Por Bloomberg
Los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos están retenidos en México a la espera que sus solicitudes sean evaluadas bajo una política de la administración de Trump.
El martes, sus defensores planean solicitar a la corte federal de apelaciones de San Francisco que determine la ilegalidad de la política. Tal decisión abriría los puestos fronterizos a unas 45.000 personas, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El tribunal de apelaciones permitió que la administración devolviera a los solicitantes de asilo a México mientras considera si la política, que el gobierno comenzó a implementar en enero, es legal. Esto pone en peligro a decenas de miles de personas, dijo la ACLU.
"Las personas que regresan a México son enviadas a áreas con las tasas de homicidios más altas del mundo", dijo la ACLU en un expediente judicial. "Se enfrentan a peligros extremos (homicidios, secuestros, agresiones sexuales, robos y otras formas de violencia) por parte de los carteles, las pandillas de las que huyeron de sus países de origen para escapar, funcionarios gubernamentales corruptos y un sentimiento antimigrante".
La demanda es uno de los muchos frentes en los que los defensores de los derechos de los inmigrantes han estado luchando contra los esfuerzos de la administración para bloquear la entrada al creciente número de migrantes provenientes de países centroamericanos.
El gobierno, además, intenta evitar que las personas soliciten asilo en EE.UU. si no presentaron dicha petición en otro país en su camino hacia EE.UU., por lo que una persona de El Salvador debería haber solicitado el asilo en Guatemala, o México, según EE.UU.
En otro caso que el tribunal de apelaciones tiene previsto atender el martes, EE.UU. busca revocar la decisión de un juez que determinó que era ilegal exigir a los solicitantes de asilo que presenten su solicitud solo en los cruces fronterizos oficiales.
En diciembre, un panel de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno de suspender el fallo del juez mientras se juzgaba el caso. El panel dijo que probablemente el mandato era "arbitrario y caprichoso".
Otro panel de apelaciones que permitió a la administración enviar solicitantes de asilo a México para esperar una decisión mantuvo opiniones divididas respecto al tema en mayo. La mayoría dijo que el Departamento de Seguridad Nacional tendría derecho a devolver a los migrantes que "claramente y sin lugar a dudas no tenían derecho a ser admitidos".
Sin embargo, uno de los jueces no compartió la posición del gobierno.
"Tengo la esperanza de que el panel de argumentos regular que finalmente escuchará la apelación, con el beneficio de una sesión informativa completa y un argumento programado regularmente, podrá ver los argumentos del gobierno tal como son: argumentaciones sin fundamento en apoyo de una política ilegal que, si se mantiene, requerirá que los solicitantes de asilo de buena fe esperen en México durante años mientras se adjudican sus solicitudes", escribió William Fletcher en su disentimiento.
Fletcher, quien fuera designado por el presidente Bill Clinton, será uno de los tres jueces que atenderán el caso el martes.
Los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos están retenidos en México a la espera que sus solicitudes sean evaluadas bajo una política de la administración de Trump.
El martes, sus defensores planean solicitar a la corte federal de apelaciones de San Francisco que determine la ilegalidad de la política. Tal decisión abriría los puestos fronterizos a unas 45.000 personas, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El tribunal de apelaciones permitió que la administración devolviera a los solicitantes de asilo a México mientras considera si la política, que el gobierno comenzó a implementar en enero, es legal. Esto pone en peligro a decenas de miles de personas, dijo la ACLU.
"Las personas que regresan a México son enviadas a áreas con las tasas de homicidios más altas del mundo", dijo la ACLU en un expediente judicial. "Se enfrentan a peligros extremos (homicidios, secuestros, agresiones sexuales, robos y otras formas de violencia) por parte de los carteles, las pandillas de las que huyeron de sus países de origen para escapar, funcionarios gubernamentales corruptos y un sentimiento antimigrante".
La demanda es uno de los muchos frentes en los que los defensores de los derechos de los inmigrantes han estado luchando contra los esfuerzos de la administración para bloquear la entrada al creciente número de migrantes provenientes de países centroamericanos.
El gobierno, además, intenta evitar que las personas soliciten asilo en EE.UU. si no presentaron dicha petición en otro país en su camino hacia EE.UU., por lo que una persona de El Salvador debería haber solicitado el asilo en Guatemala, o México, según EE.UU.
En otro caso que el tribunal de apelaciones tiene previsto atender el martes, EE.UU. busca revocar la decisión de un juez que determinó que era ilegal exigir a los solicitantes de asilo que presenten su solicitud solo en los cruces fronterizos oficiales.
En diciembre, un panel de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno de suspender el fallo del juez mientras se juzgaba el caso. El panel dijo que probablemente el mandato era "arbitrario y caprichoso".
Otro panel de apelaciones que permitió a la administración enviar solicitantes de asilo a México para esperar una decisión mantuvo opiniones divididas respecto al tema en mayo. La mayoría dijo que el Departamento de Seguridad Nacional tendría derecho a devolver a los migrantes que "claramente y sin lugar a dudas no tenían derecho a ser admitidos".
Sin embargo, uno de los jueces no compartió la posición del gobierno.
"Tengo la esperanza de que el panel de argumentos regular que finalmente escuchará la apelación, con el beneficio de una sesión informativa completa y un argumento programado regularmente, podrá ver los argumentos del gobierno tal como son: argumentaciones sin fundamento en apoyo de una política ilegal que, si se mantiene, requerirá que los solicitantes de asilo de buena fe esperen en México durante años mientras se adjudican sus solicitudes", escribió William Fletcher en su disentimiento.
Fletcher, quien fuera designado por el presidente Bill Clinton, será uno de los tres jueces que atenderán el caso el martes.
