La propia fiscal confirmó al diario panameño La Prensa que ya se inició el levantamiento de un inventario de los procesos, a fin de conocer su estatus procesal y determinar si están prescritos o no.
En tanto, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) informó de que solo podrá aplicar pruebas de ADN a 20% de los restos óseos que están en sus depósitos y que se presume pertenecen a desaparecidos del régimen militar.
Sin embargo, familiares de la víctimas insisten en seguir con las investigaciones.
Maritza Maestre, del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, dijo que no cejarán en su empeño de lograr precisar el paradero de sus familiares.
Maestre denunció que las autoridades han desperdiciado mucho tiempo y que esto provocó la desaparición de pruebas y testimonios, y que lo sucedido con los restos óseos depositados en el Imelcf es una prueba de ello.
Anunció que solicitarán una reunión con el presidente, Juan Carlos Varela, para que se reactive la mesa de entendimiento que se instaló en el pasado gobierno y que revisó, sin acuerdos definitivos, varias de sus peticiones.
En busca de la justicia
Transcurridos 47 años desde el golpe militar que derrocó en 1968 al entonces presidente Arnulfo Arias Madrid, y 26 años después del derrocamiento de la dictadura, familiares y amigos de las personas desaparecidas durante el régimen no renuncian a su clamor de justicia ni a recuperar los cuerpos de sus seres queridos.
Y aunque el cansancio y el tiempo están a punto de vencerlos, las madres, hijos y hermanos reclaman la recuperación de los restos de sus parientes, que fueron llevados a cuarteles y lugares de tortura clandestinos sin que hoy se sepa su destino final.
A pesar de la intensidad y la emoción de sus palabras, en los ojos de los miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa HG) se adivina el temor a otra decepción por un proceso que los lleve de nuevo al callejón sin salida de la burocracia judicial y la falta de voluntad política.
Y es que la Procuraduría General de la Nación anunció la semana pasada la designación de la fiscal primera superior, Geomara Guerra de Jones, para que reabra las investigaciones de los 116 casos de personas desaparecidas en la dictadura militar.
Un anuncio que les da esperanza, pero que al mismo tiempo les genera suspicacias, pues han pasado cinco gobiernos de diversas corrientes políticas, e incluso se cumplieron 13 años desde que la Comisión de la Verdad rindió su informe sobre las desapariciones forzadas, y aún no existe claridad sobre el paradero de las víctimas ni de los responsables de sus muertes y desapariciones.
Maritza Maestre y el sacerdote Conrado Sanjur, voceros del Cofadepa HG, reconocieron que el anuncio del Ministerio Público abre una puerta de esperanza para que se haga justicia.
No obstante, admitieron que la tarea no será fácil, ya que se deben completar varias tareas antes de poder judicializar alguno de los expedientes.
Mesa de entendimiento y pruebas de ADN
En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) reposan cajas con 60 restos óseos que se presume corresponden a víctimas de la dictadura. Para identificarlos se requiere hacer una comparación con las muestras biológicas de los familiares de las víctimas.
En 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuso la instalación de una mesa de entendimiento entre el Estado panameño y los familiares de los desaparecidos, luego de que estos últimos presentaran una demanda por denegación de justicia y violación a los derechos humanos.
Durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) se dio forma al proyecto para crear la mesa de entendimiento entre el Estado y los familiares de desaparecidos.
Sin embargo, no fue sino hasta el 30 de diciembre de 2011, a través de la ResolUción 499 del Consejo de Gabinete, cuando se instaló.
Al adherirse a la mesa de entendimiento, el Estado aceptó las exigencias del comité, entre las que figuran el resarcimiento económico, la creación de una plaza de los desaparecidos e incluir en el plan académico de los estudiantes de secundaria una materia sobre los desaparecidos.
En la mesa se acordó, con el respaldo de la Cruz Roja Internacional, contratar a un equipo forense argentino, compuesto por Mercedes Salado, Carlos Vullo y Ute Hofmainer, que realizaría las pruebas de ADN a los restos óseos.
Este grupo efectuó una prueba piloto a los que se creía eran los restos de la joven Marlene Mendizábal, desaparecida junto a su novio, Jorge Enrique Falconet, el 31 de enero de 1976 en Mariato, Veraguas.
Tres días después de su desaparición, el cuerpo de Mendizábal fue encontrado enredado en las raíces de unos árboles, pero el de Falconett nunca fue hallado.
Por el estado de descomposición en que estaba, el cuerpo de Mendizábal no fue sometido a una autopsia, pero un testigo dijo que parecía tener dos tiros. La familia denunció a cuatro personas.
En marzo de 1976, el cuerpo fue exhumado, pero no se le hizo autopsia y el Tribunal Superior de Coclé y Veraguas sobreseyó a los cuatro imputados.
Entre 1977 y 1991 se presentaron peticiones de reapertura del proceso y las dos veces el caso fue archivado.
Los fallos fueron apelados y en 1995 la Sala Penal de la Corte llamó a juicio a dos de los sospechosos, pero ambos fueron absueltos en 1997.
Los padres de Mendizábal afirman que el cuerpo exhumado en marzo de 1976 no es el su hija y por ello pidieron la prueba de ADN.
No obstante, una serie de trabas burocráticas y la falta de refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República dio al traste con la contratación del equipo argentino.
En una cuenta del Banco Nacional de Panamá hay US$45.000 dados por el Gobierno y US$90.000 entregados por el Ministerio Público que serían destinados para los trabajos.
Pero transcurridos casi cuatro años de la instalación de la mesa, a la fecha no hay resultados tangibles, en los que se demuestre que el
Estado tiene voluntad de cumplir con algunas de las propuestas presentadas.
En este sentido, ambos voceros de Cofadepa HG opinaron que ninguno de los representantes del Estado en la mesa tiene poder de decisión y que las reuniones para llegar a acuerdos son muy espaciadas.
"Estamos decepcionados del poco interés mostrado por los funcionarios para llegar a acuerdos", enfatizaron.
Sanjur y Maestre aseguraron que ahora se ha decidido que los análisis de ADN se efectúen en el Imelcf y que los fondos del BNP sean usados para hacer las pruebas e iniciar el proceso de identificación.
Detallaron que también se ha solicitado el asesoramiento de un antropólogo forense peruano y de la Fundación de Antropología de Guatemala, que tiene una amplia experiencia en esta materia.
No obstante, indicaron que poner en marcha todos estos mecanismos no será una tarea fácil y que el comité deberá hacer su mejor esfuerzo para no dejar pasar esta oportunidad.
Sanjur dijo que el comité no renuncia a la necesidad de que se hagan nuevas excavaciones para ubicar restos de desaparecidos, aunque reconoció que muchos sitios en donde la Guardia Nacional hacía sus operaciones secretas han desaparecido, como lo son el Cuartel de Los Pumas en Tocumen, hoy ocupado por un aeropuerto; la casa de la Charquita en Miraflores, Betania; y el cuartel de Farallón, hoy ocupado por un hotel.
MP inicia pesquisas
La fiscal segunda superior, Geomara Guerra de Jones, a quien se asignó el trabajo de investigar lo ocurrido con los 116 casos de desaparecidos en la dictadura, reveló que ya inició el proceso de ubicación de los expedientes y su estatus judicial, para proceder al análisis y determinar las posibilidades de reapertura o continuidad de las investigaciones.
La funcionaria reconoció que esto implica un enorme esfuerzo de trabajo y tiempo para recomponer hechos que ocurrieron hace 40 años y en los que puede queden pocos testigos que brinden una versión.
No obstante, advirtió que hará su mejor esfuerzo y para ello ya ha gestionado reuniones con los miembros del Cofadepa HG y del Imelcf, que como se dijo se encargará del análisis científico de los restos humanos.
La funcionaria detalló que se ha solicitado información al órgano Judicial y a las fiscalías del MP que han tramitado expedientes de personas muertas o desaparecidas en la dictadura.
A la vez, estimó que en estos casos se requerirá de mucha colaboración de personas que posean información y algún tipo de documentación sobre las muertes y desapariciones registradas en esa época.
Fuentes judiciales aportaron a este diario un listado de 10 casos abiertos por el MP, en los que los tribunales de justicia decretaron el sobreseimiento provisional o definitivo de las sumarias.
En casi la totalidad de estos expedientes, las fiscalías solicitaron el sobreseimiento provisional de los procesos en espera de pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos o por la falta de ubicación de los presuntos responsables.
Otro motivo por el cual algunos de estos casos fueron cerrados fue por fallos de prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido.
En enero de 2007, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el caso de la desaparición de Cruz Mojica Flores, en el que se plantea que los casos de muerte y desaparición forzada no prescriben y se deben tramitar.
