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Costa Rica lanza programa para combatir pobreza extrema

El gobierno de Costa Rica anunció un plan para reducir la pobreza extrema, que afecta al 6,7% de la población, frente al 6,4% de 2013. La meta es sacar de esa situación a 54.600 familias de las casi 95.000 que la sufren.

2015-03-26

Por: AFP

El gobierno Solís plantea medidas como la contratación de gestores que funcionarán como 'puentes' entre las familias pobres y las instituciones del Estado. Cada uno de ellos se encargaría de unas 170 familias.

El plan fue dado a conocer por el ministro de Desarrollo Social, Carlos Alvarado, en un acto en que participaron el presidente Luis Guillermo Solís y su gabinete, entre otros altos funcionarios.

Alvarado resaltó el hecho de que, en las últimas dos décadas, Costa Rica ha mantenido un porcentaje constante de pobreza que en la actualidad representa a poco más de un millón, de los 4,5 millones de habitantes.

La pobreza extrema pasó de 88.835 (6,4%) en 2013 a 94.810 (6,7%) hogares en 2014, según datos del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos. En Costa Rica existen 318.810 (22,4 %) hogares en situación de pobreza, lo que representa un aumento de 32.727 hogares con respecto a 2013.

Esto a pesar del creciente gasto social del Estado y la proliferación de programas de asistencia.

El plan, denominado 'Puente al Desarrollo', tiene la meta de sacar de la pobreza extrema, en un plazo de cuatro años, a 54.600 familias que son más de la mitad de las casi 95.000 que viven en esa condición en Costa Rica.

'Si a lo largo de 20 años no hemos obtenido los resultados deseados es porque algo se ha venido haciendo mal', afirmó el ministro, quien aseguró que el plan denominado 'Puente al Desarrollo' busca invertir la lógica anterior en la que los pobres acudían a las instituciones del Estado.

Con un minucioso mapa que localiza 'cuadra por cuadra' las concentraciones de pobreza, el gobierno desplazará 160 promotores que analizarán las necesidades de cada familia y establecerán un puente con las instituciones de apoyo social, facilitando trámites.

La asistencia estatal, que incluye salud, vivienda, becas y trasferencias de dinero, estará condicionada a que las familias participen en programas de educación formal o de capacitaciones laborales, pues 'el objetivo es generar capacidades que les permitan alcanzar su independencia económica', explicó Alvarado.

Los gestores también harán posible un seguimiento a los programas y evaluar sus resultados, señaló.

'Este esfuerzo persigue poner fin a ese círculo vicioso que nos lleva a una sociedad cada vez más próspera en las cifras económicas pero más desigual en lo social', dijo Solís.

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