La Corte de Constitucionalidad, CC, emitió una sentencia que declaró inconstitucional el inciso séptimo del Artículo 51 del Código Penal referente a la imposibilidad de reducir la pena para los delitos contra la administración pública y la administración de justicia.
Según el Tribunal, su decisión se basa en que no puede establecerse una justicia selectiva que atienda a sectores particulares dejando de lado la protección de universalidad de derechos de todas las personas.
La máxima corte señaló la reforma al código penal que revirtieron, se hizo para luchar contra la corrupción, pero que existen una serie de tipos penales que escapan del ámbito propio de la corrupción por lo que consideran inconstitucional una prohibición total para aplicar la conmuta, a todos los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de justicia.
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El abogado Julio García-Merlo García, quien promovió la inconstitucionalidad, también defendió su acción legal indicando que no todos los delitos contra la administración pública son corrupción.
Según García Merlos se excluyen desobediencia, ultraje a símbolos nacionales, violación de sellos, acusación y denuncia falsas, simulación de delito, autoimputación, omisión de denuncia, perjurio y falso testimonio, por lo que no se debía prohibir la conmuta para dichos delitos.
También indicó que las personas que reciban una condena superior a cinco años no podrán ser beneficiadas con una reducción de la pena.
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La máxima corte dijo que "en todo caso" queda a decisión de los órganos jurisdiccionales establecer su procedencia en la particularidad de casos concretos, sin que la decisión del Tribunal Constitucional condicione la administración de justicia.
