Por E&N
Cercanos a la pareja presidencial de Nicaragua, conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron sancionados este 10 de enero por parte de la Unión Europea y Estados Unidos.
El Consejo de la Unión Europea (UE) impuso medidas restrictivas a siete personas cercanas y tres entidades adicionales. La decisión es por el empeoramiento de la situación en que ven en Nicaragua.
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Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, notificó sanciones para seis funcionarios estatales.
Los nuevos sancionados, por parte de la UE, incluyen a familiares del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y la empresa supervisora de los servicios postales y de telecomunicaciones.
A los señalados se les califica de ser responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias 'fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho'.
Según el comunicado de la UE, las medidas restrictivas ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades. Los designados están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
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La reacción de Ortega
El presidente Daniel Ortega matizó sus declaraciones al referirse a las nuevas sanciones impuestas por la Unión Europea y EE. UU, durante su investidura y utilizó la figura de la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) para indicar que ella fue victima de la guerra impuesta por EE.UU a Nicaragua durante los años 80 y 'sigue siendo víctima'.
El mandatario llamó "cobardes, cobardes los que se ensañan de esa manera, en las familias, no solamente en las familias nicaraguenses, sino en las familias de pueblos dignos, como el pueblo cubano que han sometido a sanciones brutales, o como el pueblo venezolano, que son sometidos a sanciones brutales".
Recordó en ese contexto el intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro y reiteró que "no lo olvidan". Luego agregó: "allí no había derechos humanos alguno que se pronunciaron condenando ese crimen, allí no había Unión Europea condenado ese crimen, porque, porque son ellos mismos los criminales, no han perdido su esencia colonialista, su esencia esclavista y no se dan cuenta que los pueblos perdieron el temor, perdieron el miedo y hoy luchan y resisten con dignidad", enfatizó.
Mencionó que no hubo delegados de los gobiernos europeos y del gobierno "yanqui" en la toma de posesión, pero comentó que: "mejor expresión, que mayor orgullo, que tener aquí como representantes y delegados del pueblo norteamericano y de los pueblos europeos a ciudadanos, hombres y mujeres dignos que luchan en su país, en su patria por la verdadera dignidad, por la verdadera independencia de su propio país, porque se instale una verdadera democracia en su propio país", argumentó.
Los nuevos sancionados por la UE
Los nuevos sancionados por la Unión Europea (UE) son Camila Antonia Ortega Murillo, quien participa estrechamente en actividades de apoyo a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en calidad de asesora de la presidencia, asistente personal de la vicepresidenta y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa.
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Asimismo, es la directora de la plataforma Nicaragua Diseña y de la cadena de televisión Canal 13. Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales. Como directora de Canal 13, ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica y al mismo tiempo ha limitado la pluralidad editorial y perseguido a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, anulando la libertad de expresión y toda competencia electoral efectiva. Ha desempeñado un papel central en la supresión del pluralismo político y en la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense. Por lo tanto, está asociada con personas responsables de socavar la democracia y de graves violaciones de los derechos humanos y apoya dicha represión y dichas violaciones.
Laureano Facundo Ortega Murillo, quien participa estrechamente en actividades de apoyo a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, como asesor de la presidencia. Ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal en Nicaragua de líderes políticos y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a los que ha calificado de "terroristas". Al contribuir a la eliminación de la competencia electoral efectiva, ha desempeñado un papel central en la supresión del pluralismo político y en la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense.
Ha ejercido además de asesor financiero de su padre, Daniel Ortega, y del régimen a través de la agencia estatal ProNicaragua. Además, es responsable de la explotación de BanCorp, una entidad cuyo principal objetivo es auxiliar, patrocinar y prestar apoyo económico a las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo. Por lo tanto, está asociado con personas responsables de reprimir a la sociedad civil y de graves violaciones de los derechos humanos y apoya dicha represión y dichas violaciones.
Brenda Isabel Rocha Chacón, quien es desde mayo de 2021 es la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático. El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas. Por lo tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
Cairo Melvin Amador Arrieta. Es, desde mayo de 2021, el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático.
Lumberto Ignacio Campbell Hooker, quien es desde 2014 miembro del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático.
Nahima Janett Díaz Flores, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el ente regulador de las telecomunicaciones y los servicios postales. TELCOR ha sido empleado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, entre ellos a tres organizaciones de agencias de información desde 2018.
Durante la campaña electoral general de 2021, TELCOR puso en marcha varias campañas de desinformación a gran escala. Como institución encargada de ejecutar la "Ley de ciberdelitos", TELCOR ha dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática. En el ejercicio de su cargo, Nahima Díaz Flores se ha mostrado partidaria del régimen de Ortega y ha dirigido y llevado a cabo actividades de desinformación y vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática a través de TELCOR. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua.
Luis ángel Montenegro Espinoza, superintendente de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) de Nicaragua. En el ejercicio de su cargo, es responsable de la persecución de los agentes financieros que se opusieron a las políticas del régimen de Ortega, así como del control del régimen del sector financiero. Daniel Ortega le nombró directamente para ese cargo, como premio a su lealtad.
En su anterior cargo, como contralor general de la República, veló por que las actividades financieras corruptas de Ortega no fuesen objeto de auditorías y contribuyó de igual modo al control del régimen por parte de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar el Estado de Derecho en Nicaragua, así como de represión de la sociedad civil y la oposición democrática.
La Policía Nacional de Nicaragua, responsable de infligir tratos degradantes, entre ellos torturas físicas y psicológicas, a quienes se opusieron al régimen de Ortega. Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas.
La intervención de la Policía Nacional, según la UE, resultó determinante para que Daniel Ortega se librara de competir con una verdadera oposición democrática durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Antes de dichas elecciones, la Policía Nacional ejerció una vigilancia y persecución continuas de los líderes de la oposición, allanando moradas ilegalmente y deteniendo arbitrariamente a miembros de la oposición, y amenazó sistemáticamente a empleados públicos. En 2018, la Policía Nacional estuvo involucrada en los asesinatos de manifestantes pacíficos en toda Nicaragua.
Los nuevos sancionados por EE. UU
Bayardo De Jesús Pulido Ortiz, general de brigada y jefe del departamento de personal y cuadros del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del Instituto Militar de Bienestar Social (IPSM).
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz es general de división y jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM.
Rosa Adelina Barahona De Rivas es la ministra de Defensa de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM.
Celina Delgado Castellón es directora general adjunta de TELCOR y miembro del directorio de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) en representación de TELCOR.
Nahima Janett Díaz Flores es directora general de TELCOR; y Ramón Humberto Calderón Vindell, general de división retirado, ex presidente de la junta directiva de la empresa petrolera estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua y presidente de la junta directiva de ENIMINAS.
Este lunes, EE. UU. también aplicó restricciones de visa contra 116 funcionarios del gobierno de Nicaragua. La medida incluye a alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios de policía, de prisiones y militares.
"El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 116 individuos cómplices de socavar la democracia en Nicaragua", declaró el secretario de Estado, Antony Blinken.
Elecciones de Nicaragua son 'ilegítimas'
El 8 de noviembre de 2021, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió una declaración en nombre de la UE en la que subrayó que las elecciones celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 se habían desarrollado sin garantías democráticas y que sus resultados carecían de legitimidad.
Declaró que el gobierno de Nicaragua ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, indicó que "el régimen de Ortega-Murillo continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos".
Añadió que: "Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, al vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamados a la liberación inmediata de estos presos políticos y el regreso a la democracia".
