Claves del día

Huelga portuaria pone en jaque 80% del comercio de Costa Rica

Trabajadores del puerto de Limón, el más importante de Costa Rica, iniciaron una huelga este miércoles para oponerse a un contrato con la holandesa APM Terminals que prevé la construcción y manejo de una nueva terminal portuaria, informaron fuentes sindicales.

2014-10-22

Por: AFP

'En este momento están paralizados (los muelles), la orden de huelga se dio a las 8H30 y a las 9H30 ya se había cumplido totalmente, dijo a la AFP el secretario de prensa del sindicato (Sintrajap), Liroy Perez.

El presidente, Luis Guillermo Solís, pidió el martes a la dirigencia sindical que se abstuviera a ir a la huelga, pero advirtió que, en tal evento, su gobierno estaba en capacidad de garantizar la operatividad del puerto, por el que transita el 80% del comercio exterior del país.

Sin embargo, este miércoles las autoridades no habían intervenido en el puerto, ubicado 170 km al este de San José, y la presencia policial era poco visible en las calles de la ciudad portuaria de Limón.

Los trabajadores se oponen a una cláusula del contrato suscrito por el anterior gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) con APM Terminals, que otorga a esa compañía la exclusividad en el manejo de carga y descarga de mercaderías.

Esta exclusividad dejaría sin su principal negocio a la empresa estatal que actualmente administra el puerto, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

'Decretamos la huelga porque después de varios meses de negociaciones vimos que no hay voluntad política del gobierno para hacer absolutamente nada', para renegociar esta cláusula con el contratista, señaló Liroy.

'Este es un movimiento de lucha por la dignidad, por detener un monopolio y evitar un grave perjuicio para el pueblo limonense. Queremos puertos modernos pero sin monopolios y compitiendo en igualdad', señaló un comuonicado que suscribe el secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blear.

La paralización del puerto de Limón pone en jaque a la mayoría de exportadores e importadores del país, especialmente a quienes trabajan con productos perecederos, como las frutas y legumbres.

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