En la primera acción tomada por el nuevo congreso a solo horas de haber tomado posesión, los parlamentarios aceptaron con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, destituir tanto a los jueces titulares como a los suplementes del principal órgano constitucional del país.
Pocas horas después, también presentaron una moción para la destitución del Fiscal General, Raúl Melara, que fue también aprobada por mayoría absoluta. La medida permitirá a Bukele tomar control de los tres poderes del Estado, luego de que en las elecciones legislativas se hiciera con una mayoría absoluta en el parlamento unicameral de 84 escaños.
"Con 64 votos a favor, queda destituido como fiscal general de la República el abogado Raúl Ernesto Melara", dijo el presidente del Parlamento, Ernesto Castro. En la decisión mayoritaria, pusieron en entredicho la imparcialidad del funcionario, a quien señalan por tener vínculos con el partido opositor Arena.
"Es el momento de ordenar la casa y que las cosas empiecen a funcionar adecuadamente", dijo el nuevo Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, en su primera intervención ante los medios de comunicación, cerca de las 3:00 a.m. del domingo 2 de mayo, luego de su juramentación.
Horas antes, los nuevos diputados también destituyeron a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados de esta sala de haber emitido sentencias "arbitrarias". "Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!", enfatizó Bukele al ser aprobada la destitución.
Sin embargo, pese a ya haber sido relevados del cargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon "la inconstitucionalidad del decreto de destitución". En su sentencia denunciaron la intención de "suprimir los controles efectivos hacia los órganos Ejecutivo y Legislativo", necesarios para la República y para la defensa de la democracia.
Enfrentados con el presidente
Bukele había librado una batalla contra esta sala, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había "quitado atribuciones para luchar contra la pandemia" de covid-19 y para cuidar de la vida de sus compatriotas. La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema. Su misión es resolver demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.
'La lógica de la pieza de correspondencia se fundamenta, entre otros motivos, en una inconformidad con la interpretación constitucional de la Sala, al no coincidir con la lectura y deseos del Ejecutivo. En el fondo, el mensaje es que el único que puede interpretar la Constitución es el presidente de la República, al que la Sala de lo Constitucional debe sometimiento. El hecho muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele, quien ahora sigue el guion del Partido Demócrata Cristiano de los años noventa, cuando promovió la destitución de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin seguir el procedimiento previamente establecido', dijo la Universidad Centroamericana el sábado por la noche.
‘Acto de venganza’
"Es una situación que lleva un riesgo profundo. Está jugando con fuego (el Congreso) y esto puede profundizar una crisis de una magnitud que no nos va a permitir salir", afirmó el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.La subsecretaria interina de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, advirtió que "la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas".
Para el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, "Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos". En tanto, el diputado demócrata estadounidense Albio Sires, consideró la decisión del legislativo como "un acto ilegal de venganza, y un gran paso hacia el autoritarismo". Sugirió al gobierno de Biden "disminuir la cooperación con su gobierno" si la destitución se mantiene.
