Por Univision
Estados Unidos redobló la presión contra el gobierno de Daniel Ortega: El Congreso aprobó la ley Nicaraguan Investment and Conditionality Act, conocida como NicaAct, que impone duras sanciones económicas y políticas a la administración sandinista. Con esta nueva medida, Washington achica más el cerco a una administración que considera violadora de "derechos humanos y corrupta" y que tampoco ha mostrado disposición "creíble" para solucionar la violenta crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el mes de abril.
La Nica Act no solo penaliza a funcionarios del gobierno sandinista que hayan cometido violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, sino que condiciona los préstamos ante organismos multilaterales para Nicaragua, algo que supone un golpe al plan de inversión pública de este país.
La aprobación de la Nica Act sucede quince días después de que el presidente Donald Trump firmara una Orden Ejecutiva ordenando sanciones individuales en contra de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y un colaborador cercano de la administración sandinista. Con la aprobación de esta ley por ambas cámaras legislativas, Trump vuelve a tener en sus manos otro paquete de sanciones (esta vez más amplias) para castigar a los Ortega-Murillo, cuyo gobierno ha sido condenado a nivel internacional por la represión cometida contra civiles desarmados.
Desde su aprobación este martes, Trump tiene diez días hábiles para firmar o vetar la NicaAct. Fuentes en Washington aseguraron a Univision Noticias que la Casa Blanca no tendrá objeciones con esta ley debido a la nueva política para Latinoamérica anunciada por el asesor de seguridad John Bolton, que cataloga a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela como la "troika de la tiranía de Latinoamérica".
La Nica Act amplía la definición de los "cómplices" del gobierno de Ortega a quienes hayan estado involucrados en juicios irregulares contra ciudadanos acusados por terrorismo por protestar pacíficamente, por ejemplo. Roberto Cajina, experto en seguridad, opinó que también esta ley es una advertencia para el Ejército de Nicaragua, quien ha mantenido una postura ambigua ante la crisis. La institución castrense posee múltiples negocios, al punto que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
Desde su concepción, previo a la crisis de abril, la Nica Act era temida en Managua. Los empresarios que, antes de la represión trabajaban de la mano con Ortega, pagaron miles de dólares en lobby para evitar la aprobación de la normativa. Sin embargo, la "masacre" ocurrida en Nicaragua denunciada por la Organización de Naciones Unidas, le dio el impulso definitivo a la Nica Act en el Capitolio.
La NicaAct aprobada en realidad es una fusión de enmiendas del Senador republicano Ted Cruz, otra del demócrata Bob Menendez y una final aportada por Marco Rubio, dirigida contra los cómplices y allegados del gobierno sandinista. Al ser un combo legislativo, la iniciativa de ley también es llamada "Magnitsky Nica", aunque de forma oficial se llama "Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233".
"Agradezco a mis colegas de la Cámara de Representantes y el Senado por aprobar la Ley NICA que ayudará a los nicaragüenses a liberarse del control despótico de Ortega", expresó Ros-Lehtinen. "El Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos".
Los condicionamientos de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales -tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- es uno de los puntos de la Nica Act que más alarma, ya que el programa de inversiones públicas de Nicaragua depende en demasía de estas organizaciones multilaterales.
"El Secretario del Tesoro instruye al director ejecutivo de los Estados Unidos en cada institución financiera internacional del Grupo del Banco Mundial para que emplee la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión por parte de la Corporación Financiera Internacional de cualquier préstamo o préstamo financiero o asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua o a cualquier entidad para un proyecto en Nicaragua", establece la Nica Act.
Expertos han previsto que el daño de la Nica Act a la economía nicaragüense sería "severo", y en medio de la actual crisis resultaría "mortal" ante una economía trastocada por la inestabilidad sociopolítica. "Sería una paralización casi total de la inversión pública que afectaría la construcción de caminos, carreteras, puentes, escuelas, centros de salud, hospitales, equipamiento a instituciones públicas, y una de las instituciones Estatales más afectadas sería el Ministerio de Hacienda", explicó el economista Néstor Avendaño. Muchos opinan que la asfixia económica termine "doblando el brazo" a los Ortega-Murillo, un gobierno que no posee los mismos recursos que Venezuela para lograr una supervivencia tan larga en medio de una crisis acentuada.
"En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos", dijo Ros-Lehtinen.
El texto de la ley refleja el espíritu de su promotora. Sostiene que la mejor salida para la crisis sociopolítica nicaragüense es el diálogo entre los sectores opositores y el gobierno, mediado siempre por los obispos de la iglesia católica. Sin embargo, la NicaAct justifica su aprobación bajo el argumento de que la administración sandinista "no ha podido participar de manera creíble en el proceso" de diálogo y negociaciones con el movimiento estudiantil, el sector privado y la sociedad civil.
De hecho, en la actualidad, el gobierno sandinista mantiene una intensa campaña de persecución contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos, y organismos de la sociedad civil. Horas antes de conocerse la aprobación de la NicaAct por el Congreso, el Parlamento sandinista suspendió la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), uno de los principales "Think tank" de Nicaragua, al cual señalan de promover "el terrorismo y el golpe de Estado".
La enmienda agregada a la NicaAct por el senador Marco Rubio es una de las más fuertes. Establece que el presidente de Estados Unidos puede sancionar a cualquier funcionario o exfuncionario del gobierno Ortega-Murillo si logra determinar que es "responsable o cómplice o ser responsable de ordenar, controlar o, de lo contrario, organizar, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente" en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, debilitamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.
Las sanciones incluyen congelamiento de bienes y cancelación de visas, algo que Washington ya ha venido aplicando con funcionarios sandinista de forma selectiva a través de otros mecanismos legales.
Estados Unidos redobló la presión contra el gobierno de Daniel Ortega: El Congreso aprobó la ley Nicaraguan Investment and Conditionality Act, conocida como NicaAct, que impone duras sanciones económicas y políticas a la administración sandinista. Con esta nueva medida, Washington achica más el cerco a una administración que considera violadora de "derechos humanos y corrupta" y que tampoco ha mostrado disposición "creíble" para solucionar la violenta crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el mes de abril.
La Nica Act no solo penaliza a funcionarios del gobierno sandinista que hayan cometido violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, sino que condiciona los préstamos ante organismos multilaterales para Nicaragua, algo que supone un golpe al plan de inversión pública de este país.
La aprobación de la Nica Act sucede quince días después de que el presidente Donald Trump firmara una Orden Ejecutiva ordenando sanciones individuales en contra de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y un colaborador cercano de la administración sandinista. Con la aprobación de esta ley por ambas cámaras legislativas, Trump vuelve a tener en sus manos otro paquete de sanciones (esta vez más amplias) para castigar a los Ortega-Murillo, cuyo gobierno ha sido condenado a nivel internacional por la represión cometida contra civiles desarmados.
Desde su aprobación este martes, Trump tiene diez días hábiles para firmar o vetar la NicaAct. Fuentes en Washington aseguraron a Univision Noticias que la Casa Blanca no tendrá objeciones con esta ley debido a la nueva política para Latinoamérica anunciada por el asesor de seguridad John Bolton, que cataloga a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela como la "troika de la tiranía de Latinoamérica".
La Nica Act amplía la definición de los "cómplices" del gobierno de Ortega a quienes hayan estado involucrados en juicios irregulares contra ciudadanos acusados por terrorismo por protestar pacíficamente, por ejemplo. Roberto Cajina, experto en seguridad, opinó que también esta ley es una advertencia para el Ejército de Nicaragua, quien ha mantenido una postura ambigua ante la crisis. La institución castrense posee múltiples negocios, al punto que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
¿Cómo le afectará al gobierno de Ortega?
La Nica Act es promovida desde el 2016 por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. La ley aceleró su curso definitivamente en la tubería del capitolio durante 2018 debido a la crisis sociopolítica nicaragüense, que deja más de 321 muertos, miles de heridos, 565 presos políticos y un éxodo de 50,000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica.Desde su concepción, previo a la crisis de abril, la Nica Act era temida en Managua. Los empresarios que, antes de la represión trabajaban de la mano con Ortega, pagaron miles de dólares en lobby para evitar la aprobación de la normativa. Sin embargo, la "masacre" ocurrida en Nicaragua denunciada por la Organización de Naciones Unidas, le dio el impulso definitivo a la Nica Act en el Capitolio.
La NicaAct aprobada en realidad es una fusión de enmiendas del Senador republicano Ted Cruz, otra del demócrata Bob Menendez y una final aportada por Marco Rubio, dirigida contra los cómplices y allegados del gobierno sandinista. Al ser un combo legislativo, la iniciativa de ley también es llamada "Magnitsky Nica", aunque de forma oficial se llama "Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233".
"Agradezco a mis colegas de la Cámara de Representantes y el Senado por aprobar la Ley NICA que ayudará a los nicaragüenses a liberarse del control despótico de Ortega", expresó Ros-Lehtinen. "El Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos".
Los condicionamientos de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales -tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- es uno de los puntos de la Nica Act que más alarma, ya que el programa de inversiones públicas de Nicaragua depende en demasía de estas organizaciones multilaterales.
"El Secretario del Tesoro instruye al director ejecutivo de los Estados Unidos en cada institución financiera internacional del Grupo del Banco Mundial para que emplee la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión por parte de la Corporación Financiera Internacional de cualquier préstamo o préstamo financiero o asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua o a cualquier entidad para un proyecto en Nicaragua", establece la Nica Act.
Expertos han previsto que el daño de la Nica Act a la economía nicaragüense sería "severo", y en medio de la actual crisis resultaría "mortal" ante una economía trastocada por la inestabilidad sociopolítica. "Sería una paralización casi total de la inversión pública que afectaría la construcción de caminos, carreteras, puentes, escuelas, centros de salud, hospitales, equipamiento a instituciones públicas, y una de las instituciones Estatales más afectadas sería el Ministerio de Hacienda", explicó el economista Néstor Avendaño. Muchos opinan que la asfixia económica termine "doblando el brazo" a los Ortega-Murillo, un gobierno que no posee los mismos recursos que Venezuela para lograr una supervivencia tan larga en medio de una crisis acentuada.
Presión para el gobierno de Ortega
El excanciller Norman Caldera opinó que la Nica Act pretende ejercer presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión policial y paramilitar, negocie reformas políticas y anticipe elecciones para superar la crisis, tal como ha venido insistiendo Washington. Es decir, que es flexible en el sentido que Managua se encamine a cumplir los requisitos planteados por la misma ley. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno sandinista se mantiene inamovible en su postura. Se declara víctima de un golpe de Estado, ha cerrado las puertas al diálogo político y a la demanda de justicia por los crímenes. En cambio, ha instalado un "estado policíaco", de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)."En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos", dijo Ros-Lehtinen.
El texto de la ley refleja el espíritu de su promotora. Sostiene que la mejor salida para la crisis sociopolítica nicaragüense es el diálogo entre los sectores opositores y el gobierno, mediado siempre por los obispos de la iglesia católica. Sin embargo, la NicaAct justifica su aprobación bajo el argumento de que la administración sandinista "no ha podido participar de manera creíble en el proceso" de diálogo y negociaciones con el movimiento estudiantil, el sector privado y la sociedad civil.
De hecho, en la actualidad, el gobierno sandinista mantiene una intensa campaña de persecución contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos, y organismos de la sociedad civil. Horas antes de conocerse la aprobación de la NicaAct por el Congreso, el Parlamento sandinista suspendió la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), uno de los principales "Think tank" de Nicaragua, al cual señalan de promover "el terrorismo y el golpe de Estado".
Ortega no responde ante sanciones
El presidente Ortega ha guardado silencio ante las sanciones impuestas contra su esposa, la vicepresidenta Murillo, y la reciente aprobación de la Nica Act. Un par de horas después de la decisión del Congreso norteamericano, el mandatario sandinista compareció en un acto público transmitido a través de los canales oficiales. Aunque vociferó contra el "imperialismo yanki", no mencionó nada sobre las penalizaciones.La enmienda agregada a la NicaAct por el senador Marco Rubio es una de las más fuertes. Establece que el presidente de Estados Unidos puede sancionar a cualquier funcionario o exfuncionario del gobierno Ortega-Murillo si logra determinar que es "responsable o cómplice o ser responsable de ordenar, controlar o, de lo contrario, organizar, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente" en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, debilitamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.
Las sanciones incluyen congelamiento de bienes y cancelación de visas, algo que Washington ya ha venido aplicando con funcionarios sandinista de forma selectiva a través de otros mecanismos legales.
