Claves Del Día
Fecha de publicación: 2015-07-31
Un porcentaje significativo del empleo público destruye valor, máxime cuando además de labores burocráticas y de servicios tradicionales del Estado su actividad y abusos se extienden a actividades productivas.

Excesos y abusos del empleo público en Costa Rica

Una burocracia estatal es necesaria para el desarrollo de las naciones, algo que no ocurre en Costa Rica, donde parte de la misma es destructora de valor económico, social y ambiental, plantea Roberto Artavia.

Por: Roberto Artavia*

En una economía moderna la creación de valor económico, social y de condiciones para la sostenibilidad son elementos indispensables de la estrategia nacional. Para lograr que una nación sea estable en términos macroeconómicos, competitiva en términos microeconómicos; eficiente en convertir el crecimiento en progreso social; y eficaz en conservar su base de recursos para las siguientes generaciones, es indispensable manejar los recursos con un claro sentido de responsabilidad, eliminando funciones que no contribuyan a estos objetivos, así como desperdicios de materiales, energía y recursos naturales.

Es importante también que aquellas funciones que no contribuyen a crear valor sean minimizadas y, en la medida de lo posible, eliminadas. Para esto pueden contribuir la simplificación de procesos que se logra con mayores aplicaciones de tecnología, por medio de innovación en el diseño o por la integración de procesos que antes se debían mantener separados. En particular, temas tradicionales de la logística, como el mantenimiento de inventarios, la realización de traslados, y la creación de filas y esperas innecesarios son claros destructores de valor.

Por ejemplo, pedirle a un ciudadano que se movilice al centro de la ciudad para obtener una certificación que debe luego ser presentada en otra institución, es una actividad que destruye valor, pues lo mismo se puede lograr por medios electrónicos –acceso por telefonía móvil, acceso por internet, o un call center de servicios– sin traslados, sin filas ni esperas y logrando lo mismo en términos de documentación y control. Hacerlo por medios tecnológicos permite eliminar traslados, inventarios de documentos, esperas y filas, además del tiempo productivo perdido por el ciudadano en cuestión.

El trámite descrito inicialmente destruye valor económico: consume tiempo productivo, genera costos directos, en combustibles y desgaste de motores, de papel, y tiempo de funcionarios innecesarios en la institución emisora y receptora; destruye valor social: tiempo personal perdido, traslados innecesarios, esperas que causan tensión para el ciudadano; y hasta destruye valor ambiental con consumo innecesario de energía y papel, cuando menos.

Una buena parte de la burocracia es destructora de valor económico, social y ambiental.

Puestos de trabajo que ya no crean si no que destruyen valor; sobrediseño de proyectos de inversión –entiéndase gastos excesivos y retrasos en proyectos de inversión pública-; y pérdidas de tiempo productivo, calidad de vida y sostenibilidad para el ciudadano son característicos de la burocracia estatal y de la prestación de servicios públicos hoy.

Si a esto le agregamos resistencia al cambio hacia ideas como un sistema de evaluación de desempeño y transparencia en las compras de sector público; y premios injustificables como pagos en exceso por dedicación exclusiva, excelencia en desempeño -otorgado a todos sin mecanismo de evaluación real que lo justifique- y beneficios que se han negociado a través del tiempo y que en muchos casos duplican el monto del salario final; vemos que una buena parte de la burocracia no solo destruye valor sino que lo hace de manera abusiva con las finanzas públicas.

Una burocracia estatal es necesaria para el desarrollo de las naciones. Una burocracia y otras formas de empleo público que por medio de su trabajo sea creadora de seguridad, control, transparencia, equidad, educación, salud, justicia y otros valores reales que –cuando son prestados de manera eficiente- son apreciados por la ciudadanía general, por el sector productivo y la sociedad civil organizada.

Sin embargo éste no es el caso en Costa Rica hoy.

Un porcentaje significativo del empleo público destruye valor, máxime cuando además de labores burocráticas y de servicios tradicionales del Estado su actividad y abusos se extienden a actividades productivas como la generación y distribución de electricidad y telecomunicaciones, el diseño y construcción de infraestructura, la intermediación financiera, la distribución de combustibles y las operaciones portuarias –para citar solo algunos ejemplos-.

Por ejemplo, RECOPE, la empresa estatal que importa y distribuye combustibles, sin refinar ni una gota de petróleo, emplea más de 1.800 trabajadores, más de la mitad injustificables desde cualquier punto de vista cuando se compara con empresas privadas que movilizan el mismo volumen con una fracción de esa planilla.

Si a todo lo anterior le agregamos los pagos excesivos que se realizan en su favor y el gasto excesivo que se realiza por su gestión de empresas, inversiones y proyectos, se llega a la conclusión de que una buena parte de la pérdida de competitividad, de calidad de vida, de estabilidad macroeconómica, de sostenibilidad y de gobernabilidad se debe precisamente a los excesos y abusos del empleo público en el país.

*Presidente Fundación Latinoamérica Posible

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