Los gremios empresariales panameños llaman la atención sobre el irrespeto a la seguridad jurídica para la inversión extranjera y advirtieron que el Gobierno muestra un país inestable al mundo, lo cual resta competitividad.
El Gobierno decidió suspender temporalmente el proyecto de Barro Blanco, ubicado dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, por presiones de la comunidad indígena que argumenta recurrentes fallas administrativas y el manejo inadecuado en la obra por parte de Genisa.
A pesar de que los indígenas se oponen al proyecto, el próximo 18 de mayo definirán junto al Gobierno el futuro de la hidroeléctrica bajo una administración diferente a Genisa y establecerán una comisión técnica para estudiar el tema.
Por su parte, Genisa informó mediante un comunicado que "solicita que toda acción que se tome en torno a Barro Blanco sea apegada y en respeto al marco jurídico ya establecido en las leyes de Panamá y de los acuerdos internacionales de promoción de inversión".
Reiteró su disposición de continuar con el diálogo, a fin de buscar en conjunto una solución justa.
Recordó que el proyecto fue concesionado mediante una subasta pública internacional en 2007, como parte del Plan de Desarrollo Energético de Panamá. Agregó que hizo una inversión a largo plazo cumpliendo con las leyes nacionales.
Peligra la seguridad
Ante la determinación del Gobierno, los empresarios muestran su oposición por la imagen negativa que proyectaría el país.
"Un país sin seguridad jurídica con un mercado de libre oferta y demanda está definitivamente condenado", enfatizó Elisa Suárez, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
"Lo que está sucediendo con Genisa nos resta competitividad, porque la seguridad jurídica para la inversión extranjera es indispensable. El Gobierno tiene que asegurarnos que las reglas del juego están claras y que no se van a cambiar en la mitad de los procesos", recalcó Suárez.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), José Luis Ford, señaló que "la fórmula que plantea el Gobierno no es la correcta porque la seguridad jurídica en Panamá queda mal".
"Los grupos indígenas se oponen a todo, es un problema puntual que no se va a resolver, cambiar la empresa no va a ser la solución", puntualizó el dirigente empresarial.
Millonario pago
El monto de la indemnización que habría que pagar preocupa mucho a los empresarios. "Se debe esperar una millonaria indemnización, que pagarán los panameños con sus impuestos", reiteró Suárez.
En esto coincide el abogado Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien argumentó que la cantidad sería "sumamente superior a los US$.1000 millones".
De solicitar una indemnización, el cálculo va relacionado con varios puntos, explicó Araúz. "La parte de la inversión, además de lo que dejaría de percibir la empresa con todos los años de funcionamiento que debió cumplir y a los que tenía derecho a explotar y las ganancias que hubiese generado", detalló.
"Es lógico que vayan a negociar una indemnización", opinó Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá.
Por su parte, el asesor de energía privado Pastor Cabrera, señaló la importancia de que se finalice la construcción de Barro Blanco para compensar el déficit de energía que enfrenta en la actualidad el país.
"Son kilowatts-hora que tendríamos disponibles y como la demanda eléctrica crece todos los años en el país, Barro Blanco absorbería el crecimiento de un año", indicó el experto.
Congreso Ngöbe acusa al Gobierno de negociar con grupos ilegítimos
Ante la oposición de los indígenas en cuanto al proyecto Barro Blanco, el Congreso General Ngöbe-Buglé, informó que el Gobierno se ha reunido solo con el denominado "Movimiento 10 de Abril", más no es esta la agrupación que debe resolver este tema.
Erick Montezuma, secretario del Congreso Ngöbe-Buglé, declaró que "el Gobierno Nacional ha obviado los mecanismos existentes para resolver este conflicto. Han violado la autonomía de la comarca, porque para este caso, ellos tenían que reunirse con los organismos tradicionales y no solo con los afectados".
Agregó que "nosotros no le damos relevancia a si es Genisa u otra empresa la que estará encargada de Barro Blanco, lo que queremos es que se cumpla el debido proceso, para luego reunirnos en una mesa de diálogo y discutir lo conveniente para todos". Ante la oposición de Silvia Carrera, Montezuma explicó que "ella no es la cacica, fue destituida. No debería opinar".
