Por El Mundo (El Salvador)
Casi el 60 % de la deuda previsional a valor presente, es decir, los recursos que el Estado deberá aportar para pagar las pensiones en los próximos años, se concentra en beneficios adicionales financiados por las arcas públicas, indican datos del Ministerio de Hacienda.
Según el documento que Hacienda presentó a diputados de la Asamblea Legislativa, en donde se incluye la propuesta de reforma al sistema previsional; el déficit actuarial estimado con datos hasta diciembre de 2013 es de US$24.085,19 millones. Es decir, este es el monto que, se calcula, se necesitará para pagar las pensiones durante los próximos 120 años, a partir de 2015.
Según los datos, el 58,45% del déficit actuarial proviene de los Certificados de Traspaso Complementario (CTC), los beneficios para los llamados "optados B", y el pago de la pensión mínima.
La mayor parte corresponde a los beneficios de los "optados B", que representan el 31,98% del déficit actuarial, equivalente a US$7.731,48 millones.
Los "optados B" son los que decidieron migrar del Sistema Público de Pensiones (SPP) al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). El decreto 100, que entró en vigor en 2006, les concede una pensión vitalicia calculada de la misma forma que para aquellos que se quedaron en el SPP.
El pago de las pensiones mínimas representa el 26,35 % del déficit, es decir, US$6.346,18 millones. Esta es otorgada por el Estado a aquellos jubilados del SAP que agoten el saldo de su cuenta de ahorro para pensiones.
Por su parte, los CTC representan el 0,12% del déficit actuarial, equivalente a US$29,2 millones, señalan los datos oficiales.
Los CTC se otorgaron a aquellos afiliados que migraron del SPP (compuesto por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP, y la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS), al SAP (integrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP).
El CTC brindaba una primera pensión equivalente a la que hubiera recibido el afiliado en el SPP, y el resto se ajustaba con el esquema de renta programada del SAP. Pero, en 2006, el decreto 100 sustituyó el CTC y los Certificados de Traspaso (CT) por un beneficio permanente que se equipara al que ofrece el SPP.
En total, estos tres beneficios "adicionales subsidiados por el Estado", afirma Hacienda, implican que se deben tener US$14.077,66 millones para los próximos 120 años.
Las estimaciones presentadas por Hacienda a los diputados señalan que solo entre 2015 y 2015, la deuda previsional a valor presente alcanza US$17.828 millones.
SOSTENIBILIDAD
Según el documento "Sistema previsional de El Salvador. Diagnóstico y Evaluación de Escenarios", realizado por el Gobierno anterior para tener una base técnica sobre la cual discutir una reforma previsional, advierte que los CT y los CTC otorgados a quienes migraron del SPP al SAP afectaron la sostenibilidad del esquema.
"Los decretos legislativos 1217 y 100 acrecentaron significativamente el costo de transición derivado del diseño original del SAP, afectando de manera negativa la sostenibilidad del sistema y agudizando la presión sobre las finanzas públicas", indica el informe.
Los datos que presentó Hacienda a la Asamblea indican que los compromisos del Estado derivados de la reforma de 1998 representan US$10.007,53 millones del déficit actuarial.
Estas obligaciones, más las adquiridas con la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que son comprados obligatoriamente por las AFP con el dinero de los trabajadores, para que el Estado pague las pensiones públicas; son parte de los factores que han motivado el diseño de una nueva reforma al sistema previsional.
Sin embargo, el fiscal no es el único reto del esquema, ya que poca población activa tiene cobertura previsional.
La reforma
Hacienda propone un sistema mixto de pensiones con cuatro pilares
Reparto contributivo
Operará junto al privado. Si los ingresos de una persona no superan los dos salarios mínimos, sólo podrá cotizar en este pilar. Si superan ese umbral, aportaría el 14 % de dos salarios mínimos al público, y 14 % del resto de sus ingresos al privado.
Capitalización
Es el fondo privado, que operará como el SAP. Con el salario mínimo vigente, si una persona gana US$484.80, cotizará el 14 % al pilar de reparto. Si gana US$1.000 aportará el 14 % de $484.80 al fondo de reparto; y el 14 % del resto será para este pilar.
Ahorro voluntario
Sobre este pilar, Hacienda únicamente indicó que operará bajo condiciones especiales, "tal como existe actualmente". Según la ley del SAP, Las cotizaciones obligatorias y voluntarias se abonan a una misma cuenta de ahorro previsional.
SOLIDARIO NO CONTRIBUTIVO
Este fondo brindará apoyo financiero a la población mayor de 70 años que vive en situación de vulnerabilidad. Absorberá la Pensión Básica Universal (PBU) y el documento presentado a los diputados indica, sin dar detalles, que se alimentará con una contribución especial.
Casi el 60 % de la deuda previsional a valor presente, es decir, los recursos que el Estado deberá aportar para pagar las pensiones en los próximos años, se concentra en beneficios adicionales financiados por las arcas públicas, indican datos del Ministerio de Hacienda.
Según el documento que Hacienda presentó a diputados de la Asamblea Legislativa, en donde se incluye la propuesta de reforma al sistema previsional; el déficit actuarial estimado con datos hasta diciembre de 2013 es de US$24.085,19 millones. Es decir, este es el monto que, se calcula, se necesitará para pagar las pensiones durante los próximos 120 años, a partir de 2015.
Según los datos, el 58,45% del déficit actuarial proviene de los Certificados de Traspaso Complementario (CTC), los beneficios para los llamados "optados B", y el pago de la pensión mínima.
La mayor parte corresponde a los beneficios de los "optados B", que representan el 31,98% del déficit actuarial, equivalente a US$7.731,48 millones.
Los "optados B" son los que decidieron migrar del Sistema Público de Pensiones (SPP) al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). El decreto 100, que entró en vigor en 2006, les concede una pensión vitalicia calculada de la misma forma que para aquellos que se quedaron en el SPP.
El pago de las pensiones mínimas representa el 26,35 % del déficit, es decir, US$6.346,18 millones. Esta es otorgada por el Estado a aquellos jubilados del SAP que agoten el saldo de su cuenta de ahorro para pensiones.
Por su parte, los CTC representan el 0,12% del déficit actuarial, equivalente a US$29,2 millones, señalan los datos oficiales.
Los CTC se otorgaron a aquellos afiliados que migraron del SPP (compuesto por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP, y la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS), al SAP (integrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP).
El CTC brindaba una primera pensión equivalente a la que hubiera recibido el afiliado en el SPP, y el resto se ajustaba con el esquema de renta programada del SAP. Pero, en 2006, el decreto 100 sustituyó el CTC y los Certificados de Traspaso (CT) por un beneficio permanente que se equipara al que ofrece el SPP.
En total, estos tres beneficios "adicionales subsidiados por el Estado", afirma Hacienda, implican que se deben tener US$14.077,66 millones para los próximos 120 años.
Las estimaciones presentadas por Hacienda a los diputados señalan que solo entre 2015 y 2015, la deuda previsional a valor presente alcanza US$17.828 millones.
SOSTENIBILIDAD
Según el documento "Sistema previsional de El Salvador. Diagnóstico y Evaluación de Escenarios", realizado por el Gobierno anterior para tener una base técnica sobre la cual discutir una reforma previsional, advierte que los CT y los CTC otorgados a quienes migraron del SPP al SAP afectaron la sostenibilidad del esquema.
"Los decretos legislativos 1217 y 100 acrecentaron significativamente el costo de transición derivado del diseño original del SAP, afectando de manera negativa la sostenibilidad del sistema y agudizando la presión sobre las finanzas públicas", indica el informe.
Los datos que presentó Hacienda a la Asamblea indican que los compromisos del Estado derivados de la reforma de 1998 representan US$10.007,53 millones del déficit actuarial.
Estas obligaciones, más las adquiridas con la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que son comprados obligatoriamente por las AFP con el dinero de los trabajadores, para que el Estado pague las pensiones públicas; son parte de los factores que han motivado el diseño de una nueva reforma al sistema previsional.
Sin embargo, el fiscal no es el único reto del esquema, ya que poca población activa tiene cobertura previsional.
La reforma
Hacienda propone un sistema mixto de pensiones con cuatro pilares
Reparto contributivo
Operará junto al privado. Si los ingresos de una persona no superan los dos salarios mínimos, sólo podrá cotizar en este pilar. Si superan ese umbral, aportaría el 14 % de dos salarios mínimos al público, y 14 % del resto de sus ingresos al privado.
Capitalización
Es el fondo privado, que operará como el SAP. Con el salario mínimo vigente, si una persona gana US$484.80, cotizará el 14 % al pilar de reparto. Si gana US$1.000 aportará el 14 % de $484.80 al fondo de reparto; y el 14 % del resto será para este pilar.
Ahorro voluntario
Sobre este pilar, Hacienda únicamente indicó que operará bajo condiciones especiales, "tal como existe actualmente". Según la ley del SAP, Las cotizaciones obligatorias y voluntarias se abonan a una misma cuenta de ahorro previsional.
SOLIDARIO NO CONTRIBUTIVO
Este fondo brindará apoyo financiero a la población mayor de 70 años que vive en situación de vulnerabilidad. Absorberá la Pensión Básica Universal (PBU) y el documento presentado a los diputados indica, sin dar detalles, que se alimentará con una contribución especial.
