Por El Nuevo Diario
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a cuatro funcionarios y al extinto Bancorp de cometer en Nicaragua violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero en el marco de la crisis que comenzó en abril del año pasado.
El reporte, que incluye datos hasta el 17 de junio, ya ha sido entregado al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como lo ordena una Acta aprobada en diciembre del año pasado y que otorgaba al Departamento de Estado de Estados Unidos 180 días para rendir un informe.
El Reporte al Congreso sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua se entregó en cumplimiento a la sección 7 de la Acta Anticorrupción y de Derechos Humanos en Nicaragua y ha sido desclasificado este viernes.
Los funcionarios a los que apunta este primer informe son la vicepresidenta, Rosario Murillo; el encargado de atraer inversiones extranjeras, Laureano Ortega; el asesor en seguridad nacional, Néstor Moncada Lau; y el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; además del Bancorp.
Este informe, dijo el Departamento de Estado, lo presentó el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien trabajó con el Secretario de Estado Asistente para Investigaciones e Inteligencia, y ambos en coordinación con el Secretario del Tesoro, y el Director Nacional de Inteligencia.
'El informe abarca a los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Asamblea Nacional, envueltos en actos de violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero", indica el informe que ha sido desclasificado casi dos meses después de haber sido presentado ante el Congreso y el Senado.
Además, este análisis incluye a quienes transfieren o facilitan bienes o tecnologías que permiten al gobierno de Nicaragua cometer actos de violaciones a los derechos humanos.
Todos los funcionarios mencionados, agrega la información, han cometido violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, lavado de dinero o han permitido al gobierno de Nicaragua "cometer serias violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua".
Por otro lado, los funcionarios citados y el Bancorp ya han sido sancionados con las órdenes ejecutivas 13818 (bloqueo de propiedades por cometer violaciones a los derechos humanos) y 13851 (bloqueo de propiedades a ciertas personas que han contribuido a la situación de Nicaragua), precisa el documento.
Los funcionarios mencionados por el Departamento de Estado son:
Rosario Murillo: Vinculada con violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos de violencia cometidos por la Policía Nacional en contra de los protestantes.
Bancorp: Utilizado por el gobierno de Nicaragua para lavar dinero de Albanisa y por facilitar con bienes, tecnología, materiales y otros bienes a Murillo.
Néstor Moncada Lau: Asesor Nacional de Seguridad del gobierno de Nicaragua, quien es una pieza clave para el gobierno y el FSLN, además de que controla diferentes entidades gubernamentales. Es señalado de cometer lavado de dinero y mediante sus distintos roles de inteligencia ha realizado actividades ilícitas para reprimir cualquier oposición al gobierno.
Laureano Ortega: Encargado de atraer inversión extranjera. Se le vincula con negocios fraudulentos y de coordinar tareas ejecutivas para impulsar el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Pese a que el momento de esa iniciativa ya pasó, Laureano Ortega es señalado de cometer lavado de dinero usando a la Compañía del Gran Canal.
Francisco Díaz: Involucrado en violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales y violencia en contra de los protestantes pacíficos.
"El Departamento de Estado monitoreará cuidadosamente los derechos humanos, de acuerdo con las regulaciones y leyes de Estados Unidos", concluye el reporte sobre Nicaragua, que ha sido desclasificado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a cuatro funcionarios y al extinto Bancorp de cometer en Nicaragua violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero en el marco de la crisis que comenzó en abril del año pasado.
El reporte, que incluye datos hasta el 17 de junio, ya ha sido entregado al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como lo ordena una Acta aprobada en diciembre del año pasado y que otorgaba al Departamento de Estado de Estados Unidos 180 días para rendir un informe.
El Reporte al Congreso sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua se entregó en cumplimiento a la sección 7 de la Acta Anticorrupción y de Derechos Humanos en Nicaragua y ha sido desclasificado este viernes.
Los funcionarios a los que apunta este primer informe son la vicepresidenta, Rosario Murillo; el encargado de atraer inversiones extranjeras, Laureano Ortega; el asesor en seguridad nacional, Néstor Moncada Lau; y el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; además del Bancorp.
Este informe, dijo el Departamento de Estado, lo presentó el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien trabajó con el Secretario de Estado Asistente para Investigaciones e Inteligencia, y ambos en coordinación con el Secretario del Tesoro, y el Director Nacional de Inteligencia.
'El informe abarca a los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Asamblea Nacional, envueltos en actos de violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero", indica el informe que ha sido desclasificado casi dos meses después de haber sido presentado ante el Congreso y el Senado.
Además, este análisis incluye a quienes transfieren o facilitan bienes o tecnologías que permiten al gobierno de Nicaragua cometer actos de violaciones a los derechos humanos.
Todos los funcionarios mencionados, agrega la información, han cometido violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, lavado de dinero o han permitido al gobierno de Nicaragua "cometer serias violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua".
Por otro lado, los funcionarios citados y el Bancorp ya han sido sancionados con las órdenes ejecutivas 13818 (bloqueo de propiedades por cometer violaciones a los derechos humanos) y 13851 (bloqueo de propiedades a ciertas personas que han contribuido a la situación de Nicaragua), precisa el documento.
Los funcionarios mencionados por el Departamento de Estado son:
Rosario Murillo: Vinculada con violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos de violencia cometidos por la Policía Nacional en contra de los protestantes.
Bancorp: Utilizado por el gobierno de Nicaragua para lavar dinero de Albanisa y por facilitar con bienes, tecnología, materiales y otros bienes a Murillo.
Néstor Moncada Lau: Asesor Nacional de Seguridad del gobierno de Nicaragua, quien es una pieza clave para el gobierno y el FSLN, además de que controla diferentes entidades gubernamentales. Es señalado de cometer lavado de dinero y mediante sus distintos roles de inteligencia ha realizado actividades ilícitas para reprimir cualquier oposición al gobierno.
Laureano Ortega: Encargado de atraer inversión extranjera. Se le vincula con negocios fraudulentos y de coordinar tareas ejecutivas para impulsar el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Pese a que el momento de esa iniciativa ya pasó, Laureano Ortega es señalado de cometer lavado de dinero usando a la Compañía del Gran Canal.
Francisco Díaz: Involucrado en violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales y violencia en contra de los protestantes pacíficos.
"El Departamento de Estado monitoreará cuidadosamente los derechos humanos, de acuerdo con las regulaciones y leyes de Estados Unidos", concluye el reporte sobre Nicaragua, que ha sido desclasificado.
