El aeropuerto internacional de Palmerola será un buen negocio para la sociedad Inversiones Emco S.A de C.V y para el operador Aeropuerto Internacional de Munich-Franz Joseph Strauss, pero representará una pésima inversión para el Estado de Honduras.
El acuerdo de concesión de la nueva terminal establece que por cerca de 30 años el gobierno del país centroamericano no recibirá ni un centavo de la administración y operación, ni tampoco del pago de impuestos.
Estos y otros beneficios fueron ratificados en diciembre de 2019 tras publicarse en el Diario Oficial La Gaceta el decreto número 159-2019, relativo a las reformas al contrato de concesión que amplió a 34 años y seis meses la licencia de concesión a Palmerola International Airport (PIA) del grupo Emco y le permitió operar la pista de Toncontín sin haber pasado por un proceso licitatorio previo.
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En este decreto, el Congreso Nacional -a solicitud del Poder Ejecutivo- también modificó la obligación de garantía bancaria por fianza y amplió el plazo para la terminación de las obras que estaban contempladas para octubre de 2019, pero que ahora con la enmienda se aplazan hasta finales de 2021 en Comayagua.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, expresó su preocupación por los alcances del contrato de Palmerola y exigió una profunda revisión del mismo por los vicios de irregularidades que se dieron en el proceso de adjudicación.
En entrevista con La Prensa de Honduras, el líder gremial sostuvo que es indispensable que las licitaciones públicas se hagan con tiempo y en forma transparente. 'Es evidente en este caso la falta de planificación de las entidades responsables. Es fundamental una licitación que permita escoger, con base en criterios técnicamente claros y objetivos, en consulta con la sociedad, una empresa inversionista con experiencia real y técnicos calificados', dijo.
Siukaffy agregó que las leyes vigentes en el país establecen que para todo proceso de alianza público-privada o adquisición de bienes y servicios debe existir una licitación o concurso. 'Su inobservancia es un grave incumplimiento que acarrea responsabilidad para las partes', valoró.
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'Sorprende que hayan asignado sin licitación la administración de Toncontín a una empresa y que, además, en el decreto no establezca obligaciones de inversión y contraprestaciones muy concretas, solo tiene todos los ingresos y sin pagos de impuestos y canon. Incluso, al otorgarla a una empresa que tiene una ampliación de plazo a 35 años de concesión, incluso sin que haya comenzado esa misma empresa a operar, se interpreta que lo dieron también a ese plazo de 35 años. No es el estándar de transparencia y anticorrupción que queremos para Honduras', cuestionó.
El presidente del Cohep insiste en que el contrato de Palmerola debe ser sujeto a una revisión detallada, ya que se ha venido dando una serie de acciones que ponen en riesgo la transparencia del proceso de contratación y concesión, generando vicios a la legalidad del proceso (lea la entrevista completa aquí).
