Las distintas cámaras empresariales han hecho esta mañana un fuerte llamado de atención al Gobierno, reclamando las medidas de cierre de fronteras que han sufrido diversos productos extranjeros en las últimas semanas.
La Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos de Costa Rica (CEIPPCR), Cámara de la Industria Alimentaria (CACIA), Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX), Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México (CICOMEX), Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Cámara Costarricense de Restaurantes (CACORE), y la Asociación Consumidores de Costa Rica, "rechazan categóricamente las políticas proteccionistas impuestas en las últimas semanas por el Gobierno de la República en contra de las importaciones de productos agrícolas al país, que violan principios de legalidad, acuerdos internacionales y que ponen en riesgo el presupuesto familiar en temas de alimentación", apuntan las diversas cámaras en un comunicado conjunto.
Los empresarios denuncian que a causa de estas medidas ya empezaron los despidos de personal de las empresas importadoras, el faltante de productos en el mercado nacional, pérdidas económicas en los diferentes sectores, "y se está generando incertidumbre jurídica en las empresas que invierten y tienen relaciones comerciales con Costa Rica, todo a causa de las medidas prohibitivas impuestas de forma arbitraria por las autoridades, ejercicio errático que asfixia cualquier ánimo de emprendimiento", apuntan los empresarios.
Actualmente, productos agrícolas como el aguacate, miel de abeja, papa, especies varias, carne de cerdo, res, pescado, plátano verde, y chile deshidratado, entre otros, sufren de trabas impuestas a su importación, "lo que provoca pérdidas económicas en todos los sectores importadores, lo ya se ha empezado a traducir en la pérdida de empleos directos e indirectos en dichas empresas".
Para CRECEX, las medidas sanitarias aplicadas por el Gobierno a algunas importaciones del país, aparte de no cumplir con el debido proceso, son consideradas por la cámara como peligrosos obstáculos al comercio internacional por parte del MAG y sus instituciones adscritas.
Los empresarios afirmaron que las instituciones gubernamentales, como el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), "no se apegan a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y criterio técnico al momento de justificar la imposición de cuestionables medidas que a través de la paralización de las importaciones, profundizan la ya muy delicada situación de confianza en las instituciones, y debilitan las posibilidades de generar empleo en el principal sector industrial del país".
Agregan que cuando los jerarcas de las instituciones impulsan lineamientos proteccionistas, incompatibles con la idea de sociedad abierta, se lesiona sensiblemente la institucionalidad y la credibilidad del país, impulsando a los sectores empresariales a paralizar buena parte de sus decisiones de generación de empleo.
José Manuel Hernando, presidente de CACIA, afirma que su cámara "exige al gobierno que replantee la visión de intervencionismo público en el mundo empresarial, y cese el sistemático debilitamiento de la institucionalidad y legalidad que ampara las transacciones propias de la libertad de comercio".
Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, apunta que "las barreras arancelarias y las políticas incongruentes afectan directamente al sector comercial al maximizar su situación crítica, lo que también encarece la economía costarricense, y es uno de los principales causantes de desaliento de la inversión y por ende del empleo. Reiteramos nuestra preocupación al comprender que dichas implicaciones y las trabas antes mencionadas, podrían generar contrabando de mercancías sujetas a estas restricciones. Para la Cámara de Comercio es prioridad revertir la marcada desaceleración que viene sufriendo el sector. Por lo tanto, hacemos un llamado a la congruencia, de tal manera que todas las políticas tengan como mismo fin contribuir a mejorar el clima de negocios, la confianza de los distintos sectores, y la generación de empleo".
