Por AFP
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la crisis de Nicaragua justifica la aplicación de la Carta Interamericana, que se usa cuando hay una ruptura del orden democrático y es el primer paso de un proceso que puede desembocar en la suspensión del país.
'La crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del Artículo 20 de la Carta Interamericana, está hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar acuerdos', dijo este viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en una sesión extraordinaria.
Para aplicar el Artículo 20 es necesario el voto afirmativo de dos tercios de los integrantes del organismo, una mayoría difícil de conseguir.
'El gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho', dijo Almagro, citando la criminalización de las protestas, la falta de libertad de expresión y múltiples casos de abusos, represión y denuncias de tortura.
La ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
'Esta reunión de Consejo Permanente, que se realiza a pedido del secretario general, es ilegal, ilícita e inexistente pues viola la misma institucionalidad de la OEA, la carta de la ONU y transgrede el derecho internacional', dijo Denis Moncada, el canciller de Nicaragua que ejerció como embajador ante el organismo.
Durante la sesión, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paolo Abrao, pidió a los países de la región que consideren la 'grave situación que ocurre en Nicaragua'.
En diciembre un informe realizado por expertos enviados por la CIDH a Nicaragua denunció 'crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución'.
El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, afirmó que el consejo tiene la obligación de actuar.
'El informe de diciembre de la CIDH documenta abusos sistemáticos que claramente fueron ordenados por el régimen', aseguró.
José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, explicó a la AFP, que este es el inicio de proceso que puede durar meses. 'Se le ha notificado a Nicaragua que se inicia un proceso, que está estructurado, según la Carta Democrática', señaló.
Para Vivanco existe una percepción de la mayoría de los Estados de la OEA que se están violando principios básicos de esta carta. 'No a cualquier le inician un proceso de esa naturaleza', indicó.
El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.
En cambio, para Venezuela, la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido la mayoría para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril de 2019.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la crisis de Nicaragua justifica la aplicación de la Carta Interamericana, que se usa cuando hay una ruptura del orden democrático y es el primer paso de un proceso que puede desembocar en la suspensión del país.
'La crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del Artículo 20 de la Carta Interamericana, está hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar acuerdos', dijo este viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en una sesión extraordinaria.
Para aplicar el Artículo 20 es necesario el voto afirmativo de dos tercios de los integrantes del organismo, una mayoría difícil de conseguir.
'El gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho', dijo Almagro, citando la criminalización de las protestas, la falta de libertad de expresión y múltiples casos de abusos, represión y denuncias de tortura.
La ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
'Esta reunión de Consejo Permanente, que se realiza a pedido del secretario general, es ilegal, ilícita e inexistente pues viola la misma institucionalidad de la OEA, la carta de la ONU y transgrede el derecho internacional', dijo Denis Moncada, el canciller de Nicaragua que ejerció como embajador ante el organismo.
Durante la sesión, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paolo Abrao, pidió a los países de la región que consideren la 'grave situación que ocurre en Nicaragua'.
En diciembre un informe realizado por expertos enviados por la CIDH a Nicaragua denunció 'crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución'.
El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, afirmó que el consejo tiene la obligación de actuar.
'El informe de diciembre de la CIDH documenta abusos sistemáticos que claramente fueron ordenados por el régimen', aseguró.
Un primer paso
'Este fue el primer paso para aplicar la carta, yo creo que hay mucho apoyo', dijo a la prensa Trujillo.José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, explicó a la AFP, que este es el inicio de proceso que puede durar meses. 'Se le ha notificado a Nicaragua que se inicia un proceso, que está estructurado, según la Carta Democrática', señaló.
Para Vivanco existe una percepción de la mayoría de los Estados de la OEA que se están violando principios básicos de esta carta. 'No a cualquier le inician un proceso de esa naturaleza', indicó.
El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.
En cambio, para Venezuela, la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido la mayoría para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril de 2019.
