El Gobierno de Carlos Alvarado ha elaborado una lista de propuestas para presentar al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de buscar la estabilización económica de Costa Rica, luego de la pandemia por covid-19.
Sin embargo, la lista de propuestas establece ajustes en materia fiscal, los cuales han sido criticados por los privados, que los consideran "exagerados".
Unos son de forma permanente y otros temporales, de acuerdo con lo dicho por el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Para el 2024 se estima la finalización del impuesto a las transacciones bancarias, que de acuerdo con Villegas, busca financiar la eliminación del cobro del 5% a los patronos que se destina a Fodesaf, con el fin de promover al empleo.
De acuerdo con el funcionario, el "impuesto sería bajo, en un millón de colones sería 3.000 colones ¿Cuánto nos cuesta hoy cuando le hacemos una transacción a otra persona, como dos dólares?".
Se trata de un impuesto que gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera y que implicará que el Estado recoja por cada transacción un porcentaje adicional, "lo cual podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra", según la ABC.
En caso de que el impuesto sea de un 0,3%, representaría 3 mil colones por cada millón.
Ante este punto, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) indicó que la intención del Gobierno de Costa Rica de aplicar un impuesto a las transacciones financieras es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del Sistema Financiero Nacional.
"Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas. Además, llegaría en medio de una coyuntura muy complicada, producto de la crisis generada por la COVID-19 y la situación fiscal del país", indicó Mario Gómez, Asesor Legal de la ABC.
Más noticias en estrategiaynegocios.net
"Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos", manifestó Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).
Agregan que "crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema. No solo propicia los riesgos propios del manejo del efectivo. Es que además afectaría el funcionamiento eficiente del sistema productivo, cuando más urge que los agentes económicos reactiven sus negocios. En el fondo, es un estímulo a la informalidad, que a su vez incide en la urgente generación de ingresos al Estado. Nada de esto favorece el bienestar de los consumidores".
Los impuestos que se proponen:
-Impuesto a propiedad de bienes inmuebles que es de 0,25% en favor de municipalidades, la propuesta es pasarla 0,75% y la diferencia vaya a favor del Estado-Impuesto temporal del impuesto de la renta personas físicas y jurídicas sin afectar los tramos actualmente exentos
-Alza en impuestos a salarios
-Tasa del 5% adicional sobre las remesas
-Impuestos a las transacciones financieras incluyendo las del gobierno de manera temporal con una tasa de 0,3% para 2021 y 2022; al 0,2% al 2023 y 2024. Esto permitiría pagar el 5% del FODESAF
Eliminaciones
-Eliminación de cargas parafiscales en bancos públicos que obligan hacer traslados a algunas entidades-Se aplicará devolución del IVA a la canasta básica, a los 32.0000 hogares más pobres
-Eliminación de exoneración de la renta a la lotería, se incluye impuesto del 25% a premios que excedan el 50% del salario base
-Eliminación de exoneración de la renta sobre salario escolar
-Eliminación de la exoneración de renta de la caja de ANDE y sociedad de seguros de vida del magisterio nacional
-Eliminación de las exoneraciones de Sutel y Fonatel
-Exoneración de renta cooperativas que califiquen como grandes contribuyentes
-Eliminar créditos familiares sobre renta
-Tasas sobre títulos valores que pasarán al 15%, al igual que el resto
-Renta global para personas físicas y jurídicas que posean más de una fuente de renta a partir del 2023. Es decir, asalariados que también tienen rentas por alquileres
Por su parte, la Cámara Costarricense de la Construcción indica que le "resulta en extremo preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando".
Invitan a no perder de vista que la manera de combatir la pobreza, de manera sostenida y sostenible, es la generación de más y mejores empleos y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos.
