La audiencia pese a los retrasos comenzó con la presencia de los dos acusados; 90 minutos después llegó a la Sala personal de la Cámara de Amparos y Antejuicios para entregar una notificación.
Aunque la jueza Irma Valdés, recusada por la defensa de Ríos Montt, intentó recibir la notificación hasta concluir con la jornada el documento fue conocido y suspende la audiencia al aceptar la acción presentada por la defensa del general retirado.
Ríos Montt planteó ante la Cámara un amparo para que se definiera la competencia del Tribunal el juicio por genocidio. Con esto se ordena trasladar el expediente a la Sala de Apelaciones de Mayor riesgo para que defina el futuro del juicio.
La jornada
Ríos Montt fue conducido por paramédicos en una ambulancia y llegó junto a su hija, la exdiputada Zury Ríos, a la sala de debates en una camilla y con el rostro cubierto.
Horas antes, la defensa del exdictador había informado a periodistas que el tribunal había aceptado la ausencia de Ríos Montt en el inicio del juicio este lunes debido a problemas médicos.
No obstante, Valdez afirmó que no era procedente la petición de la defensa porque una evaluación realizada el pasado 3 de diciembre no especificaba que los quebrantos de salud del exdictador fueran de alto riesgo.
La defensa refutó la decisión del Tribunal al considerar que el informe médico indicaba que el acusado podría sufrir 'parálisis irreversible en las piernas', por lo que pidió a especialistas de Instituto de Ciencias Forenses realizar una evaluación.
Momentos después que llegara Ríos Montt a la sala de audiencias se presentó la sobreviviente de la guerra y Premio Nobel de la Paz, la líder indígena Rigoberta Menchú.
Al lugar también llegaron decenas de indígenas mayas a manifestarse por una condena a Ríos Montt.
En principio estaba previsto que el juicio se iniciara el lunes a las 8.30 horas, pero fue aplazado para las 11 horas y luego para las 13 horas.
El general retirado debe enfrentar un nuevo juicio por genocidio luego de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, anulara la sentencia de 80 años de prisión por ese delito que otro tribunal le impuso el 10 de mayo de 2013, tras argumentar errores en el proceso.
