Ayer, nueve magistrados de la CSJ aprobaron abrir un juicio al expresidente Funes, tras determinar indicios de presunto enriquecimiento ilícito, luego de que la sección de Probidad encontrara ingresos y gastos no justificados al final de la gestión del exgobernante. Funes no pudo justificar más de US$700.000 cuyo origen no se explica en un informe preliminar basado en declaraciones patrimoniales
Probidad determinó que el exmandatario (2009 - 2014) no había logrado justificar gastos por un monto inicial de US$728.000, y pedía abrirle expediente judicial; sin embargo, un grupo de magistrados abogó por que se le diera un plazo para que desvaneciera ese señalamiento.
Las cuentas congeladas incluyen: una del Banco Agrícola, una en el Banco Promerica y dos en Scotiabank El Salvador. De acuerdo a la sentencia de la Corte Plena, el objetivo de esta orden es que la Cámara 'resguarde para establecer si, conforme a lo que se determine en el juicio por enriquecimiento ilícito, es procedente su devolución o restitución al Estado'.
También se restringió la transferencia a terceros de ocho vehículos propiedad del ex presidente y su hijo Diego Roberto Funes Cañas. Se trata de:
- un microbús marca Hafei-Minileinera de 2005,
- un pick up Ford 1958,
- un pick up Nissan Frotier Lev 2014,
- un pick up Toyota Tundra 2011,
- un pick up Toyota Hilux 2014,
- un panel Dongfeng 2008,
- un Mercedes Benz 1985
- un Jeep Wrangler X 2008.
Funes defendió los siguientes ingresos ante la sección de Probidad de la Corte:
- US$43.200 dados por Fabio Castillo en la campaña presidencial pasaron a ser parte de su patrimonio
- millonarias donaciones del movimiento 'Amigos de Mauricio', que financió su campaña presidencial
- US$250.000 dados por Agrosuministros S.A. de C.V. como préstamo personal
- US$27.000 en gastos de manutención de Diego Funes
Sin embargo, Probidad insiste que se presume enriquecimiento ilícito.
El martes, el mismo expresidente anunció que la CSJ había ordenado la apertura de una causa civil en su contra por no justificar ingresos en su declaración patrimonial.
El exmagistrado de la Corte Suprema Ulises Guzmán explicó que será mediante ese juicio civil que se podría establecer si el exmandatario incurrió en algún delito penal por el eventual uso personal de dineros del Estado.
'Durante el período de funciones (de Funes como presidente) existe la cantidad de US$520.629,74 cuyo origen es desconocido; y con posterioridad al período tampoco existe justificación de US$181.500', señaló la Corte en su resolución.
La Corte también indicó que 'podrá ordenar el secuestro preventivo' de bienes del expresidente, que gobernó entre 2009 y 2014, que incluirían bienes raíces como propiedades inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Funes tampoco podrá hacer traspaso de otros bienes como automóviles.
Funes dijo el martes que la apertura de un juicio civil en su contra por decisión de la Corte Suprema es una 'vendetta política' por su decisión de denunciar casos de corrupción que habrían sucedido a lo largo de los 20 años que gobernó la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Uno de los casos denunciados por Funes fue el del expresidente Francisco Flores (1999-2004), fallecido a finales de enero mientras afrontaba un juicio por la supuesta apropiación de US$15 millones donados por Taiwán. 'Lo encontrado (por la oficina de Probidad) son depósitos en bancos y compras realizadas sin que se hayan descargado de mis salarios como presidente de la República. Tengo en mano documentos que demuestran la procedencia legal de los desembolsos', indicó el expresidente.
La Corte Suprema indicó, sin precisar el tribunal, que será una cámara de San Salvador la que conocerá el caso de Funes.
