Luego del último reconocimiento realizado por el Consorcio PM Sur, contratado por Tocumen para supervisar la construcción, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen, liderada por Raffoul Arab, resolvió administrativamente el contrato que fue adjudicado a CNO en 2012. La decisión se tomó dos días antes que venciera la extensión de tiempo acordada entre las partes en la octava adenda firmada a inicios de este año.
Entre los trabajos pendientes por arreglar o ejecutar, la mayoría están relacionados con el sistema de enfriamiento, seguridad, contra incendios, entre otros. A finales de agosto, CNO informó a Tocumen que cumpliría con el plazo de terminación de obras pactado al 30 de septiembre, ya que la llegada de los soportes para el sistema de enfriamiento estarían en el país después del mes de septiembre y que su instalación tomaría otros 60 días.
Tras conocer la decisión de Tocumen, CNO emitió un comunicado donde señala que las acciones de la directiva del aeropuerto carecen de fundamento legal y asegura que el contrato sigue vigente. "CNO hará valer en tiempo y forma ante las instancias que corresponden, sus derechos en relación a la resolución de AITSA. Dicho esto, CNO desea y espera que el diálogo constructivo en busca de soluciones sea retomado", indica la compañía, que en el pasado aceptó el pago de sobornos para obtener contratos de infraestructura en algunos países del continente, incluyendo Panamá.
La empresa asegura que el incumplimiento de pago por parte de Tocumen afectó su operación y que esta demora influyó en la entrega de los trabajos pendientes. Ante este argumento, Tocumen indicó que hasta mediados de septiembre había cancelado a CNO un total de US$910 millones, de un total de US$917 millones establecidos en el contrato que originalmente se pactó en US$697 millones, pero que a lo largo de los 9 años que ha demorado la construcción, el valor se incrementó debido a cambios en el diseño.
Además de anular el contrato Tocumen ordenó ejecutar la fianza de cumplimiento por US$229 millones que es respaldada por la aseguradora Assa. De acuerdo con los términos de la adenda 8, del monto total, US$50 millones se destinarán para cubrir los trabajos pendientes, que según CNO, representan el 1% del proyecto.
Igualmente, la administración del aeropuerto decidió inhabilitar por 3 años a la empresa brasileña para participar en licitaciones del Estado. El artículo 144 de la Ley 153 de 2020, que modificó la Ley 22 de 2006 que regula contratación pública, indica que la inhabilitación se hace efectiva una vez sea publicada en el sistema de Panamá Compra, que en el caso de CNO se materializó el 28 de septiembre.
En su comunicado, el contratista asegura que no "ha incumplido el contrato y que se mantiene en el sitio de la obra para concluir los escasos y últimos puntos pendientes que, si al momento no han sido concluidos, es por causas no atribuibles a CNO".
