Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007, tendrá un cuarto mandato, con casi 76% de los votos, según cifras oficiales. La reelección de Ortega se dio bajo un contexto de procedimientos coercitivos, represión e intimidación de la oposición, señalaron los exministros en la misiva.
'Este proceso electoral fraudulento empezó cuando Daniel Ortega logró una reelección en noviembre de 2011 en violación de la Constitución, forzando a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral a alegar el inexistente derecho a una reelección indefinida como "derecho humano" de Daniel Ortega. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado esa interpretación. En una reciente Opinión Consultiva ha determinado que "la reelección indefinida es contraria a la Convención y Declaración Americana".
"Dicha votación no reunió las mínimas condiciones de integridad ni cumplió con ninguno de los estándares internacionales que debe tener una elección presidencial", expresaron, al tiempo que lamentaron que las elecciones se realizaron sin observación electoral internacional independiente y sin la participación de la oposición.
Los exministros latinoamericanos consideraron también que el gobierno de Ortega no solo contaminó el proceso electoral sino que en el ejercicio arbitrario del poder "ha ignorado los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el pluralismo político".
"Contrariamente a los procesos electorales en democracia, que se caracterizan por la certeza en las reglas de juego y la incertidumbre de los resultados, el gobierno nicaragüense impuso una parodia de elección cuyos resultados se conocían de antemano y en el que 39 opositores al gobierno, incluyendo siete candidatos a la presidencia, fueron arbitrariamente arrestados. También fueron detenidos opositores, periodistas y empresarios", denunciaron.
"La farsa electoral del 7 de noviembre marca el afianzamiento de un régimen totalitario en Nicaragua", agregaron.
Así las cosas, los exministros de Relaciones Exteriores hicieron un llamado para que, en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -la cual se realizará entre el 10 y el 12 de noviembre de 2021- los cancilleres y jefes de delegación de la OEA convoquen a una Asamblea General Extraordinaria para que se tomen acciones enmarcadas en los compromisos de la Carta Democrática.
Entre estas acciones se encuentra desconocer y condenar el proceso electoral fraudulento diseñado por el régimen autocrático de Ortega y exigir la liberación inmediata de unos 150 presos políticos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya ha manifestado su rechazo a las elecciones "ilegítimas" celebradas en Nicaragua e insto a países del bloque regional a responder a esta clara violación de la Carta Democrática (Interamericana) durante su Asamblea General de la OEA, el cónclave hemisférico anual que se celebrará en formato virtual con Guatemala como anfitrión.
"Si los países miembros de la OEA no condenan y actúan en concordancia con los principios previstos en la Carta Democrática Interamericana, corremos el peligro de desvalorizar el significado pleno de la democracia y de los derechos humanos como valores imprescindibles de nuestros pueblos y del Sistema Interamericano ante la emergencia de gobiernos totalitarios", dijo Daniel Zovatto, director regional de la organización IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, quien tuvo a su cargo la coordinación de esta iniciativa.
