Hasta la fecha, las distintas agencias supervisoras de la mayor economía del mundo se han embolsado más de US$10.000 millones en reprimendas por estas malas prácticas pero algunos legisladores critican que ninguno de los individuos implicados en estas actividades haya acabado en prisión.
'El Gobierno de Estados Unidos se toma muy en serio el lavado de dinero', explicaba la senadora demócrata Elizabeth Warren durante una vista en el Comité Bancario del Senado sobre este asunto en 2013. 'Además de multas monetarias, se pueden cerrar las operaciones de un banco que se haya visto envuelto en este tipo de actividades mientras sus empleados pueden ir a prisión', puso de manifiesto.
Sin embargo, cuando el británico HSBC acordó pagar US$1.900 millones en julio de 2012 para poner fin a las acusaciones de lavado de dinero de varios cárteles de droga colombianos y mexicanos que pesaban sobre la entidad, ningún individuo fue a la cárcel ni ninguno de los negocios de la entidad fue forzado a echar el cierre.
Dicho esto, dos años más tarde, cuando el banco francés BNP Paribas asumió cargos criminales por ayudar a sus clientes a blanquear capitales, desobedeciendo así las sanciones que pesan sobre Irán, Sudán y otros países non gratos para EEUU, la compañía pagó casi US$9.000 millones, despidió alrededor de tres decenas de empleados y sufrió la prohibición de operar directamente con dólares estadounidenses en sus negocios norteamericanos.
Presión sobre Commerzbank
Actualmente, los reguladores estadounidenses presionan a Commerzbank no sólo para que pague una multa de US$1.450 millones por estar envuelto en el escándalo contable de Olympus en Japón y haber entablado negocios con Irán o Sudán, sino también para que despida a los directivos relacionados con estas actividades ilegales.
En los últimos años, desde Standard Chartered hasta Credit Suisse pasando por ING, Lloyds, ABN AMRO o Barclays, son algunos de los bancos que se han visto sacudidos por la Ley de Secretismo Bancario y otras similares como la Ley de Patriotismo, rubricada en 2001 con motivo de los atentados del 11 de septiembre, o la Ley de Lavado de Dinero y Estrategias de Crímenes financieros, aprobada tres años antes.
Este ataque estadounidense contra el lavado de dinero encabezado por la banca europea comenzó a destaparse en 2006, cuando un miembro de la inteligencia estadounidense, Eitan Arusy, comenzó a descubrir el dinero sospechoso que fluía hasta una organización sin ánimo de lucro iraní que operaba desde una oficina en la Quinta Avenida en el Midtown de Manhattan, según relató el Wall Street Journal allá por el año 2010.
Según la Red de Supervisión de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), 'el lavado de dinero implica tres pasos'. Primero se inyectan los fondos ilegales en el sistema financiero. Posteriormente se traspasan continuamente estos fondos, a través de transferencias y otras operaciones, para crear confusión. Finalmente se integra dentro del sistema a través de otras prácticas hasta que 'el dinero sucio' parece 'limpio'. FinCEN es precisamente la agencia estadounidenses que ha señalado a Banca Privada d´Andorra y sus posibles operaciones de lavado de dinero.
Nueve órganos
A día de hoy, un total de nueve órganos se encargan al otro lado del Atlántico de detectar cualquier operación que pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales. Desde FinCen, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la Comisión de Mercados y Valores, el Servicio Interno de Ingresos o el Departamento de Justicia, por nombrar algunos, actúan de forma independiente a la hora de investigar estas malas prácticas por parte de las entidades bancarias, no sólo en suelo estadounidense sino también en otras partes del mundo.
En EE.UU., algunas entidades bancarias patrias también se han visto envueltas con problemas de lavado de dinero, especialmente en sus negocios con México, como Wachovia o Citigroup.
