La calificadora de riesgo Moody's emitió este miércoles un comunicado en el que establece que la medida que tomó el gobierno de Guatemala sobre el trbajo de la CICIG es negativa para el crédito y que "la expulsión de la Cicig debilita los esfuerzos para mejorar el Estado de Derecho en un país con niveles muy altos de corrupción".
Gabriel Torres, analista de la firma Moody’s, dijo a Prensa Libre que "en este caso estamos diciendo que esto es algo negativo desde el punto de vista crediticio, pero no estamos cambiando la calificación por ahora" y tampoco la perspectiva. La calificación actual de Guatemala, según la calificadora, es Ba1, con perspectiva Estable.
Añade que "todos los días suceden cosas en los diferentes países, algunas son un poco más grandes que otras. Nosotros comentamos algo y decimos, esto es positivo o negativo desde la perspectiva crediticia y cada cierto tiempo va más allá de eso, actuamos y cambiamos la calificación o la perspectiva".
El economista y exgerente de la banca central, Edwin Matul, dijo que las agencias de riesgo país tienen dos metas: la primera es medir las perspectivas y la otra el cambio de nota. En este caso, la posición solo es una advertencia a futuro.
"Es muy seguro que ellos (Moody’s") en sus análisis ya identificaron que se está generando un problema y están advirtiendo las consecuencias, las cuales aún no se han materializando", aseguró.
Matul consideró que otra situación que está midiendo la agencia es la percepción y si las situaciones se complican podría derivar de un cambio de perspectiva negativa y probablemente el cambio de la nota de riesgo país.
¿Qué implica un factor de crédito negativo?
Matul dijo que, si en algún momento se cambia la nota para el país, esto tendría efectos negativos para la economía.
Citó por ejemplo los potenciales inversionistas considerarán colocar sus capitales, derivado del riesgo y si los colocan, aumentará el costo del financiamiento.
Moody’s: "La corrupción continúa"
El comunicado recuerda además que "la Cicig fue creada en 2006 como respuesta a una solicitud del gobierno de Guatemala para combatir las altas tasas de impunidad de los delitos, pero en los últimos tres años, la Cicig ha estado investigando a funcionarios gubernamentales de alto nivel y otros cercanos al presidente Jimmy Morales".
El texto indica que la firma conjunta de la creación de Cicig daba origen a una "entidad independiente que apoya a las instituciones estatales guatemaltecas en su lucha contra el crimen y la corrupción".
Complementa la comunicación de la agencia calificadora que "la Cicig ha tenido éxito en romper las redes criminales y presionar por casos de corrupción de alto perfil, incluida la investigación sobre corrupción de 2015 en el entonces presidente Otto Pérez Molina, lo que llevó a su renuncia al cargo el mismo año".
Moody’s alerta de que "Morales, quien sucedió al Pérez Molina, ha tenido una relación tensa con la Cicig desde que asumió el cargo en enero de 2016. A pesar de hacer campaña en una plataforma anticorrupción, Morales y su familia enfrentaron acusaciones de corrupción poco después de convertirse en presidente y varios miembros del Congreso están actualmente bajo investigación por cargos de corrupción".
Los analistas de Moody's hacen referencia a un "rápido deterioro" de las relaciones con la Cicig, y hace un recuento de los hechos desde la prohibición de ingreso al país, la petición de un reemplazo para el comisionado Velásquez, y la negativa a retirar la inmunidad al presidente Morales.
El comunicado concluye que, "aunque la Cicig ha logrado un progreso significativo en el descubrimiento de redes criminales arraigadas dentro del Estado, la corrupción continúa en el país y las instituciones son frágiles".
El último índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2017) se clasifica a Guatemala en la posición 143 entre 180 países, y "los Indicadores de Gobernanza Mundial para Guatemala se encuentran entre los más bajos" indica el texto.
