año El Salvador, o al 97% de recaudación total de impuestos. Es también dos veces la factura petrolera y 44% de los depósitos bancarios en el sistema financiero. En 2014 se registraron en El Salvador 3.912 homicidios, de acuerdo a las cifras oficiales. El Salvador cerró 2015 con la tasa homicidios más alta de Centroamérica: 115,8 por cada 100.000 habitantes.
Para realizar la Estimación del Costo Económico de la Violencia en El Salvador, el estudio contabilizó el costo para el funcionamiento de las instituciones relacionadas con la prevención y combate de la criminalidad y los que deben asumir personas migrantes por violencia. El mayor impacto de la violencia en El Salvador proviene del pago de extorsiones y los robos que sufren los ciudadanos y las empresas: US$1.303,5 millones, un 5,2% del PIB de 2014.
La investigación también considera el costo de los reos en el sistema penitenciario, quienes dejan de contribuir a la actividad productiva. "Las personas privadas de libertad estarían trabajando en áreas de servicios, en comercio. Son sectores que no les requieren elevados niveles de educación", resumió Margarita Peñate, economista del BCR. Además, las inversiones, tanto de empresas nacionales como extranjeras no realizadas en El Salvador, significaron un 16% del PIB.
A pesar del panorama adverso, el FMI insiste en que es necesario alcanzar acuerdos para lograr sostenibilidad. "La confianza debe ser construida para abonar al desarrollo de ésta economía, una vez que los partidos entiendan que existe una meta común para todos", recalcó Kanda. Para el experto, "la situación no está del todo perdida y sin esperanza".
