Franco y Muñoz fueron detenidos junto a otras 18 personas señalados de integrar una banda que cobraba 'sobornos' en las aduanas nacionales obteniendo millonarias 'ganancias ilícitas', según la fiscalía, que hasta el momento no ha revelado el monto total del fraude.
'Se está desnudando una realidad y es que el Estado de Guatemala está capturado por redes mafiosas que tienen el respaldo del más alto nivel del gobierno', aseguró a la AFP Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
Según Marroquín, al destapar el funcionamiento de esta 'red mafiosa' en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se evidencia que 'hay redes similares en todo el Estado de Guatemala', como la Policía y el Poder Judicial.
La investigación en el sistema tributario también alcanzó a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti, señalado como uno de los principales operadores de la banda, y de acuerdo con información oficial, éste se encuentra fuera del país sin paradero cierto.
El proceso investigador que destapó este caso de corrupción fue iniciado hace un año por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU cuya misión es contribuir al saneamiento del sistema judicial guatemalteco.
Presidente Otto Pérez Molina negocia con empresario sospechado de corrupción
Otto Pérez insiste con la reingeniería de la SAT
Drácula cuidando la sangre
'Se está confirmando aquel dicho de que lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad es que se nombre a Drácula como guardián del banco de sangre', ironizó el consultor político Marco Antonio Barahona, sobre la participación de altos funcionarios en la defraudación.
Franco, quien asumió el cargo en enero pasado, fue detenido apenas un día después de reunirse con el presidente Otto Pérez para revisar una disminución en la recaudación tributaria. Tanto él como su antecesor fueron nombrados por el gobernante en el puesto para dirigir la SAT.
El vocero presidencial Jorge Ortega manifestó que las sospechas sobre las actividades ilícitas en las aduanas iniciaron hace un año por lo que solicitó a los entes judiciales abrir la investigación.
'Si el presidente teniendo una sospecha nombró a Franco me parece que no fue una buena señal para inversionistas, empresarios ni para la sociedad en general', apuntó Barahona, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
'El involucramiento de altos funcionarios de la administración pública (...) revela la significativa penetración de grupos criminales en el Estado guatemalteco', apuntó por su lado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), por medio de un comunicado.
Cicig se consolida
La participación de la Cicig en el desmantelamiento de la estructura fortaleció la postura de activistas de derechos humanos y organismos internacionales que consideran necesaria la permanencia de ese ente en el país para combatir la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
Sin embargo, el mandato de la Cicig termina en setiembre de 2015, tras ocho años de labores, y el presidente Pérez se ha mantenido reacio a solicitar una prórroga, argumentando que el organismo ya cumplió su misión.
'Hemos sostenido que es necesaria la presencia de la Cicig en el país, independientemente de este caso. El desmantelamiento (de la red de corrupción en la SAT) simplemente consolida una posición de apoyo a la Cicig', dijo a la AFP Carmen Aída Ibarra, miembro de la organización Pro Justicia.
Ibarra indicó que ese afianzamiento 'pone cuesta arriba' la negativa de Pérez de ampliar la permanencia de la Cicig.
'La correlación de fuerzas cambia a favor de la Cicig, no porque no fuera necesaria antes y ahora sí lo es, sino porque se consolida un apoyo y se muestra por qué se necesita el funcionamiento de una entidad independiente para sacar adelante este tipo de investigaciones de persecución penal', afirmó la activista.
