Una comitiva costarricense, encabezada por el titular del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Edgar Gutiérrez Espeleta, viajó a Pekín para tratar el tema con autoridades de ese país, incluido el vicesecretario de la empresa China National Petroleum Company (CNPC), Wang Dongjin, informó el propio Gutiérrez en conferencia de prensa.
Para continuar con el proyecto de modernización de la refinería, se creó una comisión de alto nivel integrada por el presidente de CNPC, Lu Gongcun, y la presidenta de la Refinadora Costarricense de Petroleo (RECOPE), Sara Salazar, precisó Gutiérrez.
Entre otros aspectos, la comisión analizará la posibilidad de ampliar las capacidades de refinación de la planta, ubicada en el caribeño puerto de Limón (170 kms al este de San José), 'para refinar biocombustibles y otros productos alternativos bajos en emisiones de carbono', explicó el ministro.
El funcionario aseguró que el Banco de Desarrollo de China mantiene su interés en financiar la mayor parte del proyecto, estimado en US$1.300 millones.
El contrato para la ampliación de la refinería, actualmente inactiva, fue suscrito en 2007, durante el gobierno del ex presidente Oscar Arias, quien ese mismo año rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y las restableció con China.
Para el desarrollo del proyecto, el contrato crea una nueva empresa binacional integrada por CNPC y Recope, denominada Sociedad Refinadora Sino-Costarricense (Soresco).
El objetivo es ampliar y modernizar la planta para expandir su capacidad de refinación de 18.000 a 60.000 barriles de crudo al día.
Sin embargo, el contrato ha sido blanco de fuertes críticas en Costa Rica, por objeciones tanto de tipo ambiental como legal.
La Contraloría General de la República dictaminó el año pasado que el proyecto arrastraba vicios legales importantes, como el hecho de que los estudios de factibilidad fueron hechos por una empresa vinculada a CNPC y no por una firma ajena a las partes, en violación de normas legales internas.
Sectores ambientalistas han criticado también que la ampliación de una refinería contraviene políticas ambientales del país, tendientes a la búsqueda y desarrollo de fuentes energéticas limpias.
