A Muadi, del partido derechista CREO, se le vincula con la supuesta creación de 15 contratos de empleados fantasmas en el Poder Legislativo para personal de seguridad de una empresa de su propiedad, explicó en conferencia de prensa la fiscal general Thelma Aldana.
Las investigaciones indican que el fraude ascendería a unos 630.000 quetzales, equivalente a US$80.780.
Se trata de un nuevo caso de corrupción en Guatemala, que desde abril vive entre escándalos desde la revelación de una red de sobornos en las aduanas y de un millonario contrato irregular del Seguro Social por la compra de medicamentos.
Los escándalos han llevado a millares de personas a protestar contra la corrupción y exigir la renuncia del presidente Otto Pérez, mientras que la vicepresidenta Roxana Baldetti debió dimitir por su posible vinculación con la red de sobornos.
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoya la depuración en el sistema judicial, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitar un proceso de antejuicio para retirarle la inmunidad a Muadi.
'Son evidentes los indicios de posibilidad de hechos delictivos, asociación ilícita y peculado por sustracción supuestamente cometidos por el diputado Pedro Muadi', expresó Aldana.
De su lado, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, indicó que se decomisaron documentos contables de las oficinas del Congreso y detuvieron a Claudia Bolaños, secretaria de la empresa y a José Blanco, jefe de seguridad de la compañía.
En otro escándalo, el martes pasado fueron detenidas doce personas, entre exjefes de la policía de Guatemala y contratistas por el fraude de más de US$7 millones en contratos a empresas inexistentes para la reparación de estaciones y vehículos de la institución.
