"Han llamado a las rutas (...) se puede trabajar", dijo este mediodía, el representante de Rutas Unidas, Juan Pablo álvarez. Las llamadas telefónicas que empezaron a recibir los transportistas a mitad de la mañana eran de los mismos grupos delincuenciales que ordenaron el sabotaje al servicio de transporte, explicó álvarez.
El dirigente expuso que el servicio ha comenzado a normalizarse en el área Metropolitana de San Salvador, sin embargo desconoce si esas llamadas también se han hecho a otras rutas como las que dan el servicio en Zacatecoluca, La Paz. "Se verá si es cierto (que los delincuentes quitaron la amenaza) en el hecho de que no haya más víctimas mortales", dijo Alvarez, publicó El Diario de Hoy.
El Gobierno salvadoreño aseguró este jueves que "lo peor" de la crisis generada por el "boicot" de las pandillas al servicio del transporte público "ha pasado ya", gracias a las medidas de seguridad que ha implementado el Estado. Los transportistas suspendieron el servicio el pasado lunes bajo la amenaza de la pandilla Barrio 18, cuyos miembros asesinaron a 7 chóferes y un usuario desde el domingo.
En respuesta, el Gobierno desplegó un plan de contingencia que incluyó el despliegue de militares y tanquetas en apoyo a la Policía, además de transporte alternativo para los usuarios.
El portavoz del Gobierno salvadoreño, Eugenio Chicas, quien aseguró que el servicio de transporte al noreste de la capital tiene un 50 % de operatividad, manifestó que "lo peor ha pasado ya, (…) se está desmontando (el paro), está disminuyendo el fenómeno sensiblemente". Agregó que durante los primeros tres días del paro detuvieron sus labores entre 142 y 122 rutas, de las 1.131 que posee el país.
El Gobierno indicó al gremio de transporte que "debe cumplir" retomar sus labores, porque está "montado el dispositivo de seguridad", y advirtió que de lo contrario "van a ser sancionados".
El presidente de la Asociación de Transportistas Públicos (ATP), Roberto Soriano, dijo que la "propuesta de la mayoría de los empresarios" del transporte es que se mantenga permanentemente una "protección a conductores" y que no solo sea una "medida transitoria para salir del problema".
Pese a la tendencia a la normalidad, la población sigue utilizando el transporte alternativo privado y las unidades públicas dispuestas por el plan de contingencia para trasladarse a sus destinos, aunque, poco a poco, los autobuses se van llenando.
A pesar de la paulatina normalización, el Gobierno mantiene un dispositivo de seguridad que incluye la vigilancia de unidades por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados, además del despliegue de tanquetas en la capital salvadoreña. También continua, aunque con menor intensidad, la congestión generada por la saturación de vehículos particulares en las principales calles de acceso a San Salvador.
El plan de contingencia que desplegó el Ejecutivo de seguridad y transporte, con 60 autobuses, 29 microbuses y 45 camionetas, continuará vigente hasta mañana, día en que el Gobierno espera que se haya retomado la normalidad previa al paro.
Así lo manifestó el viceministro de Transporte, Nelson García, quien dijo que espera que "al finalizar este día, el transporte colectivo se normalice en su totalidad", para que la población no tenga más "inconvenientes" para movilizarse mañana.
El Gobierno acusó a los pandilleros del Barrio 18, facción Revolucionarios, de ser los "principales responsables" del "sabotaje" de los últimos días al servicio de transporte para presionar al Ejecutivo para alcanzar "algún tipo de pacto". El Ejecutivo insistió en que "no cederá" frente a las pandillas, a las que se responsabiliza de la mayoría de los homicidios, que se dispararon un 55,7% en el primer semestre de este año, con un total de 2.865.
La "regularización" de transporte en El Salvador se da después de que el presidente salvadoreño viajase ayer a Cuba para un "chequeo" médico de "rutina" y atender "otros asuntos".
La crisis actual tiene un precedente en octubre de 2010, durante el mandato del experiodista Mauricio Funes, cuando las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 "ordenaron", también bajo amenazas de muerte, un paro de 3 días para presionar al Gobierno a vetar la ley antipandillas aprobada en el Parlamento ese mismo año.
