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El Salvador: FMI requiere reducir gasto en 2,6 % y subir ingresos en 1,4 % del PIB

Hacienda mantiene su propuesta ante el FMI de realizar un ajuste fiscal de cuatro puntos del PIB durante tres años.

2021-11-16

Por El Mundo (El Salvador)

El Gobierno salvadoreño se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a realizar un ajuste fiscal de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de concretarse un programa de financiamiento.

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, explicó que el Fondo planteó que El Salvador necesita un ajuste de 4 % del PIB para reducir el peso de la deuda y dar sostenibilidad a las finanzas públicas; pero es el Gobierno central quien propone las medidas de cómo se realizaría. "Tenemos un borrador de estas medidas" de un ajuste del 4 % como proporción del PIB durante tres años, por 2.6 % en reducción del gasto público y 1.4 % por mayores ingresos.

Zelaya explicó que ese 2.6 % equivale a unos US$600 millones que tendría que bajar el gasto público, mientras que los ingresos tendrían que subir unos US$300 millones.

"Un ajuste que no lo necesita desde hoy, lo necesita desde 2005 que fue cuando se les comenzó a recomendar a los gobiernos de turno", señaló Zelaya en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Entre los planteamientos de Hacienda para subir los ingresos está la implementación de la factura electrónica que tendrá un impacto de US$50 millones y la reactivación del capítulo de precios de transferencias que "nos ayuda para perseguir la evasión fiscal". Esta propuesta es parte de las negociaciones que sostiene el Gobierno salvadoreño desde octubre de 2020 con el FMI para un programa de US$1.300 millones bajo la estructura de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés).

El SAF es un programa creado por el FMI para ayudar a los países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o un lento crecimiento económico. En el caso de El Salvador, se ha señalado un acelerado incremento del gasto público contra un alto peso de la deuda pública que hasta septiembre de 2021 representaba el 82.1 % del PIB.

Revisión de la economía

La semana pasada, Alina Carare, jefa de misión del FMI en El Salvador, confirmó que una delegación salvadoreña inició reuniones con el Fondo en Washington para la revisión del Artículo IV, una consulta periódica que realiza el organismo a todos los países signatarios de sus acuerdos sobre los resultados macroeconómicos y fiscales.

Zelaya indicó que en esa reunión "también aprovechamos un poco para hablar sobre el acuerdo como tal", que "se mantiene en negociación". "Vamos a terminar la evaluación del Artículo IV que es una evaluación macro, global, entonces esta evaluación ya nos ayuda para ir sobre el camino específico", agregó. Se espera que la consulta al Artículo IV finalice en diciembre para que "en los próximos días se pueda hacer un anuncio conjunto con el FMI", sumó.

Por su lado, el FMI ha señalado que para lograr un acuerdo con El Salvador es necesario una "recalibración" de las políticas para garantizar un crecimiento inclusivo, sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera a partir de los acontecimientos ocurridos desde mayo cuando se destituyeron a los magistrados y al fiscal general.

INTENTOS Y FRACASOS

En la última década, hubo varios intentos por lograr un acuerdo con el FMI ante el deterioro de las finanzas públicas, pero ninguno se concretó. El Gobierno asegura que se mantienen las negociaciones.

Crisis financiera: El Salvador logró un acuerdo stand-by con el Fondo después de la crisis de 2009 por una garantía de US$790 millones para un programa económico. Los compromisos no se cumplieron y se suprimió en 2012.

Impago: en 2017, cuando El Salvador cayó en impago, se propuso un acuerdo precautorio para ordenar las finanzas; sin embargo, las negociaciones no avanzaron y a finales de ese año el Gobierno descartó el programa.

Crisis por covid-19: Hacienda confirma que busca un programa con el FMI y se esperaba que estuviera listo en abril de 2021, pero el proceso se estancó cuando la Asamblea destituyó a los magistrados y se aprobó la Ley Bitcoin.

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