En una resolución aprobada este jueves, el pleno del al Parlamento Europeo condena firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición democrática y otros opositores al régimen, y especialmente las muertes que han provocado.
Los eurodiputados piden la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los precandidatos a la presidencia, y de otros activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. También reclaman pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero.
El texto denuncia la "creciente deriva del régimen hacia el autoritarismo", al ir estrechando el espacio para la democracia, el entendimiento a escala nacional y la mediación internacional de cara a una solución pacífica del conflicto, y obstaculizar la celebración de elecciones libres y justas el próximo 7 de noviembre.
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Las leyes restrictivas y punitivas para socavar a la oposición aprobadas en los últimos años "institucionalizan la represión y legalizan los actos cometidos en el país desde su adopción", agrega la Cámara.
Las citadas leyes deben ser derogadas de inmediato y el diálogo y la democracia restauradas, como la única vía para encontrar una solución pacífica a la crisis política, económica y social que vive el país, según el PE.
Crisis de Nicaragua "afecta a toda Centroamérica"
Las autoridades nicaragüenses deben asimismo modificar la ley electoral de conformidad con los parámetros señalados por la Organización de Estados Americanos, OEA, y permitir la presencia sin restricciones de órganos nacionales e internacionales de observación electoral.
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Los eurodiputados apelan al Gobierno nicaragüense para que levante el estado de sitio de facto, respete la función de la policía nacional como una fuerza no política, no partidista, y desarme a las fuerzas paramilitares.
Los responsables de las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018 deben rendir cuentas, añade el texto. En este punto, los eurodiputados animan al Consejo y los Estados miembros a ampliar la lista de sancionados, para incluir entre otros al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, velando especialmente, para evitar que resulte perjudicado el pueblo nicaragüense. El texto fue aprobado con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones.
Contexto en Nicaragua
La situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua se ha deteriorado significativamente tras la represión violenta de las manifestaciones de abril de 2018. Desde entonces, al menos 130 personas han sido encarceladas por motivos políticos y más de 108 nicaragüenses han huido del país en busca de asilo en países vecinos. Tres cuartas partes de ellos han solicitado protección en Costa Rica.¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal
En su resolución de octubre de 2020, el Parlamento condenó los intentos de adoptar una norma inconstitucional sobre agentes extranjeros, así como otras sobre ciberdelincuencia y delitos de odio, utilizadas por el régimen de Ortega para la represión y para silenciar a sus críticos.
