Por Europa Press
El Pleno del Parlamento Europeo ha instado al Gobierno de Nicaragua a poner fin a la 'brutal represión' contra los manifestantes y la oposición política y ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que supondría iniciar el proceso para suspender a Nicaragua de este acuerdo comercial.
La resolución, aprobada por 560 votos a favor, 12 en contra y 43 abstenciones, reclama la liberación de todos los presos políticos, el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares que operan en el país y un diálogo real entre las autoridades y la opositora Alianza Cívica.
Desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega en 2018, han muerto 350 personas, 2.000 heridas y torturadas por la represión y 80.000 han tenido que dejar el país. El Gobierno ha incumplido sus propios compromisos de liberar a los presos políticos y restablecer las libertades.
El texto había sido pactado por los grupos mayoritarios pero provocó la división de la Izquierda Unitaria. La eurodiputada de IU, Sira Rego, votó en contra y las de Podemos que estaban presentes se abstuvieron, igual que el diputado de Bildu y el de En Comú --que pertenece al grupo europeo Los Verdes--.
Durante el debate de la resolución, el miércoles por la tarde, el eurodiputado 'morado' Miguel Urban justificó el sentido del voto afirmando que 'denunciar la violencia y represión ejercida contra el movimiento popular por los Ortega-Murillo no debe significar hacer el juego a las élites económicas'.
Mientras el proponente de la resolución, Javier Nart, les acusaba de anteponer 'fronteras ideológicas' a los derechos humanos, Urban pidió al Parlamento Europeo una resolución que pida 'libertad de los presos políticos, cese de la violencia y reconocimiento del papel de los movimientos sociales en las negociaciones'.
A su modo de ver, muchos eurodiputados critican a Ortega preocupados 'por los intereses económicos de las multinacionales' mientras que Podemos se solidariza 'con las demandas sociales en la construcción de un cambio con vocación constituyente que recupere el espíritu de la revolución sandinista'.
Sin embargo, para el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en Nicaragua hay 'una violación sistemática de los Derechos Humanos y no hay excusa, no es una cuestión de intereses de multinacionales, sino de un régimen que cuyo comportamiento no supera ningún tipo de examen'.
El texto, que condena la falta de voluntad del Gobierno de Nicaragua para relanzar un diálogo real con la oposición. Así, reclama que se garanticen las libertades políticas y civiles para todos los nicaragüenses, que se ponga fin al acoso y los asaltos a los medios de comunicación y que cesen las expulsiones de estudiantes de las universidades por protestar contra las autoridades.
Exige asimismo que se permita la vuelta de las organizaciones internacionales expulsadas del país --entre ellas la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-- y que se establezca un proceso electoral creíble, con un Consejo Supremo Electoral reformado, que permita elecciones inmediatas, libres y transparentes, con presencia de observadores internacionales.
Con todo, en el debate de la resolución, Borrell, advirtió que no tendrá sentido un adelanto electoral si ante no se aprueba una reforma electoral para garantizar la limpieza del proceso. La prioridad, dijo, debe ser la reforma electoral sobre la base de las recomendaciones que hizo la última misión europea.
'Todos deseamos lo mejor para Nicaragua, pero la política no es solo acumular deseos', dijo a los eurodiputados. En cuanto a la posibilidad de imponer sanciones a Ortega y a su esposa de vicepresidenta, Rosario Murillo, o a otros miembros de su familia --como han hecho Estados Unidos y Canadá--, dejó claro que no lo excluye, pero recordó que requiere una decisión unánime de los gobiernos. En todo caso, también recalcó que las sanciones deben ser para crear un 'incentivo al cambio'.
El vicepresidente de la Comisión ha desvelado que el jefe de la delegación europea en Nicaragua ha visitado a familiares de presos políticos y entre ellos al padre de Amaya Coppens, una joven activista belga-nicaragüense, arrestada por segunda vez el pasado noviembre y cuyo caso fue mencionado por el 'popular' Leopoldo López Gil.
El Pleno del Parlamento Europeo ha instado al Gobierno de Nicaragua a poner fin a la 'brutal represión' contra los manifestantes y la oposición política y ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que supondría iniciar el proceso para suspender a Nicaragua de este acuerdo comercial.
La resolución, aprobada por 560 votos a favor, 12 en contra y 43 abstenciones, reclama la liberación de todos los presos políticos, el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares que operan en el país y un diálogo real entre las autoridades y la opositora Alianza Cívica.
Desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega en 2018, han muerto 350 personas, 2.000 heridas y torturadas por la represión y 80.000 han tenido que dejar el país. El Gobierno ha incumplido sus propios compromisos de liberar a los presos políticos y restablecer las libertades.
El texto había sido pactado por los grupos mayoritarios pero provocó la división de la Izquierda Unitaria. La eurodiputada de IU, Sira Rego, votó en contra y las de Podemos que estaban presentes se abstuvieron, igual que el diputado de Bildu y el de En Comú --que pertenece al grupo europeo Los Verdes--.
Durante el debate de la resolución, el miércoles por la tarde, el eurodiputado 'morado' Miguel Urban justificó el sentido del voto afirmando que 'denunciar la violencia y represión ejercida contra el movimiento popular por los Ortega-Murillo no debe significar hacer el juego a las élites económicas'.
Mientras el proponente de la resolución, Javier Nart, les acusaba de anteponer 'fronteras ideológicas' a los derechos humanos, Urban pidió al Parlamento Europeo una resolución que pida 'libertad de los presos políticos, cese de la violencia y reconocimiento del papel de los movimientos sociales en las negociaciones'.
A su modo de ver, muchos eurodiputados critican a Ortega preocupados 'por los intereses económicos de las multinacionales' mientras que Podemos se solidariza 'con las demandas sociales en la construcción de un cambio con vocación constituyente que recupere el espíritu de la revolución sandinista'.
Sin embargo, para el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en Nicaragua hay 'una violación sistemática de los Derechos Humanos y no hay excusa, no es una cuestión de intereses de multinacionales, sino de un régimen que cuyo comportamiento no supera ningún tipo de examen'.
'QUE ORTEGA FUERA UN GUERRILLERO NO CAMBIA NADA'
Borrell incidió en que 'el que Ortega fuera hace mucho tiempo un guerrillero que luchaba por la libertad de su país no cambia en nada la situación actual'. 'La situación es tan mala como en Venezuela, pero no hablamos mucho', remachó.El texto, que condena la falta de voluntad del Gobierno de Nicaragua para relanzar un diálogo real con la oposición. Así, reclama que se garanticen las libertades políticas y civiles para todos los nicaragüenses, que se ponga fin al acoso y los asaltos a los medios de comunicación y que cesen las expulsiones de estudiantes de las universidades por protestar contra las autoridades.
Exige asimismo que se permita la vuelta de las organizaciones internacionales expulsadas del país --entre ellas la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-- y que se establezca un proceso electoral creíble, con un Consejo Supremo Electoral reformado, que permita elecciones inmediatas, libres y transparentes, con presencia de observadores internacionales.
Con todo, en el debate de la resolución, Borrell, advirtió que no tendrá sentido un adelanto electoral si ante no se aprueba una reforma electoral para garantizar la limpieza del proceso. La prioridad, dijo, debe ser la reforma electoral sobre la base de las recomendaciones que hizo la última misión europea.
BORRELL, RETICENTE A LA SUSPENSIóN COMERCIAL
Borrell también ha sido reticente a suspender a Nicaragua del acuerdo comercial por la UE, por considerar que podría dañar a la población, el mismo motivo por el que no se ha suspendido la cooperación. Según dijo, la cooperación se ha examinado para comprobar que no beneficia al régimen, y se están destinando fondos a proteger a defensores de los derechos humanos y a los refugiados nicaragüenses en Costa Rica.'Todos deseamos lo mejor para Nicaragua, pero la política no es solo acumular deseos', dijo a los eurodiputados. En cuanto a la posibilidad de imponer sanciones a Ortega y a su esposa de vicepresidenta, Rosario Murillo, o a otros miembros de su familia --como han hecho Estados Unidos y Canadá--, dejó claro que no lo excluye, pero recordó que requiere una decisión unánime de los gobiernos. En todo caso, también recalcó que las sanciones deben ser para crear un 'incentivo al cambio'.
El vicepresidente de la Comisión ha desvelado que el jefe de la delegación europea en Nicaragua ha visitado a familiares de presos políticos y entre ellos al padre de Amaya Coppens, una joven activista belga-nicaragüense, arrestada por segunda vez el pasado noviembre y cuyo caso fue mencionado por el 'popular' Leopoldo López Gil.
