El Salvador es hoy un país amarrado por una de las cadenas más fuerte que parece definir el ADN de su sociedad: la polarización. Este quiebre de la sociedad se viene profundizando y está generando tres poderosos fenómenos psicosociales que, a esta altura, condicionan su estabilidad. Hablamos de una suerte de parálisis colectiva, desidentificación del ciudadano con su par connacional y quiebre del tejido social con exacerbación del individualismo. En este contexto, encontrar el punto medio de la realidad, ajustado a verdad y coherencia intelectual es un reto, pero vamos a intentar transitarlo.
Lo irrefutable
Cualesquiera sean los prismas que se usen -el de la izquierda del FMLN gobernante, o el de la derecha del 50% de la sociedad que no votó al partido oficial- hay realidades irrefutables que no se pueden dejar de observar:
* El mes de mayo cerró con 614 homicidios, según cifras del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, y sólo entre el 1 y el 4 de junio pasado se sumaron 106 asesinatos más. Desde el siglo pasado no se veían cifras similares. Es preciso acotar: se trata de un país que no está en guerra.
* Las grandes empresas, pequeños empresarios, emprendedores y cuentapropistas deben asignar un costo fijo al pago de extorsiones a los pandilleros, para que los dejen operar con normalidad. Según datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) el sector privado pierde hasta US$18 millones anuales por este flagelo, y el dato sólo computa lo que se denuncia.
* De acuerdo a cifras de la OIT, el 66% de la Población Económicamente Activa (PEA) labora en el sector informal, de los cuales el 44% se encuentra en la pobreza. El sistema educativo en los niveles básico y medio es incapaz de retener a los jóvenes. Hay una deserción del 70%; solo el 15% de quienes ingresan al sistema educativo llegan a nivel superior.
* El 2015 terminará con un crecimiento levemente superior al 2%, "lo que significa que el país sigue atrapado en el círculo de bajo crecimiento, baja inversión, bajo empleo y bajos ingresos", como lo advierte el think tank INCIDE. Y esto ocurre en una economía donde la deuda pública ya representa más del 60% del PIB, donde la inversión extranjera apenas superó los US$200 millones el año pasado (la nacional está paralizada), y donde se pierden anualmente US$1.200 millones vía elusión fiscal (este dinero supone 60 veces la inversión en infraestructura para escuelas o 10 veces la inversión en infraestructuras sanitarias, según cálculos de Oxfam)
Claramente, El Salvador está en problemas. Hay una crisis de seguridad de carácter estructural, una crisis social producto de una economía en punto muerto ( y probablemente por la ausencia de un modelo de desarrollo planificado y consensuado) y una crisis fiscal creciente, gestionada por un Estado que parece no darse cuenta que está ‘bailando sobre la cubierta del Titanic’: en 2014 destinó a gasto corriente US$3.667,5 millones (76% más que hace una década). Difícilmente un país salga adelante en base a la "inversión" en burocracia estatal.
Locura de violencia contra choferes de autobuses
¿Quién se hace cargo?
Sin dudas, las responsabilidades empiezan en el gobierno. Sin embargo, la situación del país es tan compleja, estructural y límite que no alcanzaría con focalizar los problemas en la gestión del gobierno de Salvador Sánchez Cerén (el segundo consecutivo de la izquierda del FMLN) y que acaba de cumplir un año en el poder. A la complejidad del escenario actual concurren: deudas y errores arrastrados de gobiernos anteriores; diferencias ideológicas históricas que no logran sintetizarse en una visión de país común y ni siquiera en un ideario nacional compartido; la radicalización de un sector del empresariado que decidió hace un quinquenio congelar sus inversiones en el país; el recrudecimiento del crimen transnacional (que viene agobiando a todo el Triángulo Norte) y, frente a ello. una sociedad invadida por el desgano, cada vez más enfrentada entre sí y con una única demanda que parece unificarla en un grito común: "basta de violencia".
"Estoy convencido que el crimen organizado nacional, entre ellos las maras, en articulación y connivencia con el crimen trasnacional organizado son los interesados en que se profundice el sangrado social existente, con el alto número diario de homicidios. Esta nueva etapa de violencia delincuencial ha tenido, lamentablemente, un asidero en las fallidas políticas públicas anti-delincuenciales desde la ‘Mano Dura’, pasando por la ‘Súper Mano Dura’, hasta la ‘Tregua con las pandillas’, gobierno tras gobierno", analiza el politólogo salvadoreño y especialista en temas internacionales, Napoleón Campos.
Sánchez Cerén se apartó de la estrategia de tregua con las organizaciones mareras, que su antecesor Mauricio Funes había iniciado a través de un poco transparente diálogo con los criminales. "En el primer año de gobierno se consolidó el cambio en los patrones de violencia que venían registrándose a partir de un mayor control territorial por parte de los grupos delincuenciales. Ante este escalonamiento y agravamiento de la inseguridad y del crimen, el gobierno respondió de manera tardía", señala un informe del think tank INCIDE, que dirige el economista Alex Segovia.
Alejado de la opción de la tregua con los criminales, Sánchez Cerén desplegó una serie de medidas con distinta suerte. En el primer semestre de su gobierno creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y la Policía Comunitaria. En el segundo semestre apretó aún más el paso creando los batallones especiales del ejército. "Sin embargo, todavía no se ha definido una estrategia gubernamental consistente y coherente de lucha en contra la inseguridad y el crimen, y persiste el problema del liderazgo en esta área tan estratégica", apunta INCIDE.
El Plan El Salvador Seguro es producto del trabajo del Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por diferentes sectores de la sociedad, incluido el sector privado. "La cohesión, armonía y buena disposición mostradas por el Consejo ha permitido conjuntar a todos los sectores de la vida nacional hacia un mismo objetivo, habiendo logrado por primera vez en la historia reciente del país un plan realmente consensuado e integrado", indicó el representante residente en El Salvador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Roberto Valent, quien forma parte del Consejo.
El punto crítico es que el Plan (que contiene 124 acciones prioritarias y urgentes, de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la violencia y la criminalidad) requiere financiamiento. "Un mínimo, y para los próximos cincos años, de alrededor de US$2.000 millones adicionales a los recursos que ya se invierten por los diferentes sectores de la sociedad, empresa privada, iglesias, organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional y el Estado", aseguró Valent. ¿Y ese dinero, está? El gabinete de seguridad avaló destinar US$100 millones en bonos para el sector seguridad, este pasado 9 de junio, los cuales son parte de una emisión mayor -de US$900 millones- para varios rubros, no solo seguridad, aprobada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el 10 de junio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dejó en stand by esa emisión al aceptar una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona la forma en que se llegó al quórum necesario para votar ese endeudamiento.
Desfinanciamiento y desconfianza
Mientras el desfinanciamiento amenaza a un gobierno que despierta desconfianza por la forma en que gestiona el gasto y por sospechas de anidar bolsones de corrupción que licúan la efectividad de los fondos públicos, la violencia descontrolada y la inacción del Estado ponen al país en riesgo de eclosión.
La falta de una visión común y de consenso (en estrategias, financiamiento, prioridades y esfuerzos compartidos) para enfrentar el enorme enemigo que tiene enfrente, debilita la capacidad de resistencia de "el Pulgarcito" como se ha llamado históricamente a este país. "El país se vuelve humanamente inviable con la sangría social existente", advierte claramente el politólogo Napoleón Campos. A juicio del experto, el crimen trasnacional organizado sabe "mover cintura" ante cada movimiento táctico de los gobiernos y de la comunidad internacional para contrarrestarlos.
El problema específicamente con El Salvador es que el nivel de captura y detención de cargamentos de drogas y de traficantes es relativamente bajo en comparación con los países vecinos, porque durante las últimas décadas las sucesivas autoridades gubernamentales han argumentado que El Salvador no es corredor del tráfico internacional de estupefacientes.
Ahora, ante este nuevo escenario previsible, dado el combate, junto al refuerzo estadounidense, en Guatemala y Honduras contra el narcotráfico, ¿se seguirá sosteniendo ese argumento? Aunque, aquí hay más preguntas por hacer: ¿A qué intereses está conviniendo simular que en El Salvador no corre el narcotráfico? ¿Quiénes y por qué no están queriendo ver que las maras se convirtieron en el ejército de ese poder transnacional y que están pertrechados de modo que amedrentarían a cualquier ejército? ¿Quiénes se están beneficiando de las millonarias ganancias del narcotráfico en el país y de las "ventajas colaterales" que generan el caos y la violencia en un Estado debilitado?
Hoy, El Salvador enfrenta un problema recrudecido de violencia urbana (producto de la ruptura del tejido social por falta de oportunidades y de políticas sociales sustentables de largo plazo) combinada con la violencia transnacional que usa el "fenómeno mara" a su favor. "Quienes han pretextado contener la represión directa contra el crimen, algunos invocando el respeto a los derechos humanos, tienen ahora el desafío de poner en primer lugar precisamente el respeto al derecho humano esencial que es la vida de las víctimas de esta violencia", dice Campos.
Falta de diálogo
Una de las mayores desinteligencias de la Administración Sánchez Cerén (causa probablemente de buena parte de la ataduras que se autoinfligió) es la falta de diálogo con el sector privado y de una hoja de ruta para avanzar en conjunto una agenda de consenso para el desarrollo.
El punto es crítico considerando de que se trata, también, de uno de los sectores empresarios más confrontativos de la región. Se oponen, por caso, a que el gobierno cree una Comisión para Asuntos Laborales en la órbita presidencial, que tendría como objetivo dialogar con el sector sindicial y garantizar el fortalecimiento de estas organizaciones y su participación en las transformaciones del país, algo que es auspiciado mundialmente por la OIT como parte de la cultura denominada "Trabajo Decente", y que en muchos países desarrollados ha permitido el progreso equilibrado de sus sociedades a partir del diálogo tripartito (gobierno, sindicatos, empresas).
"La crispación entre los empresarios y el Presidente ciertamente evidenció una sensible disminución en el primer año de gobierno en comparación con el quinquenio anterior. Sin embargo, el sector privado reprueba la falta de diálogo en la discusión de la reforma tributaria, en la aprobación del proyecto de presupuesto 2015 y en la aprobación del endeudamiento público", afirma Fusades, en su documento de evaluación del primer año de gobierno.
Pero ahí no se agota la fuente de conflictos. Para el sector privado, la agenda de temas que fueron incrementando la tensión en la relación bilateral se completa con: el desacuerdo por la posible incorporación del país a Petrocaribe, la falta de seguridad jurídica (con el politizado caso CEL-ENEL, como piedra de discordia) y lo que considera "actitud confrontativa" del gobierno respecto de la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia, CSJ).
Más allá de lo nutrida que pueda estar esa agenda, lo cierto es que hay un tema crucial que agudiza el enfrentamiento entre las empresas y el gobierno: la reforma impositiva necesaria para sacar al fisco salvadoreño de la postración en que se encuentra. El tema debería quedar encuadrado en el marco del fortalecimiento del Estado para que cumpla sus funciones y genere las condiciones de competitividad que el sector privado necesita a través de obras de infraestructura. Sin embargo, el tema está empantanado por el recelo de los empresarios respecto del gobierno y la agresividad de la persecución que el fisco hace sobre las empresas.
En recientes declaraciones a medios locales, el empresario más dialoguista de la comunidad de negocios salvadoreña, Roberto Murray Meza (líder de Agrisal) puso algo de coherencia a esta situación: "Creo que el Estado tiene una obligación política y legal de manejar el gasto público de una forma efectiva, eficiente y transparente, pero también como empresarios y como sociedad tenemos que entender que las carencias sociales de este país son tan grandes que es necesario tener una recaudación más efectiva". A juicio de Murray Meza, "debe haber menos evasión de impuestos y más contribuyentes. No necesariamente impuestos más altos, pero pueden haber nuevos impuestos; pero, sería triste -enfatizó- que continuáramos aumentando las tasas sin mejorar la administración fiscal porque entonces no hay a quién responderle por el aumento a sus impuestos",
La carga tributaria de El Salvador llega al 15% del PIB y el sistema impositivo tiene sesgo regresivo, pues el 65% de los ingresos provienen de impuestos indirectos (IVA) que penaliza el consumo de bienes y servicios, y el 35% restante de impuestos directos. Desde la perspectiva de la técnica tributaria, se hace evidente que existe algún margen para sofisticar el sistema de recaudación en función de un modelo de desarrollo sostenible para el país.
¿Quién debe hacer el esfuerzo? Las élites políticas y empresarias, quizá, tengan algo para decir al respecto. élites que desde la política (en dos gobiernos sucesivos del FMLN) han construido riqueza personal y corporativa a través del nuevo complejo empresarial ALBA Petróleos. Las élites que dominan la Asamblea Legislativa (donde se pagan más de US$150.000 mensuales en sueldos para asesores que no rinden resultado de su gestión). Y también las élites empresarias: en El Salvador hay 160 multimillonarios, cuya fortuna conjunta alcanza los US$21.000 millones (87% del PIB), según datos de Oxfam.
Pérdida de tiempo
Mientras aspectos fundacionales de la organización del Estado y de la definición de un modelo productivo siguen "en debate", El Salvador (no sólo este gobierno, sino el conjunto de la sociedad) está perdiendo tiempo en la ejecución de obras de infraestructura centrales que serían de gran beneficio para un crecimiento geográfico equilibrado. Fusades al respecto lo dice muy puntualmente: "Ciertamente, el gobierno del presidente Sánchez Cerén ha recibido obras estratégicas inconclusas, que iniciaron en los dos quinquenios anteriores". El informe detalla: "El Chaparral y el Puerto La Unión son dos proyectos que se vienen arrastrando desde hace dos gestiones y los avances en la actual administración son escasos". De igual forma, la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor óscar Arnulfo Romero también perfila un futuro incierto, a lo que debe agregarse la demora y dificultades para la implementación del Sistema de Transporte Integrado del área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
Entonces, ¿en qué se basa la economía salvadoreña para crecer? Ante la ausencia de un modelo de desarrollo definido, de palancas que promuevan innovación y redes productivas (algo sobre lo que las economías más avanzadas y los emergentes líderes vienen trabajando intensamente), El Salvador se vale pura y exclusivamente del apoyo internacional: llámese FOMILENIO II, Asocio para el Crecimiento (en alianza con EE.UU.), remesas externas y cooperación internacional para proyectos determinados.
Rodeado de 'Primaveras'
Las clases dirigente de El Salvador probablemente piensen que aún queda hilo en el carretel de la cultura de la polarización, disponible para seguir tejiendo las cadenas de poder y contrapoder, que históricamente han guiado los destinos del país. Sin embargo, el mundo y la región están cambiando drásticamente en cuanto a dinámicas sociales se refiere. Y esto no se puede desconocer ni menospreciar.
La "primavera guatemalteca" que convirtió a las calles de Ciudad de Guatemala en fieles reflejos de la intolerancia social hacia la corrupción y la ausencia del Estado, y el inicio de la disconformidad social en Honduras deberían ser casos testigos de gran valor para el tercer miembro del conflictivo y complejo Triángulo Norte de Centroamérica.
El Salvador tiene un par de puntos a favor: los procesos electorales funcionan con cierto grado de perfeccionamiento y son de exigencia directa (el voto por rostro aproxima lo más posible a electores y elegidos) y la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) está actuando como una instancia de probidad, con ética y objetividad, que descarga de modo efectivo y eficaz las demandas de la sociedad. "La Sala le apuesta a hacerle entender al ciudadano que es el soberano y que por lo tanto puede ejercer control sobre los poderes públicos a través de la instancia que corresponde", afirma el magistrado Sydney Blanco.
Sin embargo, la falta de transparencia en el financiamiento de las campañas políticas y de los propios partidos; sospechas de enriquecimientos ilícitos en el ejercicio de la función pública que son conocidos, más no investigados; la inoperancia del Estado para garantizar la seguridad de la sociedad; la inacción pública ante el crimen organizado transnacional y, fundamentalmente, la ausencia de posibilidades de progresar (razón que empuja a, cada vez más, salvadoreños a emigrar) son caldos de cultivo latentes que pueden hacer detonar el malestar de la sociedad.
Finalmente, hay algo que no se debe olvidar: en lo que va del año, 2.000 salvadoreños cayeron víctimas de las balas.
¿A cuánto más se necesita crezca la estadística para comprender que esto puede terminar muy mal?
* Editora General de Estrategia & Negocios
