El Gobierno de Guatemala anunció este jueves que buscará legalmente la anulación de un contrato de usufructo oneroso otorgado por el Estado de Guatemala en 2012 a una subsidiaria de la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) por corrupción.
Por este caso, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), de la ONU, y la Fiscalía de Guatemala buscan que un juez resuelva procesar por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes el año pasado dimitieron y son procesados como presuntos líderes de una estructura dedicada a la defraudación aduanera.
El presidente Jimmy Morales respondió afirmativamente a la solicitud planteada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que en su papel de abogada del Estado, emprenda "la mejor ruta legal" para lograr la nulidad del contrato, informó el portavoz de la Presidencia de Guatemala, Heinz Heimann.
Le pidió que realice "todas las acciones jurisdiccionales ordinarias y extraordinarias... para defender los intereses del Estado de Guatemala, en cuanto a lo que propone (la PGN): la nulidad del negocio jurídico contenido en el contrato de usufructo oneroso, suscrito entre la empresa Portuaria Quetzal (estatal) y la empresa (subsidiaria de TCB) Terminal de Contenedores Quetzal S.A.", dijo Heimann.
Pérez, quien junto a Baldetti y otros nueve implicados asistieron este jueves al cuarto día de la audiencia de primera declaración, insistió ante el juez, como antes lo había expuesto ante periodistas, que no recibió "ni un solo centavo" y acusó a la Fiscalía y a la CICIG de "mentir". Pérez renunció al cargo el pasado 2 de septiembre, apenas cuatro días antes de los comicios generales que llevaron a la presidencia a Jimmy Morales. Baldetti dimitió unos meses antes, en mayo. La red "La Línea" fue desarticulada el 16 de abril de 2015.
Pérez y Baldetti están en prisión por otro caso de corrupción, debido a que supuestamente encabezaban una red de defraudación fiscal en aduanas.
El portavoz insistió en que María Eugenia Villagrán, Procuradora General de la Nación, como 'abogada del Estado' tiene que realizar 'todas las acciones jurisdiccionales para defender los intereses del Estado de Guatemala'.
Villagrán había solicitado instrucciones al presidente para analizar el caso y solicitar la nulidad del contrato debido 'a que existen vicios de consentimiento e irregularidades en el otorgamiento del usufructo'. El contrato se firmó el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades.
La firma española opera en Guatemala con el nombre Terminal de Contenedores Quetzal, la cual funciona en el interior del Puerto Quetzal, unos 100 km al sur de la capital, sobre el Pacífico. En este nuevo caso, Pérez y Baldetti son acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
El exgobernante negó este jueves ante un juez haber recibido sobornos para la adjudicación del usufructo portuario.
