A pocos días de las elecciones generales en Nicaragua, no existe un proceso electoral integro han sido conculcados de manera sistemática mediante la manipulación excluyente del padrón, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral, publicó el informe de hoy liderado por IDEA Internacional.
Se puede acceder al informe completo aquí.
'Las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua carecen de toda legitimidad debido a la violación de las normas de integridad electoral y de los derechos fundamentales, dice un nuevo informe de tres organizaciones especializadas en democracia y procesos electorales. Las violaciones incluyen la manipulación por parte del Consejo Supremo Electoral, sumiso del gobierno, de los registros de votación, la exclusión de candidatos, la persecución y encarcelamiento de los siete principales aspirantes presidenciales opositores, el despojo de la personería jurídica a los únicos dos partidos de oposición, el uso ilegal de recursos estatales con fines proselitistas y la ausencia generalizada de derechos y libertades fundamentales'.
El informe, titulado " Nicaragua Elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia", revela que las elecciones, en las que el presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo. Pide que los comicios deberían de suspenderse hasta que puedan celebrarse de acuerdo con los principios internacionalmente aceptados y la presencia de observadores internacionales calificados, recomienda el informe.
"La comunidad internacional debe desconocer estas elecciones e ignorar sus resultados. El régimen autoritario de Ortega-Murillo ha debilitado y manipulado al extremo la institucionalidad y las prácticas democráticas y ha violentado gravemente los derechos humanos del pueblo nicaragüense. En su ambición por perpetuarse indefinidamente en el poder ha despojado de toda integridad al sistema y al proceso electoral. Exhortamos a la comunidad internacional a desconocer estas elecciones y a las autoridades que resulten electas, porque se trata de un proceso doloso, viciado, sin ninguna credibilidad ni legitimidad", dijo Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.
Evento: Nicaragua: Elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia
Las infracciones destacadas por el informe incluyen:
1) Un millón de votantes han sido eliminados del censo electoral, o alrededor del 20% del electorado. 'Con referencia al padrón de la última elección en 2017, una estimación técnica sugiere que un millón. de electores han sido eliminados del padrón, equivalente a casi un 20% del total del electorado. Por un lado, de los 5.095.747 de personas empadronadas entonces, el padrón de 2021 contiene solo 4.478.334. Por otro, esta nueva cifra tampoco refleja el incremento natural de la población en edad de votar (16 años), que es de al menos 100.000 nuevos electores por año, lo que debería producir un padrón de unos 5.5 millones de personas habilitadas para votar. El CSE no ha informado las razones por las cuales se da la variación en el total de electores ni tampoco por qué no se observa el incremento natural del padrón'.
2) Se abolieron tres partidos políticos de oposición y se detuvo arbitrariamente a siete candidatos presidenciales. 'Se dictó también inhabilitación de una candidata
a la vicepresidencia. Las personas detenidas son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Los partidos cuya personería fue cancelada son: Partido Restauración Democrática (PRD), Partido Conservador (PC) y Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)'.
3) El Gobierno ha impuesto restricciones a aspirantes a candidatos, periodistas, líderes sociales mediante intimidación, amenazas, agresiones, campañas de difamación, persecución judicial, detenciones arbitrarias, entre otras. 'Se ha evidenciado una coacción sistemática para condicionar las preferencias del votante por parte de la autoridad pública. Por un lado, las trabajadoras y trabajadores del Estado y sus familiares, así como los beneficiarios de programas sociales, son obligados a participar en las diferentes actividades del calendario electoral y de propaganda del régimen. Adicionalmente han sido encarceladas siete personas candidatas a la Presidencia, lo que también limita la posibilidad de que se respete la integridad de las preferencias de quienes habían optado por emitir el voto a favor de las personas arrestadas'.
Además, reveló que se han suprimido más de 1.100 centros de votación (CV) de un total de 4.300 que había en 2017, equivalente al 25% o uno de cada cuatro CV. La mayor reducción de CV ocurrió en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Managua, tres de las principales plazas electorales del país, que concentraban en 2017 a un tercio de todos los electores del país (36%) distribuidos en 1.312 Centros que aglutinaban más de 5.111 Juntas Receptoras de Votos (JRV).
'Las condiciones de la campaña política son totalmente desiguales debido a que el FSLN se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales, sus medios de comunicación y redes sociales, sumado a un reiterado abuso en el uso de recursos públicos. Asimismo, en el marco de las actividades del partido-gobierno, se han realizado entregas de vivienda, jornadas de vacunación, entrega de títulos de propiedad, inauguración de proyectos de infraestructura, entre otros programas gubernamentales que son regularmente utilizados con fines partidarios y electorales'.
Derechos humanos
Desde su regreso a la presidencia en 2007 -Ortega había gobernado Nicaragua de 1985 a 1990-, el exguerrillero sandinista ha desarrollado un gobierno autoritario, controlado todas las instituciones del Estado e instaurado una autocracia familiar, donde él y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comparten el poder junto a sus hijos, asesores presidenciales y empresarios bajo la sombrilla del Estado.
En junio, Ortega inició una brutal represión contra la oposición encarcelando, además de los aspirantes a la presidencia, a activistas, feministas, académicos y empresarios, en una cacería que ha sido criticada tanto por Estados Unidos y la Unión Europea, que han impuesto sanciones a funcionarios del régimen y a los hijos y esposa de Ortega.
El mandatario se sostiene en el poder por la fuerza, debido a que su popularidad se mantiene en las mínimas, según las encuestas. La más reciente ha sido elaborada por CID-Gallup, la firma con mayor credibilidad en Nicaragua, que reveló que si las elecciones en Nicaragua fueran entre Daniel Ortega y alguno de los siete aspirantes que han sido apresados por el régimen, el mandatario sandinista solo obtendría un 19% de los votos frente a un 65% opositor, mientras otro 16% de los consultados se mostraron indecisos. Los resultados exponen un desplome histórico del candidato oficialista y su fórmula.
