Por estas horas las palabras 'ayuda e intervención' resuenan fuertemente en los despachos de gobierno de tres países de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).
Para los estrategas políticos que forman parte de los "núcleo duros" de esas administraciones, lograr el dinero prometido por Estados Unidos a través del programa Alianza para la Prosperidad es tan importante como demostrar a la opinión pública que pueden gestionar las crisis que enfrentan por corrupción, impunidad y violencia, sin sufrir la intervención extranjera.
Sin embargo, la línea que separa el aceptar la "ayuda internacional" del hecho de permitir que "la intervención extranjera" tome el control de los procesos de investigación interna contra la corrupción, ya es muy fina. La sociedad, saliendo a marchar por las calles de las capitales de Guatemala y Honduras, cada semana, en reclamo de gobiernos con probidad moral que respondan por sus intereses, empezaron a diluir la distancia entre "ayuda" e "intervención".
Es más, los grupos movilizados de "Indignados" se están convirtiendo en la vanguardia demandante de comisiones contra la impunidad que sean patrocinadas por las Naciones Unidas.
Todo esto empezó en Guatemala. Cuando el presidente Otto Pérez Molina amagó con echar de su país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), comandada por el colombiano Iván Velásquez Gómez, fue el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, el encargado de "sugerirle" a Pérez Molina que lo mejor para el país era ampliar el mandato de la Cicig, al menos si Guatemala quería seguir adentro de la Alianza para la Prosperidad.
Entonces, el Presidente tomó nota de la "sugerencia", el pueblo guatemalteco tomó el control de las calles y la Cicig empezó a hacer su trabajo como nunca antes. Tanto así que Guatemala ya no tiene vicepresidenta, ni secretario de la Presidencia, ni organismo de recaudación (SAT), por solo citar algunas de las áreas que explotaron por los aires producto de las gangrenas corruptas que anidaban.
Es más, el propio Pérez Molina pende de un hilo porque la Justicia habilitó que se lo someta a un antejuicio, aunque él asegura que no renunciará. Si esto se logró por la "ayuda" o la "intervención" extranjera, a la sociedad de Guatemala probablemente le interesa poco la diferencia.
Al final, este pueblo empezó a ser consciente de su propio poder y del impacto real de su constancia para manifestarse. Ya empezaron a reconocerse como protagonistas de la primera "Primavera centroamericana", y con ello a ser protagonistas de su propio destino.
"Se metieron con la generación equivocada" gritan los millennials chapines que alimentan, semana a semana, las protestas, y ese es un mensaje que empezó a calar hondo en generaciones mayores y a hacer escuela en los más niños. Por ello, familias enteras salen hoy en Guatemala a pelear por un país sin corruptos. Un ejemplo demasiado valioso para los vecinos, que no iba a tardar en contagiarse. Y la "primavera" llegó muy rápidamente a tierras catrachas, y ahora también asoma en tierra salvadoreñas.
Sin duda, en Honduras había terreno fértil para que el descontento prospere: US$300 millones desfalcados al Seguro Social, como punta del iceberg de un sistema de compras estatales corrupto era más que suficiente. Pero allí no quedó todo, sino que empezaron a destaparse más y más casos. El gobierno de Juan Orlando Hernández (hoy por hoy, con el Poder Judicial bajo su control) intenta una vía más políticamente correcta para surfear la crisis y llamó a un "Diálogo Nacional" apoyado por la ONU.
Probablemente, a Hernández le incomoda aceptar tener una "Cicih" en casa. El consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon advirtió: "Sería inteligente para Honduras pedir ‘ayuda’ (...) el modelo Cicig funcionó bien".
Igualmente, la idea de una Comisión contra la Impunidad agita al seno del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, en El Salvador. Tanto, que ante la posibilidad de que se constituya una instancia de este tipo (la cual está siendo evaluada por constitucionalistas, y está siendo impulsada por sectores de la sociedad convocados a través de redes sociales), el FMLN ya habla de intentos de 'golpe de estado'.
¿Ayuda? ¿Intervención? Para la sociedad, el punto es: "no corrupción". Lo otro, a esta altura, es simplemente un dilema de los mercadólogos políticos o de gobiernos no dispuestos a someterse a un Justicia independiente.
* Directora Editorial de Estrategia & Negocios
