Por estrategiaynegocios.net
La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) de El Salvador alcanzó en 2018 un 70.7% del PIB. 'Este umbral supera lo recomendable para países de similar desarrollo', destaca en su informe de coyuntura económoca la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
A marzo de 2019 la deuda del SPNF ascendió a US$19.286,8 millones, un panorama que sirve de escenario para el recién estrenado gobierno de Nayib Bukele, quien ve disminuido su margen de acción por los compromisos que ya tienen las arcas del Estado.
El panorama es sombrió ya que recomendaciones del Fondo Monetario Internacional recomiendan revisar las cargas impositivas y entre ellas destaca un alza al IVA, medida impopular que podría ser un recurso para el nuevo gobierno que también se ve obligado a buscar acuerdos políticos para nuevos préstamos o reformas tributarias.
Las débiles finanzas públicas, el limitado acceso al financiamiento externo y la poca representación en la Asamblea Legislativa son las restricciones que enfrentará la administración Bukele, advirte en un informe la calificadora de riesgos Moody’s Investors Service.
La agencia publicó este 31 de mayo un informe sobre el perfil crediticio de El Salvador. Desde el 23 de febrero del año pasado, Moody’s ha mantenido una calificación de "B3" con perspectiva estable para la deuda salvadoreña.
Moody’s señaló en su informe que esta calificación podría bajar si surgen confrontaciones políticas que restrinjan el acceso del Gobierno a crédito de largo plazo, comprometiendo a su vez el refinanciamiento de deudas próximas a vencer.
La calificación también bajaría si hay señales de un deterioro en las tendencias fiscales y si el ratio de la deuda continúa en aumento, indicó la agencia.
Según las previsiones de Moody’s, la deuda pública se mantendrá alta en los próximos años, aunque gozará de una relativa estabilidad gracias a las medidas de consolidación que se han adoptado.
La deuda cayó al 70.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, frente al 70.7% de 2017, y el déficit fiscal promedió 3.2 % del PIB entre 2014 y 2018, frente al 4.9 % registrado en los cinco años anteriores.
No obstante, el pago de intereses de la deuda se ha elevado y por ello aumentó el déficit en 2018, indicó Moody’s.
Para Moody’s, el riesgo político del país se mantiene alto debido a su historial reciente de polarización política que comprometió los pagos de la deuda.
Aunque reconoce que estas tensiones se mesuraron con la aprobación de la reforma de pensiones y del presupuesto de 2019, "el riesgo político se mantendrá elevado hasta que se consoliden aún más los acuerdos legislativos, así como el historial de mejores relaciones políticas entre los principales interesados", señaló Moody’s.
La victoria electoral de Bukele le otorga un fuerte apoyo popular para ejecutar sus promesas de campaña, continuó la calificadora, pero para ello enfrenta tres restricciones.
Por un lado, no tiene suficiente representación en la Asamblea Legislativa. GANA, el partido que le acompañó en la contienda electoral, solo cuenta con el 13 % de los votos en el congreso salvadoreño.
En ese sentido, mantener una buena relación con los partidos políticos será clave en su mandato, indicó Moody’s.
"La capacidad de Bukele de gobernar dependerá de su habilidad para formar lazos con otros partidos y negociar con la oposición, en particular con Arena, quien posee 37 curules en la Asamblea", añadió la calificadora.
Incluso si el presidente Bukele forma alianzas con otros partidos pequeños, GANA solo tendría hasta 24 votos, frente a los 43 que se requieren para una mayoría simple y los 56 necesarios para la mayoría calificada, esta última necesaria para aprobar deuda pública y reformar la Constitución de la República, por ejemplo, indicó la agencia.
A corto plazo el país enfrenta compromisos importantes. Entre ellos destaca, el vencimiento de títulos valores en diciembre de 2019 por US$800 millones. Por otro lado, otro eurobono por US$286.5 millones, presenta la opción a los inversionistas de redimirlo anticipadamente en septiembre de 2019.
Asimismo, el Déficit de Cuenta Corriente (DCC) fue 4,8% del PIB en 2018 (1,9% en 2017), explicado por un mayor gasto de consumo e inversión del sector privado, elevando su déficit a 2,1%.
El DCC reflejó un mayor dinamismo de las importaciones, impulsadas por el petróleo US$375 millones (23,2%); mayores pagos de interés (6,1%), los cuales no lograron ser compensados por el mayor flujo de remesas (8.1%).
La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) de El Salvador alcanzó en 2018 un 70.7% del PIB. 'Este umbral supera lo recomendable para países de similar desarrollo', destaca en su informe de coyuntura económoca la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
A marzo de 2019 la deuda del SPNF ascendió a US$19.286,8 millones, un panorama que sirve de escenario para el recién estrenado gobierno de Nayib Bukele, quien ve disminuido su margen de acción por los compromisos que ya tienen las arcas del Estado.
El panorama es sombrió ya que recomendaciones del Fondo Monetario Internacional recomiendan revisar las cargas impositivas y entre ellas destaca un alza al IVA, medida impopular que podría ser un recurso para el nuevo gobierno que también se ve obligado a buscar acuerdos políticos para nuevos préstamos o reformas tributarias.
Las débiles finanzas públicas, el limitado acceso al financiamiento externo y la poca representación en la Asamblea Legislativa son las restricciones que enfrentará la administración Bukele, advirte en un informe la calificadora de riesgos Moody’s Investors Service.
La agencia publicó este 31 de mayo un informe sobre el perfil crediticio de El Salvador. Desde el 23 de febrero del año pasado, Moody’s ha mantenido una calificación de "B3" con perspectiva estable para la deuda salvadoreña.
Moody’s señaló en su informe que esta calificación podría bajar si surgen confrontaciones políticas que restrinjan el acceso del Gobierno a crédito de largo plazo, comprometiendo a su vez el refinanciamiento de deudas próximas a vencer.
La calificación también bajaría si hay señales de un deterioro en las tendencias fiscales y si el ratio de la deuda continúa en aumento, indicó la agencia.
Según las previsiones de Moody’s, la deuda pública se mantendrá alta en los próximos años, aunque gozará de una relativa estabilidad gracias a las medidas de consolidación que se han adoptado.
La deuda cayó al 70.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, frente al 70.7% de 2017, y el déficit fiscal promedió 3.2 % del PIB entre 2014 y 2018, frente al 4.9 % registrado en los cinco años anteriores.
No obstante, el pago de intereses de la deuda se ha elevado y por ello aumentó el déficit en 2018, indicó Moody’s.
Para Moody’s, el riesgo político del país se mantiene alto debido a su historial reciente de polarización política que comprometió los pagos de la deuda.
Aunque reconoce que estas tensiones se mesuraron con la aprobación de la reforma de pensiones y del presupuesto de 2019, "el riesgo político se mantendrá elevado hasta que se consoliden aún más los acuerdos legislativos, así como el historial de mejores relaciones políticas entre los principales interesados", señaló Moody’s.
La victoria electoral de Bukele le otorga un fuerte apoyo popular para ejecutar sus promesas de campaña, continuó la calificadora, pero para ello enfrenta tres restricciones.
Por un lado, no tiene suficiente representación en la Asamblea Legislativa. GANA, el partido que le acompañó en la contienda electoral, solo cuenta con el 13 % de los votos en el congreso salvadoreño.
En ese sentido, mantener una buena relación con los partidos políticos será clave en su mandato, indicó Moody’s.
"La capacidad de Bukele de gobernar dependerá de su habilidad para formar lazos con otros partidos y negociar con la oposición, en particular con Arena, quien posee 37 curules en la Asamblea", añadió la calificadora.
Incluso si el presidente Bukele forma alianzas con otros partidos pequeños, GANA solo tendría hasta 24 votos, frente a los 43 que se requieren para una mayoría simple y los 56 necesarios para la mayoría calificada, esta última necesaria para aprobar deuda pública y reformar la Constitución de la República, por ejemplo, indicó la agencia.
A corto plazo el país enfrenta compromisos importantes. Entre ellos destaca, el vencimiento de títulos valores en diciembre de 2019 por US$800 millones. Por otro lado, otro eurobono por US$286.5 millones, presenta la opción a los inversionistas de redimirlo anticipadamente en septiembre de 2019.
Asimismo, el Déficit de Cuenta Corriente (DCC) fue 4,8% del PIB en 2018 (1,9% en 2017), explicado por un mayor gasto de consumo e inversión del sector privado, elevando su déficit a 2,1%.
El DCC reflejó un mayor dinamismo de las importaciones, impulsadas por el petróleo US$375 millones (23,2%); mayores pagos de interés (6,1%), los cuales no lograron ser compensados por el mayor flujo de remesas (8.1%).
Con información de Diario El Mundo.
