Un total de 451 entidades financieras en Panamá ya han dado su visto bueno para compartir información de sus cuentahabientes con el fisco estadounidense. Así lo revela un listado publicado en el sitio web oficial del Internal Revenue Service (IRS) del país norteamericano.
El objetivo es cumplir con el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), una iniciativa del gobierno estadounidense para detectar casos de evasión fiscal al solicitar a entidades financieras en el exterior (llamadas FFI’s por sus siglas en inglés) que entreguen datos personales sobre sus clientes. Bancos, financieras, casas de valores y aseguradoras son algunas de las instituciones que se verán afectadas. Si no cumplen, los bancos estadounidenses les retendrán el 30% del total de algunos pagos correspondientes.
La fecha de implementación anunciada para el FATCA es el próximo 1 de julio. Es por eso por lo que las instituciones alrededor del mundo se han apresurado en cumplir con los requisitos solicitados.
En Panamá, el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, Banistmo, Prival Bank, Banco General, Profuturo, Assa, Mapfre, Winexco Securities y Central Latinoamericana de Valores S.A. son algunas de las FFI’s que ya tienen estatus de ‘aprobado’ por el IRS y cuentan con un GIIN (Número Global de Identificación de Intermediario) asignado por el fisco estadounidense.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) negociaron en abril con el IRS un Acuerdo Intergubernamental (IGA) que establece las condiciones para el intercambio de información.
Sin embargo, el documento aún no está firmado. El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, ya adelantó que le tocará a la próxima administración gubernamental hacer oficial el documento.
Estados Unidos no pagará un centavo por el costo que representa el cambio de sistema, el cual tendrá que ser asumido por las FFI’s y el Gobierno de Panamá.
Para las empresas que cumplan con el FATCA el costo es alto, pero ineludible, al considerar las duras repercusiones económicas que conllevaría desobedecer y no compartir la información.
Pero, para los abogados, el tema va más allá, ya que el FATCA podría atentar contra la propia Constitución de Panamá, al divulgar información confidencial a otro país, sin siquiera el consentimiento de las personas afectadas. Otro reto más para el próximo gobierno.
