De acuerdo con la canciller panameña, Isabel De Saint Malo, la obra está suspendida mientras se decide qué empresa entrará a administrarla y en ese tiempo se buscará quién realice unos trabajos provisionales a fin de evitar riesgo para las comunidades aledañas.
De Saint Malo explicó que la decisión se tomó porque la cancelación del proyecto sería muy costosa, por lo que se instalará una comisión técnica que evalúe el desarrollo del mismo.
Ante la propuesta de la Comisión de Gobierno sobre la entrada de otra compañía para que finalice el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, a cargo de la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), la dirigencia indígena dijo que no permitirá esto y exige que se cancele el proyecto de forma definitiva.
Silvia Carrera, cacica general, manifestó que la empresa cometió irregularidades, sin embargo, no es la misma la que representa el problema, sino el proyecto, y por ello debe ser cancelado de forma definitiva.
"La mesa del diálogo se ha convertido en una burla, han tomado nuestro tiempo para solo hacerlo perder. Ahora quieren que entre otra empresa, no queremos ninguna empresa, queremos que se cancele el proyecto definitivo. Queremos que el proyecto no exista y punto", explicó Carrera en tono molesto.
No obstante, finalizada la reunión, los indígenas aceptaron la propuesta del Gobierno de conformar una mesa técnica representada por especialistas tanto del Gobierno como de los indígenas para discutir aspectos de compatibilidad e incompatibilidad de la obra, para lo cual fijaron reunirse en los próximos 15 días.
Por su parte, Genisa informó que no ha sido notificada oficialmente de la decisión planteada por el Gobierno Nacional con relación al proyecto Barro Blanco.
En un comunicado se informó: "Reiteramos que siempre hemos valorado el diálogo y que mantendremos nuestro apoyo y respeto a las autoridades nacionales y comarcales. Estamos convencidos de que aún podemos lograr algún tipo de conciliación en el tema para evitar futuras consecuencias que afecten la seguridad jurídica del país".
Sin embargo, la reacción de los gremios empresariales a la aprobación de la continuidad del proyecto no fue tan favorable como se esperaba, ya que no están de acuerdo con el traspaso de la obra a otra empresa.
José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), indicó que si esta es la propuesta del Estado, entonces el problema no era con el proyecto, sino con la empresa.
Cambiar el proyecto de desarrolladora implica una indemnización por parte del Estado a la empresa que inició la construcción, lo que va a tener que ser costeado por todos los panameños "solo porque se le quiere dar otro nombre a la construcción", dijo Ford.
"El problema no es el nombre de la empresa, el problema era si el proyecto era viable o no, y si ahora resulta viable, entonces no hay problema en que continúe con Genisa", enfatizó Ford.
Con estas declaraciones coincidió Dagmar de álvarez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), quien también explicó que la suspensión o traspaso del proyecto traería como consecuencia una demanda al Estado, lo cual impactaría directamente a todos los panameños. "Si la empresa demuestra que cumplió con todos los requerimientos, esta puede demandar al Estado, lo cual perjudicaría a los panameños, que finalmente deberán pagarle con sus impuestos", enfatizó álvarez.
La presidenta de Apede insiste en que hay que aclarar quiénes tienen la responsabilidad de los conflictos que se originaron en este caso. "Este conflicto traerá incertidumbre en el sector inversionista", dijo.
